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El 13 de mayo de 2026, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, con una votación de cinco votos en contra y tres a favor, negarse a atraer el caso de la saxofonista mixteca y defensora de derechos humanos, María Elena Ríos.
Las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y el ministro Hugo Aguilar Ortiz votaron por atraer el asunto, reconociendo la necesidad de una respuesta con perspectiva de género en el caso de María Elena Ríos, sobreviviente de violencia ácida. Sin embargo, los tres votos en contra, emitidos por Jaime Allier Campuzano, Brisa Albores Medina Rocío y Chong Velásquez, frenaron el proceso.
La Corte debía decidir si atraía seis amparos promovidos por los presuntos agresores, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado y empresario gasolinero, señalado como el autor intelectual del intento de feminicidio, quien buscaba invalidar los procesos penales que continúan vigentes en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) también había solicitado la atracción para analizar si una jueza sustituta podía invalidar un juicio oral tras la suspensión del juez original, sin embargo, al negarse la atracción, el caso será remitido nuevamente a la jurisdicción del estado de Oaxaca.
“Considero lamentable que la suprema corte de justicia, el máximo Tribunal de mi país, no haya atraído mi caso”, señala María Elena Ríos para La Cadera de Eva, y añade: “Me quedo muy desilusionada, pues, inclusive, yo fui una de las personas que votó en esta reforma judicial, donde la narrativa principal fue la protección y garantía de justicia a las mujeres víctimas de violencia extrema en México. Ahora mi caso retorna nuevamente a Oaxaca, en donde el agresor, su familia y abogados se saben impunes, en donde tienen el control político y económico para prostituir el sistema de justicia”.
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Los precedentes
El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos, quien entonces tenía 27 años, fue víctima de un ataque con ácido sulfúrico en su propio domicilio. Un hombre identificado como Rubén N. ingresó a su casa y le arrojó la sustancia química provocándole quemaduras en el 80% de su cuerpo.
Desde el ataque, María Elena ha enfrentado una incansable lucha en contra de la violencia institucional, que ha pasado por las manos de diez jueces sin que exista aún una sentencia condenatoria.
Aunque, técnicamente, Juan Antonio Vera Carrizal sigue bajo proceso, desde el 2 de diciembre de 2024 no se encuentra en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet. La activista María Elena Ríos ha denunciado en múltiples ocasiones que su agresor ha usado sus influencias para salir de la cárcel fingiendo enfermedades, específicamente alegando padecer hemorroides y depresión.
“Me da la impresión que existe algún tipo de obediencia tras las exigencias que Vera Carrizal hizo a través de su abogado y mi violentador también, Edgar López García, pues una semana antes de la resolución solicitó de manera personal a los ministros de la corte que no atrajeran mi caso bajo el argumento de que ‘no es de relevancia social’”. (María Elena Ríos)
Al día de hoy, presuntamente Vera Carrizal permanece internado en hospitales privados en Oaxaca, como el Hospital Santa Anita o el Hospital Reforma, sin embargo, no se puede comprobar su estado debido a que, como señala María Elena Ríos, su familia ha impedido de manera violenta que peritos oficiales e imparciales de la Fiscalía verifiquen su verdadero estado de salud para confirmar si realmente se encuentra grave.
“Ahora, un Tribunal colegiado tiene en sus manos proporcionar la boleta de liberación formal de Juan Antonio Vera Carrizal, Rubén Loaeza Charrez y Rubicel Hernández Ríos”, señala María Elena Ríos, recordando que otro de los responsables, Ponciano Hernández, fue asesinado en prisión luego de que su declaración señalara directamente a Vera Carrizal como el autor intelectual.
“Tengo mucho miedo, mi vida y la de mi familia están en riesgo. El Estado mexicano no privilegia la verdad y justicia. Responsabilizo al Estado de lo que le llegue a pasar a mi familia y a mí, pues es claro que el poder político y económico privilegian en la impunidad en mi caso”. (María Elena Ríos)
Siete años de obstáculos y “Ley Malena”
A raíz de su agresión, María Elena Ríos ha confrontado a todo un sistema que perpetúa la violencia a través la impunidad, sin embargo, esto no ha frenado su activismo, pues a lo largo de estos siete años impulsó la creación de la “Ley Malena”, una normativa que busca reconocer los ataques con sustancias químicas como feminicidio en grado de tentativa y no como lesiones menores, especialmente en casos de violencia doméstica.
Y es que los datos nos muestran una realidad que continúa siendo minimizada: en 2025, se registraron 336 casos de amenazas y ataques de violencia ácida en el país, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
A esto se suma que la violencia ácida es un tipo de violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y es que según registros de la Fundación Carmen Sánchez, organización dedicada a promover los derechos de las mujeres víctimas de violencia ácida y química, se estima que en el 85% de los casos el autor intelectual es la pareja o expareja sentimental de la mujer.
A pesar de que a lo largo de los años, a nivel nacional, la Ley Malena ha avanzado progresivamente en el país, con al menos 20 entidades federativas que ya han legislado esta reforma, el proceso de María Elena ha evidenciado, una y otra vez, las fallas profundas del sistema de justicia mexicano que imposibilitan el acceso a la justicia.
