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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su primera recomendación por ejecución arbitraria ocurrida durante la actual administración federal, la cual documenta el asesinato de Leidy y Alexa, dos niñas de 11 y 7 años respectivamente que murieron a manos del ejército en Badiraguato, Sinaloa el pasado 6 de mayo.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la organización que acompaña el caso, informó que esta recomendación expone los riesgos de la militarización de la seguridad pública y la persistente falta de garantías de no repetición.
Hasta ahora, la recomendación —identificada como 201VG/2025— no ha sido publicada en el portal oficial de la CNDH ni ha sido acompañada de un comunicado institucional; sin embargo, sí fue notificada a la familia de ambas niñas y a sus representantes legales, de acuerdo con el Centro Prodh.
¿Qué fue lo que pasó con el caso de Leidy y Alexa?
El pasado 6 de mayo, Leidy y Alexa viajaban en una camioneta junto a sus familiares —Saúl Rojas, de 45 años; Anabel, de 40; así como una prima y un primo de 12 y 14 años— a bordo de una camioneta GMC por el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando el vehículo fue interceptado por elementos del Ejército y atacados con armas de fuego sin justificación alguna.
En un inicio, se informó que se había tratado de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades. En su momento, la institución castrense aseguró que los hechos ocurrieron durante un enfrentamiento con civiles armados en una carretera que conduce a Parral, Chihuahua, a la altura de La Ciénaga.
Diversos medios de comunicación difundieron entonces que las niñas habrían muerto en medio de un fuego cruzado; sin embargo, con el paso de los días, esa versión fue desmentida por los familiares y por organismos de derechos humanos.
De acuerdo con el Centro Prodh, el caso de Leidy y Alexa no es un hecho aislado. En Sinaloa, al menos 39 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados arbitrariamente desde que se agudizó la disputa entre los grupos criminales conocidos como Los Chapitos y La Mayiza.
Foto: Cuartoscuro
¿Qué avances hay en el caso?
A seis meses del asesinato de las niñas Leidy y Alexa, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que los seis elementos militares involucrados se encuentran recluidos en la prisión de Mazatlán, Sinaloa.
A pregunta expresa durante la conferencia de prensa presidencial del pasado 11 de noviembre, el titular de la Sedena señaló que, tras los hechos, se abrieron de inmediato carpetas de investigación tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la Fiscalía General de Justicia Militar.
“En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión; se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos involucrados. Y la Fiscalía General de la República lleva el seguimiento por el tema del homicidio en el que se vieron afectadas las dos niñas. Esa es la situación”, explicó.
¿Por qué es importante esta recomendación?
Para el Centro Prodh, la recomendación de la CNDH es relevante porque reconoce —de manera explícita— que Leidy y Alexa fueron privadas de la vida como consecuencia del uso indebido de la fuerza por parte de elementos del Ejército. También acredita la vulneración de sus derechos como niñas, así como la violación al derecho a la integridad personal de las personas sobrevivientes y al derecho a la vida familiar.
El documento incluye además un antecedente clave: la familia ya había sido víctima de abusos militares en 2008, cuando uno de sus integrantes fue asesinado arbitrariamente por elementos castrenses. Ese caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que refuerza la gravedad y la dimensión estructural de lo ocurrido.
Sin embargo, desde una mirada más amplia, El Centro Prodh considera que la recomendación de la CNDH es insuficiente, pues no analiza el caso en el contexto de una política de seguridad militarizada sin controles efectivos ni aborda la falta de garantías de no repetición. Además, omite cuestionar que las investigaciones iniciales se lleven a cabo en el fuero militar y no examina el rezago en el acceso a la justicia ni la falta de avances por parte de la FGR. Finalmente, señala que la CNDH no investigó a fondo el posible encubrimiento de los hechos mediante la narrativa de “fuego cruzado” ni incorporó una perspectiva centrada en las víctimas y sus demandas de verdad y reparación integral.
Militarización y niñez: una línea que no debería cruzarse
Que la primera recomendación por ejecución arbitraria de este sexenio tenga como víctimas a dos niñas no es un dato menor: es una señal contundente del modelo de seguridad que se ha consolidado en el país.
Para el Centro Prodh, el caso de Leidy y Alexa evidencia la normalización de la violencia estatal y la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas cuando los responsables portan uniforme militar. La presencia castrense en tareas de seguridad pública, sin controles efectivos, amplía los riesgos para la población civil, especialmente para niñas, niños y adolescentes.
“El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos de una política de despliegue militar sin contrapesos institucionales”, señala el Centro Prodh.
El informe La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado, elaborado por la Iniciativa Spotlight y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe, señala que esta violencia se encuentra profundamente arraigada en dinámicas de poder, género y desigualdad estructural.
Estas condiciones permiten comprender por qué mujeres y niñas se convierten en víctimas directas del crimen organizado, a través de prácticas como la violencia sexual, la trata de personas y los feminicidios, utilizadas como mecanismos de control, castigo e intimidación en los territorios donde operan estos grupos.
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Más quejas, menos respuestas
La recomendación llega en un contexto incómodo para la propia CNDH. Mientras el organismo sostiene que el número de quejas no ha variado “de forma notable” en la última década, los datos cuentan otra historia.
De acuerdo con el informe CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019–2024, las quejas contra las dependencias públicas aumentaron casi 75% durante la presente administración: pasaron de 11 mil 387 en 2020 a 19 mil 916 en 2023. Son 8 mil 529 quejas más en solo tres años.
Las principales problemáticas siguen siendo estructurales: salud, seguridad social, sistema penitenciario y migración. Pero cuando se mira con lupa el papel de las fuerzas de seguridad, la desproporción se vuelve evidente. Entre 2020 y 2023, la Guardia Nacional acumuló mil 816 quejas, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional sumó mil 664.
Sin embargo, esa acumulación de denuncias no se traduce proporcionalmente en recomendaciones. Aunque la CNDH emitió mil 160 recomendaciones entre 2020 y octubre de 2024 —132 de ellas por violaciones graves—, los señalamientos contra fuerzas armadas no avanzan al mismo ritmo que las quejas.
Incluso así, las recomendaciones existentes desmontan el discurso oficial. La CNDH ha acreditado, en al menos 18 recomendaciones contra la Guardia Nacional, violaciones graves como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Algunas corresponden a hechos de sexenios anteriores, otras no. Todas contradicen la narrativa presidencial de que las Fuerzas Armadas no violan los derechos humanos.
