Por primera vez en la historia, Honduras es llevado ante la Organización de las Naciones Unidas por la prohibición absoluta del aborto en el país. Ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres presentaron el caso de Fausia, una mujer indígena defensora de derechos humanos del pueblo Nahua que sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar una maternidad forzada por la prohibición total de la interrupción del embarazo en este país.

Con este caso, las organizaciones que participan del litigio esperan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU le ordene al Estado hondureño modificar el marco legal que prohíbe y penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia hasta con seis años de cárcel, incluso cuando se trata de una violación o cuando la vida y la salud de la madre está en riesgo. Una prohibición que fue reforzada con una reforma constitucional aprobada en 2021.

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Foto: Especial

En conferencia de prensa, Carmen Cecilia Martínez, directora de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, señaló que la historia de Fausia es la de muchas mujeres en Honduras que buscan justicia por las múltiples violaciones a los derechos humanos que se derivan de la penalización de un servicio esencial de salud.

“La penalización del aborto afecta a todas las personas que pueden necesitar un aborto y en particular a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las sobrevivientes de violencia sexual. Con el litigio buscamos justicia para Fausia y que hechos como los que ella enfrentó no se repitan. Los Estados deben garantizar la autonomía reproductiva de todas” (Carmen Cecilia Martínez)

La historia de Fausia

Fausia, una mujer indígena hondureña de 33 años fue agredida por dos hombres y violada sexualmente por uno de ellos como represalia por su trabajo en defensa del territorio del Pueblo Nahua. Producto de la agresión sexual, Fausia quedó embarazada, ella no quería continuar con el embarazo y acudió al Centro de Salud.

Cuando fue al hospital, en lugar de recibir atención integral, el personal médico la intimidó y amenazó con denunciarla si abortaba, porque en Honduras este servicio de salud está totalmente prohibido. Como consecuencia, Fausia tuvo que asumir una maternidad forzada.

Es importante mencionar que, en el momento en que Fausia fue víctima de la agresión sexual, en Honduras la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), que le habría evitado un embarazo, estaba prohibida, recientemente el 8 de marzo de 2023 volvió a ser legal en el país después de 13 años: fue prohibida en 2009 durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien erróneamente la consideró como un método abortivo.

Lamentablemente la historia de Fausia no es la única de maternidad forzada, en Honduras cada día tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos producto de violaciones y a ser madres, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del país.

¿Qué se lograría con esta denuncia?

El Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres señalan que las políticas de Honduras sobre derechos reproductivos y sexuales son regresivas y constituyen claras violaciones de los derechos fundamentales de mujeres y niñas, pues al negarles el derecho al aborto hacen que se perpetúen ciclos de pobreza que no sólo las afectan a ellas sino también a sus familias

Para que la historia de Fausia no se repita, ambas organizaciones explicaron que es necesario que el Estado hondureño garantice el acceso al aborto en condiciones seguras, restituya derechos fundamentales violados con la reforma constitucional con relación al aborto y ponga fin a la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, mencionaron que es esencial que brinde garantías de acceso a la PAE, que tome medidas para proteger el secreto profesional médico e implemente protocolos que eviten que los estereotipos de género afecten a las sobrevivientes de violencia sexual que buscan atención ante el sistema de salud o el judicial.

“La penalización absoluta del aborto y su prohibición en la Constitución, no evita que ocurran abortos pero sí orilla a las mujeres a hacerlos en la clandestinidad y en condiciones inseguras; también hemos documentado casos de suicidios de mujeres que no encuentran otra salida frente a un embarazo no deseado; o como ocurrió con Fausia, un enorme daño psíquico y físico debido a una maternidad forzada” (Regina Fonseca, Centro de Derechos de Mujeres)