Por: 
La Fiscalía del condado de Tompkins reabrió la investigación criminal sobre el caso de una exestudiante de la Universidad de Cornell que denunció haber sufrido una agresión sexual colectiva dentro de una fraternidad, casi dos años después de los hechos.
La denunciante, identificada como Jane Doe, presentó además una demanda civil contra Cornell y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi. En ella sostiene que fue drogada y sufrió agresiones sexuales durante varias horas en octubre de 2024.
De acuerdo con la demanda, Doe llegó a la casa de la fraternidad y dos integrantes la presionaron para consumir ketamina. Después comenzaron los contactos sexuales y otros hombres entraron al cuarto.
A las 1:42 de la madrugada, un integrante del grupo de Snapchat de Chi Phi publicó un mensaje sobre lo que estaba ocurriendo. Doe sostiene que las agresiones continuaron hasta las 5:45 de la mañana, cuando dos personas entraron al cuarto y dijeron que la situación debía terminar. Tres semanas después, acudió a la policía de Cornell para denunciar lo ocurrido.
Los documentos de la investigación universitaria bajo el Título IX permiten reconstruir parte de su relato inicial. Cornell entrevistó a Doe, a seis de los siete hombres incluidos posteriormente en la demanda civil y a 20 testigos. Los registros también contienen testimonios de personas cercanas a ella.
En una entrevista realizada en noviembre de 2024, Doe describió un estado de intoxicación severa. Dijo que tenía dificultades para recordar lo ocurrido y que se sentía incapaz de tomar decisiones.
Una de sus compañeras de cuarto recordó que Doe habló sobre lo ocurrido la mañana siguiente. Otra declaró que, días después, la escuchó confrontar a uno de los hombres sobre un contacto sexual ocurrido durante esa noche.
La investigación universitaria se prolongó durante varios meses. Después de las entrevistas, el caso fue presentado ante un panel integrado por profesores y empleados. Cornell expulsó a dos estudiantes y suspendió a otros dos durante al menos dos semestres. Un quinto estudiante ya había egresado antes de que pudiera recibir una sanción. Los otros dos fueron declarados no responsables de conducta sexual indebida.
Cuando Doe acudió a la policía de Cornell, los documentos registraron que denunció haber sido violada por entre ocho y diez hombres en la casa de Chi Phi. Esa descripción no apareció en la declaración de seis páginas que posteriormente llegó a la fiscalía.
Los registros también señalan que Doe hizo una acusación explícita de violación durante una entrevista con investigadores de Cornell. Esa parte tampoco quedó incluida en la declaración escrita entregada a los fiscales.
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, declaró posteriormente que nunca recibió las transcripciones completas de esas entrevistas. La fiscalía recibió la declaración jurada de seis páginas y Cornell confirmó que también entregó una captura de pantalla de Snapchat.
La universidad modificó después su explicación sobre la información proporcionada a los fiscales. Inicialmente afirmó que había compartido toda la información de su investigación; posteriormente precisó que había entregado la declaración jurada y la captura de Snapchat.
La policía de Cornell realizó más entrevistas y revisó mensajes de chat después de recibir la declaración de Doe. El 25 de noviembre de 2024, un investigador de la universidad habló con personal de la fiscalía sobre la posibilidad de revisar esa evidencia adicional.
Según los registros, la fiscalía no examinó esa información porque ya había decidido no presentar cargos con base en la declaración de seis páginas.
Van Houten también dijo que su oficina no tenía acceso a los registros de la investigación del Título IX. Además, señaló que no existía indicación de que la policía universitaria hubiera entrevistado a los siete integrantes de la fraternidad señalados en la demanda.
La reapertura de la investigación y la respuesta de Cornell
El 28 de septiembre de 2026, la Fiscalía del condado de Tompkins anunció que reabriría la investigación criminal. La decisión ocurrió después de la aparición de nuevos documentos y de la presión pública sobre la actuación de las autoridades.
Dos días después, la gobernadora Kathy Hochul anunció que Cornell contrataría asesoría externa para realizar una investigación independiente.
El 1 de octubre, Hochul firmó una orden ejecutiva para designar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial del caso. James asumió la investigación criminal y podrá presentar evidencia ante un gran jurado si encuentra elementos suficientes.
Cornell respaldó la designación de James y la reapertura de la investigación. El caso entra así en una nueva etapa, en la que deberá determinarse qué ocurrió aquella noche, qué evidencia recibió la fiscalía en 2024 y qué información quedó fuera de su revisión.
La nueva investigación también pondrá bajo escrutinio la actuación de la policía universitaria, el proceso disciplinario del Título IX y la decisión original de no presentar cargos penales.
Ante las preguntas sobre su actuación en el caso, Cornell publicó el 1 de octubre de 2026 una sección de preguntas frecuentes en la que defiende su proceso. Señala que su procedimiento disciplinario es independiente del sistema de justicia penal, por lo que determina si se infringen sus normas internas, mientras que corresponde a las autoridades y a la fiscalía determinar si se cometieron delitos.
En cuanto a la fraternidad, Cornell dice que la sección Xi de Chi Phi fue clausurada en 2024 y continúa vetada del campus e indica que, a principios de 2025, creó un Grupo de Trabajo Presidencial sobre Agresión Sexual en el Campus.
