Amix, este viernes volveremos a ver a la mexicana Katia Itzel García en acción.

Durante el partido de Argentina contra Cabo Verde, que se disputará este viernes 3 de julio, García será la cuarta árbitra en el Estadio de Miami, alcanzando su sexta designación durante la Copa Mundial 2026.

Como les contamos en esta nota, la silbante mexicana había hecho historia el pasado 25 de junio al participar como árbitra principal durante el partido entre Países Bajos y Túnez. Y, al igual que en aquella ocasión, esta vez tampoco estará sola. Sandra Ramírez, originaria de Guadalajara, Jalisco, integrará la reserva de asistentes durante el encuentro entre la Albiceleste y los Tiburones Azules, como se conoce a la selección de Cabo Verde.

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García Mendoza ha desafiado la histórica infrarrepresentación de las mujeres en el arbitraje del fútbol varonil. Originaria de la Ciudad de México, acumula un largo historial de primeras veces: es la primera mujer mexicana en arbitrar un partido en un Mundial varonil; la primera en dirigir un encuentro masculino de la Copa Oro y la primera en arbitrar un partido de la Liga MX en veinte años.

Su carrera comenzó en 2015, cuando debutó en el arbitraje aficionado, después de estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

A partir de entonces arbitró encuentros de la Liga de Expansión MX, la Liga MX Femenil y torneos juveniles. El salto internacional llegó en 2019, cuando obtuvo el gafete FIFA, lo que le permitió participar en competencias como la Copa Mundial Femenil 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Por Luciana Wainer

Desafiar el orden establecido

Hoy, los ojos de México y del mundo están puestos sobre Katia Itzel García.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de machismo y misoginia. Como muchas mujeres que irrumpen en espacios históricamente masculinizados, ha enfrentado comentarios sexistas dentro de la cancha, actitudes discriminatorias de algunos entrenadores e, incluso, cuestionamientos sobre si su presencia en la Copa Mundial 2026 responde a sus capacidades o a políticas de inclusión.

Los hechos cuentan otra historia. Katia Itzel García continúa haciendo historia y derribando paradigmas. Ella misma contó, durante una charla con estudiantes de la UNAM, que cuando comenzó su carrera solo 30 de los 900 árbitros registrados eran mujeres.

Hoy, su presencia en un Mundial abre la puerta para que más niñas imaginen un futuro en el arbitraje profesional y sepan que también hay un lugar para ellas dentro de la cancha.

]]> https://lacaderadeeva.com/actualidad/pride-mexico-violencia-y-discriminacion-siguen-marcando-la-vida-lgbt/16896 06/30/2026 11:00:00 a. m. Aunque los derechos de la comunidad LGBT+ han avanzado, la violencia, la discriminación y la falta de acceso a salud, empleo y justicia siguen siendo una realidad en México.

¿Qué implica vivir siendo una persona LGBTIQ+ en México? Aunque en la última década el país ha ampliado el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual y de género, como te contamos en esta nota, la violencia, la discriminación y la falta de políticas públicas universales ponen en desventaja a miles de personas en nuestro país.

El contraste es evidente; mientras el marco legal avanza, los asesinatos, las desapariciones y las barreras para acceder a la salud, la educación o el empleo continúan formando parte de la realidad de buena parte de la comunidad. 

Los avances legales de los últimos años muestran que México ha recorrido un largo camino en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género. Sin embargo, ese progreso convive con cifras de violencia, discriminación y exclusión que siguen marcando la experiencia cotidiana de miles de personas.

1. Lo que el Estado no registra

En lo que va de 2026, Observatorio de Crímenes de Odio de Letra Ese ha documentado al menos 24 asesinatos de personas LGBTIQ+ en México. De esas víctimas, 17 eran mujeres trans. Pero estos no son datos oficiales, y es aquí donde el problema comienza.

México todavía no cuenta con un sistema nacional que registre de manera específica los crímenes contra personas de la diversidad sexual y de género. Sin estadísticas resulta mucho más difícil diseñar políticas públicas para prevenir la violencia o atender a las poblaciones más vulnerables.

Frente a este vacío institucional, son colectivos y organizaciones quienes documentan los casos, construyen bases de datos y dan seguimiento a una violencia que el Estado sigue sin dimensionar por completo.

Con frecuencia, los expedientes registran un transfeminicidio como un homicidio común, utilizan el nombre legal de una mujer trans en lugar de su nombre identitario o emplean pronombres que no corresponden a su identidad. Esos errores invisibilizan a las víctimas y dificultan establecer si el crimen estuvo motivado por prejuicio o discriminación.

2. México, entre los países con más transfeminicidios

De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de Asesinatos Trans (Trans Murder Monitoring), México ocupa el segundo lugar mundial en número de transfeminicidios. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que su esperanza de vida en México ronda los 35 años; es decir, casi la mitad del promedio nacional.

Lo anterior no responde a una diferencia biológica, sino del resultado de múltiples formas de exclusión que comienzan desde edades tempranas y se acumulan a lo largo de la vida. La violencia contra las mujeres trans no empieza con un crimen de odio.

En muchos casos inicia con el rechazo familiar, continúa con el acoso escolar, el abandono de los estudios y las dificultades para acceder al empleo formal. Esa cadena de exclusiones incrementa la vulnerabilidad económica y social y, en numerosos casos, empuja hacia contextos donde el riesgo de sufrir violencia es mayor.

3. La deuda con las infancias trans

El reconocimiento de la identidad de género para niñas, niños y adolescentes trans continúa siendo uno de los temas con mayor resistencia en el país.

Actualmente, siete estados contemplan algún mecanismo para este sector de la población, aunque solo tres lo hacen sin restricciones de edad. En el resto existen requisitos que organizaciones especializadas consideran incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Incluso donde la legislación existe, las familias suelen enfrentar obstáculos administrativos y resistencia institucional para ejercer ese derecho.

4. Discriminación laboral

Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) muestran que cerca de la mitad de las personas LGBTIQ+ ha enfrentado la negativa de un empleo o de un ascenso sin una razón objetiva. Además, casi tres de cada diez abandonaron su hogar antes de cumplir la mayoría de edad.

Las mujeres trans concentran buena parte de estas desigualdades. Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al empleo formal, además de sufrir violencia y trato desigual dentro de los centros de trabajo.

La falta de oportunidades laborales termina empujando a muchas hacia la economía informal o el trabajo sexual, incrementando su exposición a distintos tipos de violencia.

5. Sin garantía el acceso a la atención médica

Según Conapred, alrededor del 49% de las personas lesbianas y gays ha experimentado algún tipo de discriminación en hospitales o centros de salud. El problema va desde comentarios estigmatizantes hasta la negativa directa de atención.

La salud mental es otro de los ámbitos donde las brechas son más profundas. Un diagnóstico elaborado por la Facultad de Medicina de la UNAM en 2023 encontró que casi ocho de cada diez hombres trans y personas no binarias reportaron haber tenido ideación suicida. El mismo estudio registró esta condición en el 60.7% de las mujeres bisexuales y en el 57.4% de las mujeres lesbianas.

6. Obstáculos en la adopción para familias homoparentales

Uno de los contrastes más claros del mapa legal mexicano está en la adopción homoparental. Aunque el matrimonio igualitario ya es reconocido en las 32 entidades del país, solo diez estados permiten expresamente que las parejas del mismo sexo adopten de manera conjunta. En el resto, muchas familias deben recurrir a procesos judiciales para ejercer un derecho que debería estar garantizado.

Esta diferencia también impacta a niñas y niños que ya viven en familias homoparentales y cuya relación con ambos padres o madres puede carecer de reconocimiento legal pleno, dejando vacíos en materia de seguridad jurídica y protección de derechos.

7. Vivir en país de personas que desaparecen a diario

Durante 2025, al menos 31 personas LGBTIQ+ permanecían desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Aunque organizaciones civiles reportaron una ligera disminución en el número de desapariciones respecto al año anterior, el subregistro es un problema importante.

La falta de datos desagregados y las deficiencias en la clasificación de los casos impiden conocer con precisión la dimensión del fenómeno y dificultan investigaciones con perspectiva de diversidad sexual y de género.

Junio suele ser sinónimo de fiesta para quienes formamos parte de la diversidad sexual, por suerte, la celebración también ofrece la oportunidad de revisar nuestra realidad común; ¿qué tanto han cambiado las condiciones de vida en el país para una persona LGBTIQ+ en los últimos años? México ha sumado reformas legales, políticas públicas y mecanismos de protección que hace apenas una década parecían difíciles de imaginar.

Ninguno de esos avances llegó por casualidad. Detrás de cada modificación legislativa hubo años de litigios, movilizaciones, presión de organizaciones civiles y activistas que llevaron a que esas demandas se escucharan en los congresos y los tribunales.

Aunque el acceso a estos derechos sigue siendo desigual, pues el mapa legal del país no es uniforme, los cambios positivos son evidentes. Aquí un recorrido por algunas de las transformaciones más relevantes que forman parte del marco jurídico y de las políticas públicas en nuestro país.

1. El matrimonio igualitario

Esta batalla tardó 15 años en completarse. En diciembre de 2025, Guanajuato aprobó la reforma a su Código Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con esa votación, las 32 entidades del país, las 31 entidades federativas y Ciudad de México, quedaron alineadas en el reconocimiento de este derecho.

?      La Ciudad de México abrió la puerta en 2010, pero durante más de una década miles de parejas que vivían en otros estados tuvieron que recurrir al amparo para casarse.

?      El cambio comenzó a acelerarse en 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que limitar el matrimonio a parejas heterosexuales era inconstitucional.

Aunque la resolución no modificó automáticamente las leyes estatales, sí sentó un criterio que obligó a conceder amparos y aumentó la presión para que los congresos locales armonizaran sus códigos civiles.

2. Las terapias de conversión son delito

En la misma sesión en la que Guanajuato aprobó el matrimonio igualitario, el Congreso local también prohibió las llamadas terapias de conversión, conocidas oficialmente como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).

?      La reforma fue avalada con 32 votos a favor y tres en contra.

?      Estas prácticas buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona mediante métodos que van desde la manipulación psicológica hasta formas de violencia física y emocional.

?      Organismos internacionales especializados en salud y derechos humanos han advertido durante años que carecen de sustento científico y provocan graves afectaciones en quienes son sometidos a ellas.

Las principales víctimas suelen ser niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, muchas veces llevadas por sus propias familias.

La legislación aprobada en Guanajuato establece penas de dos a seis años de prisión, además de sanciones económicas, para quien obligue o someta a menores de edad o personas incapaces a estas prácticas. Además, el delito se persigue de oficio, por lo que las autoridades pueden iniciar una investigación sin necesidad de que exista una denuncia de la víctima.

3. La identidad de género como derecho

Otro de los cambios más relevantes ha sido la expansión de las leyes de identidad de género. Actualmente, 20 de las 32 entidades permiten que las personas trans modifiquen el marcador de género y su nombre en documentos oficiales mediante un procedimiento administrativo, sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o procesos judiciales.

El impacto de este cambio rebasa el ámbito legal. Contar con documentos que no reflejan la identidad de una persona trans puede dificultar diversas actividades de la vida cotidiana; desde conseguir un empleo hasta abrir una cuenta bancaria, acudir a una consulta médica o realizar cualquier trámite oficial. Cada identificación que no coincide con la identidad de quien la porta puede convertirse en un motivo de discriminación o violencia.

La Ciudad de México fue pionera en este modelo y, poco a poco, otras entidades comenzaron a replicarlo. El reconocimiento legal también comenzó a ampliarse hacia las personas no binarias. Al cierre de 2025, seis estados incorporaron esta categoría dentro de sus marcos jurídicos, un paso que, hasta hace pocos años, parecía impensable.

Este reconocimiento legal marcó el inicio de una discusión que probablemente continuará en el ámbito federal, pues por ahora, la cobertura es desigual y en ella persisten varios retos, por ejemplo, la falta de homologación con documentos federales que provoca inconsistencias que complican distintos trámites administrativos.

4. Salud pública para personas trans

En materia de salud, uno de los avances más relevantes ha sido la creación de espacios especializados para atender a personas trans. En Ciudad de México, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans ofrece servicios médicos y psicológicos con un enfoque afirmativo, es decir, basado en el reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona.

Su importancia va más allá de la existencia de una clínica especializada. Durante años, organizaciones civiles han documentado que las personas trans enfrentan barreras constantes al acudir a los servicios de salud. En muchos casos, una consulta médica termina convirtiéndose en una experiencia de violencia institucional.

Además de brindar atención integral, se ha convertido en un referente para otros estados que buscan desarrollar políticas públicas dirigidas a esta población. Pese a la brecha entre la capital y buena parte del país, organizaciones y activistas consideran que este modelo demuestra que es posible construir servicios de salud con perspectiva de diversidad y derechos humanos.

5. El transfeminicidio tiene nombre en la ley

Entre las reformas impulsadas en los últimos años, una de las más significativas es la llamada Ley Paola Buenrostro, que incorpora el transfeminicidio como una figura jurídica específica para investigar y sancionar los asesinatos de mujeres trans motivados por prejuicio.

?      El cambio tiene implicaciones que van más allá de la nomenclatura.

?      Cuando estos crímenes se investigan como homicidios comunes, suele perderse de vista el componente de violencia por identidad de género que los caracteriza.

?      La nueva figura obliga a las autoridades a incorporar esa perspectiva durante las investigaciones y en el proceso judicial.

La tipificación también permite construir registros más precisos sobre la violencia que enfrenta esta población. Contar con datos específicos es un paso indispensable para diseñar políticas públicas y dimensionar un fenómeno que durante años permaneció invisibilizado en las estadísticas oficiales.

Su aplicación todavía no es homogénea en todo el país, pero la existencia de esta figura legal representa un avance importante en el reconocimiento de la violencia que enfrentan las mujeres trans.

¿Quiénes sostuvieron la lucha?

Ninguno de estos avances surgió de manera espontánea. Detrás de las reformas legislativas, las sentencias judiciales y las políticas públicas hay organizaciones y activistas que durante años documentaron violaciones a derechos humanos, acompañaron casos, impulsaron litigios estratégicos y mantuvieron la presión sobre las autoridades. Su trabajo suele desarrollarse fuera de los reflectores, pero ha sido determinante para convertir demandas sociales en reformas concretas.

Además, las acciones afirmativas implementadas durante los últimos procesos electorales también han tenido efectos en la representación política de la diversidad sexual y de género. Cada vez más personas LGBT+ han llegado a congresos locales, al Congreso de la Unión y a distintos cargos de elección popular.

Aunque su presencia todavía es reducida, su participación ha contribuido a colocar temas históricamente relegados dentro de la agenda legislativa y a impulsar reformas desde los propios espacios de toma de decisiones.

Hoy, la comunidad LGBT+ en México cuenta con un panorama legal muy distinto al que existía hace una década, pero estos avances conviven con profundas diferencias entre entidades. El acceso a muchos de estos derechos sigue dependiendo del lugar donde se viva, de la capacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley y del trabajo cotidiano litigando y exigiendo cambios.

Alrededor de las 18:00 horas, el miércoles 24 de junio Venezuela vivió uno de sus peores desastres naturales en su historia.  Dos terremotos seguidos —el primer temblor con una magnitud de 7.2 y el segundo fue de 7.5 grados en escala Richter— arrasaron con el país, dejando más de 900 personas fallecidas y miles de heridos y desaparecidas. 

“Las imágenes que estamos viendo desde Venezuela y los testimonios que escuchamos de nuestros colegas sobre el terreno son desgarradores”, señaló Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF, quienes advirtieron que el desastre ha puesto en peligro extremo a millones de menores debido al colapso de infraestructuras básicas y la interrupción de servicios vitales en múltiples estados.

Los sismos impactaron la capital, Caracas, y los estados de Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda. Hoy, Venezuela necesita de la solidaridad regional.

2. UNICEF México

Ha habilitado un mecanismo de donación digital en su sitio web oficial para financiar acciones de agua segura, protección, apoyo psicosocial y educación para la niñez afectada. Puedes acceder a él en este enlace.

Para apoyar a las víctimas del terremoto en Venezuela, puedes donar diversos artículos categorizados. Te enlistamos los más solicitados. 

1. Alimentos y bebidas

Alimentos no perecederos: atún, sardinas, frijoles, lentejas, garbanzos, maíz, vegetales y sopas enlatadas, así como arroz, pasta, harina, avena, azúcar, sal, aceite, café, frutos secos y barritas energéticas.

Para bebés: alimento específico para bebés y leche en polvo

Agua embotellada

2. Artículos para la salud menstrual y el aseo personal

Básicos: jabón, shampoo, acondicionador, pasta y cepillos de dientes, papel higiénico y desodorante.

Salud menstrual: toallas sanitarias, tampones.

3. Medicamentos e insumos médicos

Medicamentos: analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios y sueros orales.

Material de curación: gasas, jeringas, vendas, guantes, alcohol y botiquines de trauma.

¡OJO! Es importante que el material de curación no sea de tipo controlado.

4. Artículos de emergencia, refugio y ropa

Para refugio: casas de campaña, lonas de plástico y cobijas limpias.

Para situaciones de emergencia: linternas de mano, pilas, lámparas solares, repelente de insectos y protector solar.

Ropa: ropa limpia que no esté rota y zapatos en buen estado.

5. Equipo especializado para rescatistas

Para las labores de búsqueda en estructuras colapsadas, se solicitan cascos, guantes, botas y máscaras con filtro. Herramientas como lámparas, picos, palas, barras de palanca, esmeriles, rotomartillos, cizallas, separadores y arietes y silbatos, radios para comunicación y pintura en aerosol naranja para marcaje.

Este sábado 27 de junio, las voces de la comunidad LGBTQ+ resonarán en las calles de la Ciudad de México. Mientras que la concentración principal y hegemónica que celebra su 48va edición partirá desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo Capitalino desde las 10:00 de la mañana, cientos de personas se alistan para denunciar la violencia que atraviesa día con día a la comunidad. 

En punto de las 10:00 de la mañana, manifestantes de la “Contramarcha 2026” se alistaran en la Plaza Palestina, un espacio de protesta establecido en el Hemiciclo a Juárez, para dirigirse hacia las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en apoyo a plantón trans y no binarie que sostienen activistas desde hace más de una semana. 

“El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas trans y no binaries. El plantón en SEGOB ha visibilizado esa lucha, pero las autoridades han respondido con violencia, omisión y represión. No nos quedamos calladxs”, señaló la organización de la Contramarcha en redes sociales, y añadieron: “Exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad de respetar y garantizar los derechos de las poblaciones trans atendiendo la recomendación de la CNDH de promover y adoptar una Ley Integral Trans que sí sea efectiva y busque vidas libres de violencia”.

Si deseas unirte a las manifestaciones disidentes este 27 de junio, estas son las convocatorias que no puedes perderte. 

Inicialmente, se tenía contemplado que las, los y les manifestantes partieran desde la Plaza Palestina hacia la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, sin embargo, la ruta se modificó porta concluir en la SEGOB como una muestra de acuerpamiento en apoyo a las activistas que sostienen un plantón en las instalaciones. 

Horario: Reunión a partir de las 10:00 AM.

Lugar: Plaza Palestina (Hemiciclo a Juárez).

¿Qué piensas? Cuéntanos en los comentarios. 

En México, exigir que se respeten los derechos humanos de una comunidad en condiciones de vulnerabilidad es un peligro.  A siete días de que inició el plantón en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), activistas trans continúan sin respuesta por parte de la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez. 

En el país hay un registro de, al menos, 15 transfeminicidios en lo que va del año, sumados a los 33 crímenes de odio documentados durante 2025, de acuerdo con cifras del Observatorio de Transfeminicidios de la Asamblea Nacional Trans y No Binarie. En este contexto se hace imperativo hacer un llamado para acompañar, acuerpar y difundir la protesta. Te contamos.

El plantón fue instalado el jueves 18 de junio por las colectivas Justicia Histórica Trans y LLECA Segob como una respuesta ante la negativa por parte de Rosa Icela Rodríguez,  quién no entabló diálogo ni  atendió a las manifestantes.

La protesta escaló cuando el personal de la dependencia se negó, inicialmente, a recibir un documento con peticiones en la Oficialía de Partes y llegó a su punto más crítico el pasado 23 de junio, cuando elementos de la Guardia Nacional y un grupo de supuestos granaderos desalojaron  con violencia a las y les activistas.

Como señala  Anne Feta Minaj, activista no binarie en redes sociales, este acto dejó a varias compañeras heridas; entre ellas, la activista Artemisa, quien sufrió policontusiones, un esguince cervical de segundo grado y requirió siete puntadas en la cabeza tras ser golpeada.

A pesar de las agresiones, las manifestantes y colectivas resisten a una semana del inicio del plantón y advierten que la protesta continuará en pie hasta obtener soluciones reales. Además, señalaron a través de redes sociales: “Que les quede muy claro que no nos callarán, a las personas trans nos arrebataron tanto que ya no tenemos nada más que perder”. 

1. Cumplimiento de la CNDH

Exigen que se acate la recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta resolución pide al Congreso incluir la identidad de género como categoría protegida contra la discriminación en el artículo 1° constitucional.

También solicitan tipificarla como agravante en los casos de feminicidio dentro del Código Penal Federal.

2. Derechos integrales

Las colectivas rechazan participar en más mesas de trabajo (a las que califican de estériles) y denuncian que la afirmación de la SEGOB de haber "cumplido" es una simulación.

Por ello, exigen un modelo de atención médica funcional que cuente con acciones reales, insumos, presupuesto y atención en salud mental; la guía para el cambio de CURP para personas trans migrantes; verdaderas políticas de inserción laboral en lugar de eventos aislados, así como la actualización de los sistemas informáticos en distintas dependencias gubernamentales para evitar el maltrato a las personas que realizan procesos de actualización y corrección de nombre y género.

3. Atención a la violencia sistemática

Denuncian la inacción gubernamental ante una crisis de violencia extrema, lo cual ha obligado a las organizaciones comunitarias a realizar el trabajo de atención a víctimas que le correspondería al Estado.

¿Qué piensas? Te leemos en los comentarios. 

¿Qué sucede después de la euforia que produce un partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo? ¿Qué ocurre dentro del hogar, cuando nadie mira y la emoción se transforma en un insulto, una cachetada, un puñetazo?

En tiempos mundialistas, la afición se siente hasta en la piel, al igual que el incremento de la violencia familiar. Estudios realizados por la Universidad de Lancaster muestran que en este contexto, el riesgo de violencia aumenta sin depender del marcador. Empate o gane la selección nacional, la violencia aumenta en un 26% pero cuando pierde, la cifra asciende al 38%.

Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la campaña En equipo contra la violencia familiar, una iniciativa nacional de sensibilización y movilización social diseñada para prevenir las agresiones contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta iniciativa, coordinada por UNICEF, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en conjunto con el Gobierno de México a través de la Secretaría de las Mujeres se pone la camiseta para combatir la violencia familiar, recordando que la celebración pública, los cánticos y las porras solo son una cara de la moneda de la realidad que viven muchas familias mexicanas dentro de sus hogares.

Esto solo se puede lograr abrazando el sentido de corresponsabilidad comunitaria, por lo que la campaña hace particular hincapié en fomentar la cultura del reporte entre vecinos, familiares y la comunidad en general. 

Esta campaña nos recuerda que existen herramientas de ayuda disponibles las 24 horas, como la Línea de las Mujeres (079, opción 1) para orientación y el 9-1-1 para peligros inmediatos. 

México es una de las sedes del Mundial; como cita la ONU, la intensidad de la violencia es diferente según el momento en el que se encuentre el partido.  Por un lado, durante el encuentro los incidentes suelen disminuir, mientras que, al concluir el encuentro, las llamadas por denuncia de violencia suben de forma sostenida.

¡OJO! El mayor número de reportes ocurre entre 10 y 12 horas después del inicio del juego, lo que significa que no solo hay que poner atención durante el partido o a las pocas horas de su finalización, sino hasta medio día después.

Ten en cuenta estos horarios para identificar las señales de alerta de violencia familiar, que son indicadores que permiten a vecinos, familiares y a la comunidad en general detectar situaciones de riesgo durante o después de los partidos. Recuerda: no es necesaria una certeza absoluta para denunciar; con una sospecha es suficiente para activar mecanismos de protección.

Sin embargo, si te encuentras en una situación de peligro o tienes sospechas de actos de violencia en un hogar, puedes tomar como guía las siguientes señales que van desde gritos e insultos hasta marcas visibles en el cuerpo sin explicación: 

1. Señales auditivas y del entorno: gritos, golpes o ruidos violentos repetidos que provengan de una casa vecina, con mayor atención durante o después de los encuentros deportivos. 

2. Llantos prolongados o silencios que resulten sospechosos tras haber escuchado discusiones intensas

3. Miedo a horarios específicos: niñas, niños o adolescentes que muestran temor o ansiedad ante la llegada de una hora determinada, como el inicio del partido.

4. Alteraciones emocionales bruscas: mujeres o menores que se muestran repentinamente retraídos, asustados, ansiosos, aislados o profundamente tristes.

5. Evadir el hogar: personas que evitan volver a su casa o que justifican constantemente el comportamiento violento o agresivo de un familiar adulto.

6. Dinámicas de control: Una persona en el hogar que ejerce un dominio constante sobre los demás a través de insultos, amenazas, humillaciones o gritos frecuentes dirigidos a la pareja o a los hijos

¿Qué piensas? Te leemos en los comentarios. 

El pato Merlín es viral. Fue visto por primera vez en las calles de la Ciudad de México tras la victoria de la Selección Mexicana en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica.

El simpático pato blanco acompañaba a su familia de comerciantes vistiendo una camiseta de México mientras que, a paso apresurado y en ocasiones distraído, seguía a sus cuidadores. La imagen de Merlín ya ha sido explotada; la FIFA lo nombró embajador oficial del torneo de la CDMX; Farmacias Similares, tiendas departamentales como Coppel y cadenas como 7-Eleven lo convirtieron en una tendencia de marketing y los medios de comunicación no dejan de preguntarse: ¿Qué come? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién ganará el mundial?

Y, en una muestra de indiferencia ante el clima social que se vive en las calles y las protestas anti-mundialistas, el pato Merlín y su familia visitaron Palacio Nacional y aparecieron durante la conferencia matutina junto a la presidenta Claudia Sheinbaum este 22 de junio. 

La pregunta se repite: ¿quiénes no son bienvenidos en la agenda de la presidenta? ¿Qué noticias importan y cuáles no tanto? Por ello, recopilamos cinco noticias importantes que merecen nuestra atención.

1. Activistas de Gambia frenan el regreso de la mutilación genital femenina

¡Hurra! La Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley que pretendía legalizar nuevamente la mutilación genital femenina en Gambia, que está prohibida desde 2015, aunque estuvo a punto de ser derogada en 2024 en dos ocasiones distintas. 

Esto ha sido posible gracias a la movilización de activistas feministas, que presionaron al Estado en un momento en que las fuerzas antiderechos están más organizadas y financiadas que nunca. 

Esta noticia, aunque buena, es preocupante. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sido víctimas de mutilación genital femenina. En Gambia, la prohibición no ha traído más que clandestinidad, el ejercicio de prácticas mortales e insalubres y muertes catastróficas, a pesar de ser un país de menos de tres millones de habitantes.

Esta victoria es un recordatorio de que la protección de los derechos requiere una organización sostenida y recursos estructurales para responder a crisis políticas en tiempo real.

2. ¡México actualiza la norma nacional del planificación familiar y antconcepción!

México ha actualizado su norma nacional de planificación familiar y anticoncepción, ahora denominada NOM-005-SSA-2025. Esta actualización es el resultado de más de seis años de trabajo técnico liderado por la Secretaría de Salud federal, con el apoyo de organizaciones como Ipas LAC, para fortalecer el enfoque de derechos humanos y autonomía.

Amiga, esta noticia es de suma importancia pues la nueva norma establece estándares que deben cumplir todas las unidades de salud y el personal del país para que la atención no dependa de la facultad legal del personal, un problema que ha estado presente por años y que muchas veces estigmatiza y revictimiza a las mujeres y personas gestantes que deciden realizarse un aborto. 

Entre las ventajas, se garantiza el acceso a información clara, la gratuidad de los métodos anticonceptivos y el derecho al consentimiento informado y revocable, así como la atención estricta y confidencialidad a adolescente según su edad y contexto. Además, incorpora estándares de inclusión para personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva interseccional. 

Definitivamente, un ¡hurra abortero!

3. 12 años de prisión preventiva: el caso de Mónica Yuliana

El 3 de junio de 2014, Mónica Yuliana fue detenida de manera violenta a los 19 años en Tehuacán, Puebla, mientras se dirigía a sus clases. Durante su detención, fue mantenida incomunicada y sometida a actos de tortura para obtener una declaración, la cual sigue siendo, doce años después, la única prueba en su contra para vincularla con el delito de secuestro.

Desde entonces, ha sido víctima de un sistema de justicia que no llega, pero que sí hiere, lastima y socava con impunidad y omisión. El caso de Mónica continúa sufriendo las consecuencias de un sistema que violenta, pues, previamente, una jueza rechazó revisar la prisión preventiva de Mónica, perpetuando la brutalidad con la que actúa el Estado. 

Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito determinó que impedir dicha revisión vulnera sus derechos a la libertad personal y al debido proceso, por lo que se ordenó a la jueza Teresita Sosa Berthely realizar una nueva audiencia el próximo 23 de junio para analizar si la medida cautelar de prisión preventiva sigue siendo necesaria o si Mónica puede continuar su proceso penal en libertad.

¡Justicia para Mónica Yuliana!

5. Yucatán deberá despenalizar el aborto tras multa

Después de negarse por mucho tiempo, el 22 de junio de 2026 los diputados del Congreso de Yucatán votaron a favor de modificar el Artículo Primero de la Constitución local después de que una jueza les pusiera una multa de 26 mil pesos a cada uno por no obedecer órdenes anteriores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya había determinado que la protección absoluta de la vida desde la fecundación es inconstitucional. 

Esto abre la puerta para que el aborto sea legal hasta las 12 semanas. Este avance, aunque lento, es un paso hacia la justicia reproductiva en México por la que han luchado generaciones de mujeres yucatecas, especialmente en un contexto de constante criminalización.

¿Qué piensas? ¿Qué otra noticia debemos conocer? Te leemos en los comentarios.

Amix, este junio, Mes del Orgullo, la Ciudad de México ofrecerá una gran oferta cultural para abrir espacios de diálogo, memoria y arte. Aunque esta no debe ser la única temporada en la que se aperturen espacios para la diversidad sexogenerica, recopilamos algunas actividades para celebrar la identidad de género y la sexualidad sin tabúes ni discriminación.

1.  ¡Encuentro Sáfico al Centro de la Imagen!

Si eres una amante de la imagen y la fotografía, el Centro de la Imagen tiene preparado una serie de actividades para impulsar iniciativas independientes de mujeres sáficas. Desde un Bazar Cuir hasta? performance, este espacio está diseñado para abrir el diálogo entre la comunidad y celebrar el arte.

¿Cuándo?: Sábado 20 de junio, 13:00 a 18:00 horas.

¿Dónde?: Centro de la Imagen.

Entrada: Libre.

¿Qué piensas? Te leemos en los comentarios.

Este Mes del Orgullo, la comunidad lencha sale a marchar. No se trata de una marcha convencional, sino de un espacio diseñado para que niñas, adolescentes, mujeres y personas no binarias convivan en un espacio de celebración identitaria, concientización y denuncia. 

Esta es la Marcha Lecha, un espacio organizado por un comité de aproximadamente 40 personas voluntarias y es totalmente sin fines de lucro.

El evento contará con un equipo de aproximadamente 100 brigadistas de cuidados encargados de que la comunidad se cuide a sí misma durante el trayecto y las actividades. Para conocer más al respecto platicamos con Lorena Gonzalez, parte del comité organizador de la Marcha Lencha.

Una vez que la marcha llegue a su destino, comenzará un evento que contará con la conducción de Nudity y presentaciones de artistas como Moran & Prochet, Sasha Sathya, Kannabika Sonidero, Sóffica y Jennifer Silva, además de una invitada especial.

También se destinará un espacio donde se ofrecerán talleres, pruebas de VIH, asesoría legal y médica, y venta de productos de emprendimientos locales. Además, como acto de manifestación, se llevarán a cabo retas de fútbol callejero entre las 14:00 a 18:00 horas. 

¡Y lo más esperado del día! La Marcha Lencha 2026 cerrará su jornada con un evento de ballroom exclusivo para las lenchitudes.

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Entre los gritos de la afición mexicana, que celebran cada gol de la selección nacional, se ahogan las peticiones de madres buscadoras, las exigencias por mejores condiciones laborales, y el descontento local por una Copa del Mundo 2026 que excluye a las y los nacionales. 

La fiesta no es para todxs: para las mujeres muchas veces se convierte en el infierno, y es que, entre las demandas sociales, también se esconde una urgencia: el incremento de la trata de personas.  

En México, entre enero de 2015 y mayo de 2025, se han registrado 2,935 víctimas de trata de entre 0 y 17 años, de las cuales el 74.8% son mujeres. Entidades como la Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua, donde se encuentran o colindan sedes mundialistas, ya figuran entre las zonas con mayor registro de víctimas menores de edad, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

¿Qué sucede en el contexto mundialista? “Podrían aumentar los riesgos de explotación sexual, explotación laboral, trabajo infantil, captación de adolescentes mediante redes sociales y el reclutamiento de personas para actividades ilícitas. También es importante vigilar situaciones de explotación en sectores relacionados con el turismo, el hospedaje, el transporte y los servicios”, señala Karla Jacinto,  sobreviviente de trata de personas y activista en entrevista con La Cadera de Eva.

La historia entre la trata de personas y eventos deportivos masivos no es nueva. Aunque, como señala Jacinto en entrevista, estos eventos no aumentan la trata de manera automática, históricamente han servido como catalizadores para que las redes de explotación operen con mayor intensidad.

Un ejemplo es la Copa Mundial de Alemania 2006, cuando la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) expresó en su momento una profunda preocupación por la posibilidad de que entre 30 mil y 60 mil mujeres y niñas fueran objeto de trata con fines de explotación sexual durante el torneo. 

En ese entonces se anticipó que la llegada de más de un millón de hombres a las 12 ciudades sede provocaría un incremento sustancial en la demanda del sector del sexo, lo que motivó campañas de organizaciones como Amnistía Internacional exigiendo “tarjeta roja” a la trata. En México, la Secretaría de Turismo (Sectur) espera la llegada de aproximadamente 5.5 millones de visitantes extranjeros y nacionales.

Otros ejemplos van desde el incremento en el volumen de anuncios de “acompañantes”, oscilando entre un 50% y un 100% por encima de los valores normales de referencia, durante los Juegos Mundiales de Birmingham 2022, hasta intentos de captación, como ocurrió en el Super Bowl 2023, cuando tratantes intentaron secuestrar a una joven con discapacidad en Canadá para explotarla durante el evento en Arizona.

En México, modalidades más identificadas incluyen la explotación sexual, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzada, el matrimonio forzado, la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas y diversas formas de explotación laboral, explica Jacinto, enfatizando que todas implican control, engaño y vulneración de derechos. 

En 2012 entró en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual define los tipos penales y las obligaciones de las autoridades. Sin embargo, a pesar de contar con estos protocolos, las fuentes señalan que México aún carece de una política pública preventiva integral que aborde las causas estructurales del delito. 

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Amix, seguramente cuando eras niña —muy al estilo de 31 minutos—, quedaste hipnotizada por el mundo de la televisión, el cine, la radio y la comunicación. Ese maravilloso mundo lleno de colores, alegría e información en donde podías entretenerte y aprender al mismo tiempo.

Sin embargo, puede que no todo haya sido increíble en ese entonces. La infodemia no es algo nuevo, ha rondado por décadas y, en la infancia, era muy fácil consumir contenido inapropiado si es que no estabas bajo la supervisión de una persona adulta.

Pero ¿qué pensarías si te decimos que en México existe un personaje divertido, amigable e inteligente que defiende los derechos de las audiencias infantiles?

¡Natalia López y Gil Chávez hicieron esto una realidad! A través del personaje y  la iniciativa transmedia universitaria, Omberto Resuelve, buscan acercar los derechos humanos y de las audiencias a la infancia para transformar conceptos jurídicos complejos en explicaciones sencillas.

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Perú podría tener a la primera mujer presidenta en su historia; aunque esta noticia marcaría un hito en la paridad sustantiva del país, la noticia deja un panorama agridulce para la región. 

En medio de una extrema incertidumbre, y después de que el pasado 7 de junio las y los peruanos salieran a votar en la segunda vuelta presidencial, Perú aún no tiene presidente debido a un margen de diferencia mínimo entre Keiko Fujimori, que representa a Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya han sido procesadas alrededor de 98.650% de las actas, dándole una mínima ventaja a Fujimori con un porcentaje del 50.051%, mientras que Sánchez llegó al 49.949%.

El margen es de apenas 18 mil 601 votos; esta cifra, aunque pequeña, es significativa, pues la población está dividida. Aunque el sistema de la ONPE ya no registra actas pendientes de procesamiento, existen 1 mil 305 actas que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión y resolución. 

El problema reside en que estas actas en revisión podrían contener hasta 390 mil votos, lo que aún podría alterar el resultado final.

La historia familiar de Keiko Sofía Fujimori Higuchi está directamente relacionada con su carrera política.  Hija primogénita del ex presidente autócrata, Alberto Fujimori, y de la ex congresista Susana Higuchi, Keiko Fujimori creció en el centro de una familia japonesa inmersa en la política peruana. 

Su trayectoria pública comenzó a los 19 años cuando asumió el rol de primera dama de Perú en 1994, tras la separación de sus padres en medio de denuncias y escándalos de corrupción y abusos de poder que se intensificaron después del autogolpe de Estado en Perú de 1992, conocido como el “Fujimorazo”.

A pesar del tenso clima político, Fujimori se formó profesionalmente en Estados Unidos, obteniendo títulos en Administración de Empresas por la Universidad de Boston y un MBA por la Universidad de Columbia y regresó a Perú para convertirse en la líder del partido Fuerza Popular. 

Esta no es la primera vez que Keiko Fujimori intenta llegar a la presidencia de Perú, lo ha intentado en cuatro ocasiones diferentes —2011, 2016, 2021 y 2026—, alcanzando la segunda vuelta en todas ellas. Aunque Fujimori persiste en ser electa presidenta sin triunfo, esta segunda vuelta podría marcar un rumbo diferente. 

¿Qué implicaría la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú? El historial de autoritarismo, represión y corrupción no se borra, es una herida abierta presente en la vida de las y los peruanos. Convertirse en la primera mujer presidenta de Perú no garantiza que su agenda no profundice la violencia y perpetúe la concentración del poder. 

Como señala la organización Proyecto Igualdad Perú, “Un voto feminista no siempre es elegir una opción perfecta: en ocasiones, significa impedir que el autoritarismo avance (...) Consiste en defender las condiciones mínimas desde las cuales aún es posible organizarse, resistir y disputar agendas”.

Y es que la agenda política de Fujimori continúa con la línea conservadora que pone al frente políticas de “mano dura” contra la criminalidad, favorecer al libre mercado sobre los intereses de las y los ciudadanos y restringir derechos esenciales, como los derechos reproductivos y sexuales. 

Desde el inicio de su carrera política, Fujimori ha defendido los “valores tradicionales”: en 2016, durante su segunda candidatura presidencial, Keiko Fujimori se manifesto en contra del aborto en casos de violación y añadió que defendería “la familia, rechazar la unión civil, el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de las personas del mismo sexo”, como reportó el medio digital DW.

En 2021, durante la tercera campaña presidencial de Fujimori, en la que se enfrentaba a Pedro Castillo, la población LGBTQ+ vivía con miedo, discriminación y segregación, un panorama que se construyó sobre los cimientos del colonialismo y se reafirmó en el siglo XX, con la violencia y discursos de odio, como señaló el sitio de periodismo Agencia Presentes en un reportaje de 2023: “Ganara o perdiera cualquier candidato, Sandra suponía que las mujeres trans estaban en la mira” se lee en el reportaje. 

Hoy el panorama no es diferente. Los derechos continúan pendientes de un hilo muy delgado. Otro ejemplo de la agenda regresiva es la no ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que entró en vigor el 22 de abril de 2021 con el propósito de, por un lado, garantizar información ambiental y justicia ambiental, así como reconocer, proteger y brindar seguridad a las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Durante el debate presidencial del 1 de abril, previo a la primera vuelta de votaciones, Fujimori afirmó que su gobierno no estaba interesado en la ratificación del acuerdo. “No estamos de acuerdo con la ratificación de este acuerdo porque creemos que los más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía”, dijo, argumentando que la región necesita atención del Estado con “urgencia y seguridad”. 

Ante esta postura, organizaciones activistas como Mocicc Perú se preguntan “¿Qué harán para garantizar información ambiental pública y accesible?, ¿Cómo asegurarán participación real en decisiones que afectan territorios y comunidades?, ¿Qué medidas concretas proponen para proteger a defensoras y defensores?”. 

Mientras no haya presidente o presidenta, las dudas persisten y la tensión aumenta; sin embargo, es necesario recordar que tener una mujer presidenta tampoco garantiza una agenda con perspectiva de derechos humanos, diversidad, y territorios. 

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Durante eventos deportivos, la pasión no solo se vive en la cancha; se transmite en colectividad mediante la imagen capturada. Los logros encuentran su lugar en la historia a través de un registro permanente que se convierte en archivo y memoria. 

Las imágenes más memorables nacen en “cascaritas”, en retas amistosas comunitarias y en torneos deportivos profesionales. En el marco de la Copa del Mundo 2026, la mirada de fotoperiodistas mujeres cobra mayor relevancia. 

Por ello, la colectiva Mexican Women Photographers, junto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, busca visibilizar el trabajo especializado y la trayectoria de las creadoras visuales en el ámbito del periodismo deportivo, un sector históricamente dominado por hombres, a través de la muestra fotográfica  “Mirada de gol: Fotógrafas en la cancha”. 

Te contamos los detalles.

Esta exposición fotográfica va más allá del triunfo, entiende el fútbol no solo como una competencia deportiva, sino como un fenómeno social y cultural fundamental para la construcción de la identidad colectiva y el tejido social en México.

La muestra se compone de 31 imágenes que capturan la pasión tanto en escenarios profesionales como en la cotidianidad de barrios icónicos como Tepito, la Merced o el Zócalo y con la participación de 24 fotógrafas mexicanas, entre las que destacan periodistas como Andrea Murcia, Sáshenka Gutiérrez Valerio y Crisanta Espinosa Aguilar.

Las imágenes buscan visibilizar y dialogar con comunidades generalmente vulneradas, retratando a mujeres futbolistas, infancias, aficiones, personas con discapacidad y miembros de la diversidad sexual y de género.

Como parte de los preparativos para el Mundial  2026, Chapultepec también se llenará de fotografía deportiva hecha por mujeres; la muestra, “Fragmentos de una Ciudad Infinita”, llegará a las galerías al aire libre del Bosque de Chapultepec. 

Esta exposición propone una mirada plural y en constante transformación de la capital, utilizando la fotografía como una herramienta para construir una memoria visual compartida y fortalecer la identidad urbana, pues celebra la naturaleza cambiante de la Ciudad de México a través de imágenes de sus monumentos, mercados, plazas, festividades, transportes y paisajes cotidianos.

Está compuesta por un total de 178 fotografías y reúne las visiones de 62 fotógrafas y fotógrafos de distintas generaciones como Olivia Vivanco, Santiago Arau, Francisco Mata Rosas,Alejandro Medina Guzmán y Dorian Ulises López Macías.

Ambas exposiciones se encuentran ubicadas en las galerías al aire libre del Bosque de Chapultepec, sobre la Avenida Paseo de la Reforma; son de acceso gratuito y están abiertas a todo público.

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En México, las niñeces tienen derecho a gozar de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), expedida en 2014 y reformada recientemente en mayo de 2024, garantiza un total de 20 derechos fundamentales para toda la niñez y adolescencia del país, en donde se enfatiza el derecho  de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, que obliga a las autoridades a tomar medidas para prevenir, atender y sancionar casos donde los menores se vean afectados por el trabajo infantil, la trata o la coacción para participar en delitos.

Sin embargo, para miles de niñeces, la realidad es diferente. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, en México del 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, 3.7 millones (13.1 %) se encontraban en situación de trabajo infantil. 

El panorama no es diferente a nivel mundial. Según cifras de de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad existen 138 millones de niños y niñas en situación de trabajo infantil en todo el mundo. De esa cifra, casi 54 millones realizan trabajos considerados de riesgo.

Hoy, 12 de junio, en el marco de la conmemoración dell Día Mundial contra el Trabajo Infantil, —fecha instituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y declarada por la ONU— recordamos la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática y fomentar acciones para su erradicación.

De acuerdo con la ONU, el trabajo infantil consiste en la participación de niñas y niños en labores para las cuales son demasiado jóvenes, especialmente cuando estas involucran algún grado de peligro o explotación. Esta es una violación a los derechos de las infancias, ya que pone en riesgo la salud, la seguridad y el desarrollo integral —físico, mental, social y educativo— de las y los menores de edad.

Este es un problema derivado de la pobreza sistémica, que obliga a las niñeces a trabajar para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, y se origina en la carencia de sistemas educativos eficientes, la discriminación y la repartición desigual de oportunidades.

En sus formas más extremas, incluye situaciones críticas de abuso como la esclavitud, la trata de menores de edad, el trabajo forzoso, el reclutamiento para conflictos armados, la prostitución y la realización de actividades ilícitas. 

“No todo trabajo infantil constituye trata de personas, pero algunas de las peores formas de trabajo infantil sí pueden estar vinculadas con ella”, señala Karla Jacinto, sobreviviente de trata de personas para La Cadera de Eva. “Cuando existe explotación, coerción, engaño, amenazas o aprovechamiento de la vulnerabilidad de una niña, niño o adolescente, podemos estar frente a situaciones relacionadas con la trata. Por eso es fundamental proteger sus derechos y garantizar acceso a educación, seguridad y oportunidades”.

La importancia de proteger sus derechos es una urgencia, especialmente cuando, a nivel mundial, la agricultura es el sector con mayor presencia de trabajo infantil con el 61%, seguido por los servicios, 27%, —que incluye el trabajo doméstico y la venta en mercados— y la industria con el 13%, que abarca la minería y la manufactura, retomando cifras de la ONU.

En México, el 60.2 % de las infancias que realizan activamente un trabajo son hombres, mientras que el 39.8 % son mujeres (INEGI). ¿En qué están trabajando las niñas mexicanas? Cuando se habla de tareas de cuidado y trabajos no remunerados a menudo se omite la participación de las menores de edad. No se trata solo de mujeres adultas cuidadoras, también de niñas. Los datos son claros: el 30.8 % de las niñas dedica más de 28 horas semanales a quehaceres del hogar, frente al 8.5 % de los niños en el mismo rango de tiempo. 

Un dato relevante es el impacto en la educación: el 21.1 % de quienes realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas no asiste a la escuela.

Por otro lado, las personas de 15 a 17 años son las más afectadas, realizando el 48.9 % del trabajo, seguido por el de 10 a 14 años, con el 40.4 % y el de 5 a 9 años con 10.8 %. La gravedad es latente; en 2022, 2.1 millones de niñas y niños en trabajo infantil realizaban tareas no permitidas. 

Esta es una consecuencia directa de las desigualdades y, muchas veces, quienes se ven mayormente afectadas y afectados son las y los niños de pueblos originarios y afromexicanos, que no solo suelen realizar labores domésticas y agrícolas en sus comunidades, sino que la necesidad económica los obliga a migrar a zonas urbanas o campos agrícolas comerciales, donde son más propensos a la explotación y violaciones de sus derechos, como señaló el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En este sentido, la defensa contra el trabajo infantil forzado no solo es necesaria; es urgente y requiere de la garantía de una vida libre de violencia, el acceso a la educación y el fortalecimiento de la protección social para las familias.

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La pelota regresa a casa y la violencia también. Dentro y fuera de la cancha, la historia del fútbol profesional se ha caracterizado por la euforia de la afición y, de paso, por los altos índices de violencia que se registran durante temporadas futboleras.

Las cifras apuntan a una tendencia sostenida. Como cita la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres, en el análisis Más allá de la cancha: lo que nadie te cuenta del Mundial, en Inglaterra, la Universidad de Lancaster encontró que las agresiones crecían un 38% cuando la selección perdía, pero incluso un 26% cuando ganaba o empataba.

El caso de América Latina no es diferente: en Colombia, la violencia contra las mujeres aumentó hasta un 43% durante los partidos del Mundial de 2014, mientras que en Brasil creció casi un 24% los días de partido de la liga nacional de fútbol. 

“Sin importar el marcador, las que más tienen que perder siguen siendo las mujeres”, señala la organización.

De acuerdo con el análisis, durante el Mundial de 2018, se registró un incremento del 12% en los reportes de violación en la Ciudad de México específicamente durante la semana en que la selección mexicana perdió contra Suecia y en el primer bimestre de 2026, las cifras de feminicidios en la CDMX aumentaron un 50% en el periodo previo a la inauguración del Mundial.

A esto se suma que la capital mexicana concentra el mayor número de llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres en el país, registrando más de 9 mil 600 llamadas en solo dos meses

En cuanto a la vida profesional del deporte, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el 78% de las mujeres que participan en el mundo del fútbol (jugadoras, árbitras, periodistas y aficionadas) han sido víctimas de violencia de género, señalando a la afición como el principal agresor. Esta cifra es grave considerando que, según datos del INEGI, 7 de cada 10 mujeres en México han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

La historia del fútbol no solo es celebración, también se trata de un laboratorio, de un fenómeno complejo que refleja desde conflictos en la cancha hasta problemas sociales profundos. 

Como señala Fernando Carrión Mena en  Fútbol y violencia: las razones de una violencia sin razón, desde sus orígenes el fútbol ha sido concebido como una “continuación de la guerra por otros medios”, pues ha incorporado lenguaje y tácticas militares como “estrategia”, “ataques” y “bombazos” en la cotidianidad. 

En dicho texto se retoma una leyenda inglesa que sitúa el origen de la primera pelota en la cabeza de un soldado romano muerto en batalla en el año 55 a.C. o en el cráneo de un vikingo. Como señala el autor, a finales de XVII, el juego era sumamente violento. En 1888, se registraron 23 jugadores muertos y decenas de fracturas; para 1890, la cifra de fallecidos subió a 26.

Ante la violencia extrema, surgió la necesidad de “civilizar” el conflicto para evitar su prohibición total. Esto dio lugar a la creación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como institución de “justicia” con reglas, además de la incorporación del árbitro como figura autoridad.

Hoy, el fútbol mainstream, como lo conocemos, ha transicionado a un esquema de deporte-entretenimiento-espectáculo, tal como se plantea durante las ceremonias de inauguración; sin embargo, la violencia se trasladó a las gradas.

En el siglo XIX surgieron grupos organizados como los hooligans en Inglaterra, las barras bravas en Argentina, como “La 12” de José Barrita y los ultras en España pero, ¿en qué consisten?

1. Hooligans 

Aunque su origen es cuestionado, este grupo cobró visibilidad internacional durante el Mundial de Inglaterra 1966. Se caracterizaban inicialmente por aparecer con cabezas rapadas, torsos desnudos y realizar cánticos injuriosos.

El grupo alcanzó su notoriedad más funesta con la tragedia de Heysel en 1985, donde un enfrentamiento con hinchas de la Juventus dejó 39 personas muertas.

A diferencia de otros grupos, los Hooligans suelen mantener una fuerte identidad local basada en sus ciudades o clubes, incluso cuando siguen a su selección nacional.

2. Barras bravas

El nacimiento de las barras bravas en Argentina se vincula a figuras como José Barrita, apodado “El Abuelo”, quien comandó la ya mencionada “La 12” hasta ser sentenciado en 1994 por la muerte de seguidores de River Plate. Su identidad se basa en el “honor masculino”, la idea de que deben demostrar valentía y capacidad de sacrificio físico por el grupo o los colores del equipo. 

Para estos grupos, los emblemas como banderas y camisetas son "trofeos de guerra”; robarlos o quemarlos representa una humillación suprema para el rival. Aquí, la masculinidad hegemónica comanda.

La primera barra brava en México fue la “Ultra Tuza”  del Pachuca, para la que se contrataron líderes extranjeros de Chile, Costa Rica y Argentina con el fin de organizarla.

3. Ultras

Los “ultras” surgieron con fuerza a partir de los años 80 en España y Europa. En algunos casos estos grupos se alimentan y promueven  ideologías de extrema derecha, racistas y xenófobas, utilizando el fútbol para manifestar una supuesta superioridad racial. 

Lo preocupante está aquí: con el tiempo, estos grupos han dejado de ser simples aficionados entusiastas para convertirse en organizaciones con estructuras complejas en donde la violencia impera y, en muchos casos, concluye con agresiones y violencia de género dentro o fuera de la cancha. 

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En México, el fútbol se vive y siente en cada rincón del país. El deporte se ha convertido en un espacio de comunión popular y cultural con una capacidad única para unir a las personas y moldear identidades de las personas. 

Sin embargo, el fútbol arrastra consigo un gran enemigo patriarcal: conductas machista y patriarcales, desde la brecha salarial entre jugadoras mujeres y hombres, el acoso a periodistas mujeres y la discriminación contra grupos de la comunidad LGBTQ+.

En el marco de la Copa del Mundo 2026, y la participación de México como sede mundialista junto a Canadá y Estados Unidos, resurgen, además, discursos de odio. A pesar de los esfuerzos institucionales por promover el respeto, aún se normalizan expresiones discriminatorias que afectan tanto a quienes practican el deporte como a quienes lo disfrutan o trabajan en él. 

Más allá de la emoción en la cancha, tras bambalinas, en canteras, en la celebración familiar, persiste la discriminación y, por lo tanto, la exclusión de miles de jóvenes que buscan espacios seguros. 

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]]> https://lacaderadeeva.com/actualidad/trabajo-de-cuidados-el-subsidio-invisible-que-sostiene-la-economia/16801 06/10/2026 10:58:00 a. m. El trabajo de cuidados equivale al 23.9% del PIB y sigue recayendo en las mujeres, limitando su autonomía económica y de tiempo, revela informe del CIEP.

¿Alguna vez te has preguntado de qué manera el sistema fiscal mexicano interactúa con la organización y estructura social del cuidado a lo largo de las distintas etapas de la vida?

En recientes años, hablar de políticas públicas y de presupuesto fiscal implica hablar inevitablemente  de cuidados, una tarea que por siglos ha sido sostenida por el trabajo no remunerado de las mujeres mexicanas, quienes realizan el 75% de los cuidados.  

Y es que el trabajo de cuidados no remunerado en los hogares equivale al 23.9% del PIB nacional, lo que representa una transferencia implícita de recursos hacia el sistema económico y  un subsidio invisible que es sostenido mayoritariamente por mujeres. 

Esto es lo que se investiga en el informe “Los cuidados y las finanzas públicas. El ciclo de vida fiscal”, realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) y que se presentó públicamente este 9 de junio en presencia de la economista y Directora Ejecutiva del CIEP, Alejandra Macías Sánchez, quién mencionó:

“Parece anticlimático que hoy los invitemos a hablar de cuidados cuando esta semana y la siguiente  parece que solo vamos a hablar de fútbol (...). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los cuidados no paran, independientemente de lo que pase. Estas actividades son las que sostienen la vida y es una actividad invisible”.

Te contamos. 

Los cuidados —entendidos como el conjunto de actividades, relaciones y procesos necesarios para sostener la vida, el bienestar y la autonomía de las personas— son el pilar que sostiene la vida y el sistema económico, pero su organización actual es profundamente desigual y recae de manera desproporcionada en las mujeres. 

De acuerdo con el informe, las mujeres destinan en promedio 40.9 horas semanales al trabajo no remunerado, más del doble que los hombres, quienes solo dedican 19.5 horas. Añadiendo el trabajo pagado, las mujeres trabajan 12.3 horas más a la semana que los hombres pues  la suma de las horas invertidas en el trabajo remunerado y el no remunerado resulta en un total de 83.1 horas a la semana, frente a las 70.8 horas de los hombres.

¿Y cuáles son las consecuencias de esta distribución no equitativa? La respuesta se encuentra en la restricción de la autonomía, que los feminismos han peleado desde su concepción. 

Según el informe, la distribución inequitativa de los cuidados limita sistemáticamente tres tipos de autonomía en las mujeres: la autonomía económica, de tiempo y funcional. Por un lado, la carga de cuidados restringe su participación laboral, empujándolas hacia empleos precarios, de tiempo parcial o a la inactividad, mientras que la falta de tiempo o “pobreza de tiempo”, reduce sus posibilidades de descanso, educación o desarrollo personal. 

Esto resulta en una pérdida de autonomía funcional, es decir, cuando las personas cuidadoras no cuentan con las condiciones para cuidar sin reducir su propia autodeterminación y bienestar.

El sistema fiscal no es neutral y las personas se relacionan con él de forma distinta según su edad, alternando etapas de dependencia con etapas de contribución. De acuerdo con el informe, el impacto a lo largo del ciclo de vida es, por ende, diferenciado. 

En el caso de la primera infancia (0-5 años), etapa en la que el cuidado de las y los más pequeños recae casi exclusivamente en las mujeres dentro del hogar, la contribución al sistema tributarios asciende a los 1 mil 798 pesos anuales  per cápita (0.3% del total fiscal), y los de 6 a 12 años aportan poco más de 2 mil pesos (0.5% del total).

Es durante la adolescencia (13 a 17 años) que se empiezan a recibir menos cuidados directos, pero asumen responsabilidades de cuidado en el hogar. Este es el grupo con el mayor gasto público per cápita (14 mil 876 pesos), concentrado en becas y educación media superior. Sin embargo, en esta etapa las personas adolescentes también inician su transición fiscal con aportaciones de 4 mil 494 pesos anuales per cápita.

Las mujeres jóvenes de 18 a 29 años de edad asumen una carga crítica, pues son el grupo que dedica más tiempo a cuidar a otros, con un promedio de 56 horas semanales; por ejemplo, del total de personas que no asisten a la escuela por realizar trabajo doméstico, el 90.6% son mujeres. Su aporte fiscal crece al 14.9% del total (más de 42 mil pesos anuales per cápita).

Mientras, personas adultas de 30 a 59 años son el principal sostén del sistema, dedicando 51.2 horas semanales a cuidar de otras generaciones mientras son las mayores contribuyentes fiscales aportando el 62.7% del total de los ingresos del Estado (casi 82 mil pesos anuales per cápita).

Finalmente, las personas adultas mayores (de más de 60 años de edad) concentran la mayor necesidad de cuidados de largo plazo y dependencia funcional. Sin embargo, a pesar de su edad, muchos siguen siendo cuidadores, dedicando 38.9 horas semanales a tareas no remuneradas. Su contribución es del 20.8% (más de 70 mil 500 pesos) del total, pero el gasto que reciben es de apenas 10 mil pesos per cápita.

Esta situación es crítica pues, como se señala  el CIEP, para 2050 la población de 60 años o más se habrá duplicado, lo que ejercerá una presión fiscal y social insostenible si no se transita hacia un sistema donde el Estado, el mercado y la comunidad compartan la carga que hoy asumen desproporcionadamente las familias y las mujeres.

El cuidado no solo es un conjunto de acciones, también es un derecho humano fundamental tridimensional que reconoce el derecho a recibir cuidados, el derecho a brindar cuidados en condiciones dignas y el derecho al autocuidado. ¿En dónde está la atención para las personas cuidadoras en México? 

En México, alrededor de 115.7 millones de personas realizan trabajo de cuidados no remunerado que desempeñan diferentes tipos de cuidados —directos, indirectos, mental y emocional, intensos y especializados—, desde atenciones como acompañamientos y vigilancias, trabajo doméstico como limpieza y cocina, hasta atenciones motrices y psiquiátricas. 

Aunque la recién aprobada Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México ahora es una realidad, las deudas siguen pendientes, especialmente a nivel nacional. A pesar de la creación del Anexo 31 para visibilizar el gasto en cuidados, existe una gran desproporción: las personas cuidadoras reciben apenas el 0.06% del total de los recursos de dicho anexo. 

La mayoría del gasto se orienta a transferencias monetarias que no necesariamente reducen la carga de trabajo cotidiano.

Para dignificar el trabajo de las personas cuidadoras, el estudio propone el marco de las 5R: 

• Reconocer: visibilizar y valorar el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado.

• Reducir: disminuir la carga de tiempo mediante servicios públicos e infraestructura.

• Redistribuir: repartir responsabilidades entre el Estado, mercado, familias y comunidad, así como entre hombres y mujeres.

• Remunerar: garantizar ingresos justos, derechos laborales y protección social para quienes cuidan.

• Representar: asegurar la voz de las personas cuidadoras en las decisiones públicas.

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A pocos días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, que tendrá como sede el recién nombrado Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), en la capital del país se ha gestado un fuerte movimiento de resistencia urbana.

Entre la movilización activa que sostiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo Capitalino, y las múltiples denuncias de impunidad ante la crisis de desapariciones en México —al día de hoy se registra una cifra de más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas—, activistas señalan que el famoso torneo deportivo profundiza las problemáticas que atraviesan al país.

Detrás de las obras y remodelación del espacio público —como del recién inaugurado "Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan", cuya construcción continúa sin finalizar en su totalidad, pues únicamente se entregó el tramo Pino Suárez-San Antonio Abad, aunque se tenía previsto llegará a la estación del metro Chabacano— se oculta a plena luz del día la privatización, que no resuelve problemas estructurales de los habitantes, gentrificación, desalojos forzados, escasez de agua y la desaparición de personas, como te contamos en esta nota.

Las movilizaciones previstas, como la marcha, son diversas y se constituyen desde la comunidad. En días recientes diversos medios de comunicación hegemónicos han difundido la convocatoria de una supuesta “Megamarcha” que, como enfatizó el Centro de Comunicación Popular y Acción Colectiva, junto a otras organizaciones en redes sociales, es falsa y su difusión ha sido asociada a perfiles de ultraderecha y antiderechos, como el de “Mexicanos libertarios”. 

“Las rutas en su convocatoria fueron inventadas por estos grupos sin consultar a nadie en las bases ni al movimiento social y no están confirmadas, por ningún grupo de madres buscadoras, colectivos, campesinos, ni sindicatos democráticos. Mucho menos por la CNTE”, señalaron en la publicación. 

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¿En dónde queda la justicia para las niñas y adolescentes? Hace un par de días se viralizó en redes sociales un caso ocurrido en Ecatepec, Estado de México, relacionado con violencia sexual y abuso de poder, que abrió nuevamente la discusión sobre la violencia que enfrentan niñas y adolescentes, las relaciones desiguales de poder y las fallas institucionales en el acceso a la justicia.

El caso se centra en una supuesta relación marcada por una evidente asimetría de poder y en el abuso sexual cometido por Víctor “N”, profesor de 49 años de edad, contra una alumna de 14 años de la Secundaria Federalizada 53 “Quetzalcóatl” en Ecatepec. Te contamos.

En enero de 2026, Leticia Estrada, la madre de la menor, descubrió conversaciones en el celular de su hija en donde el abuso era evidente. El profesor admitió la relación en un audio, alegando que eran “novios” y que se trataba de una relación consensuada e, incluso, que pretendía pedir permiso a los padres para continuar el “vínculo”.

Víctor “N” fue denunciado y quedó detenido bajo prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, y a pesar de que la madre de la menor presentó pruebas para demostrar que el profesor manipuló a su hija para abusar de ella, la defensa promovió un amparo que permitió al docente que el juez Luis González Carmona le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria tras pagar una fianza de 75 mil pesos el pasado 29 de mayo. 

Actualmente, enfrenta el proceso desde su vivienda, la cual se encuentra a solo cinco minutos de la casa de la víctima.

A través de un comunicado, la Secretaría de las Mujeres señaló: “Las relaciones entre personas adultas y menores de edad no pueden verse bajo parámetros de igualdad o libre consentimiento propios de las relaciones adultas. La diferencia de edad y las condiciones de poder genera una situación de especial riesgo para las niñas, niños y adolescentes , por lo que la situación debe atenderse con perspectiva de género y conforme a la ley”.

Además, hizo un llamado enérgico para que la impartición de justicia se apegue a los principios de interés superior de la menor de edad y rechazó la normalización y justificación de las supuestas relaciones entre adultos y menores de edad. 

En este caso, como en muchos otros, el sistema judicial ha omitido juzgar con perspectiva de género, permitiendo medidas como la prisión domiciliaria para agresores sexuales, lo que revictimiza a las menores y sus familias. La respuesta ha sido insuficiente. Así lo ha denunciado la familia de la menor. 

Este caso de abuso no es único. En México, la violencia contra niñas, niños y adolescentes muestra una tendencia preocupante, con cifras que han alcanzado máximos históricos en delitos específicos durante la primera mitad de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), los delitos contra personas de 0 a 17 años, en 2025 se reportaron 20,028 delitos, lo que representa un aumento del 2.5% anual respecto al 2024.

Entre las entidades con mayor incidencia de delitos en contra de la niñez, se encuentra el Estado de México en primer lugar, seguido por la Ciudad de México y Guanajuato en 2025. El Estado de México encabeza también la lista de los estados con mayor número de casos de feminicidio junto a Tabasco y Veracruz. 

A esto se suman los casos de fecundidad forzada, una violación a los derechos humanos consecuencia de abuso sexual que, de acuerdo con la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva, en 2025, se estima que ocurrieron casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años, mientras que en 2024 se estima que el 1.8% de los progenitores tenían alrededor de 35 años o  más. 

En este panorama, y más allá de la atención mediática y de la circulación masiva del caso, el hecho vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta: ¿cómo responde el sistema cuando quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad son niñas y adolescentes?

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Los derechos no están garantizados para siempre. Mientras activistas por los derechos de la personas y la comunidad LGBTQ+ resisten día con día a la hegemonía del sistema cis-heteropatriarcal, en los congresos se decide quién puede o no acceder a derechos básicos. 

En Querétaro, el veto a la Ley de Identidad de Género lo demostró. Desde entonces, se han desplegado diversas protestas y llamados a frenar discursos excluyentes y discriminatorios. Te contamos. 

El 30 de abril de 2026, el Congreso local de Querétaro aprobó con 14 votos a favor y 11 en contra, la Ley de Identidad de Género Autopercibida. Esta legislación permite que las personas ciudadanas modifiquen su acta de nacimiento mediante un proceso administrativo simplificado en el Registro Civil, eliminando la necesidad de un proceso judicial largo y costoso. 

En ese entonces, la iniciativa recibió el respaldo de la mayoría; sin embargo, legisladores expresaron preocupaciones sobre el alcance de la reforma, particularmente respecto a la exclusión de menores de edad y la falta de normativas en espacios públicos, pues la ley establece requisitos específicos, como tener nacionalidad mexicana y ser mayor de edad, es decir, tener los 18 años cumplidos. 

A pesar de que el objetivo de la reforma era armonizar el Código Civil para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la identidad según los estándares actuales de derechos humanos en México, los tratados internacionales a los que el país está adscrito, y lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la rectificación de nombre y género como derecho fundamental, la reforma corre peligro. 

Después de su aprobación se esperaba que la ley fuera publicada en el Diario Oficial del Estado para su entrada en vigor en los días siguientes, pero a finales de mayo de 2026, el gobernador Mauricio Kuri González anunció que vetaría la ley. 

“Les informo a las y los queretanos que estoy vetando, conforme a mis facultades constitucionales, la llamada ‘ley de identidad de género’”, anunció el gobernador mediante un video en redes sociales. 

El principal argumento del gobernador para el veto es que la ley supuestamente permitiría a niñas, niños y adolescentes cambiar su sexo en el acta de nacimiento por autopercepción. Además, señaló que la reforma era un “tema ideológico” impulsado por la “izquierda radical” que pretendía imponerse a la sociedad.

Sin embargo, tanto el autor de la iniciativa, Arturo Maximiliano García, como otros legisladores señalan que, en el propio texto legal, se aclara que el trámite es exclusivamente para personas mayores de edad.

Una vez que se anunció el veto, organizaciones como el Comité Organizador de la Marcha de Orgullo y Dignidad LGBT+ de Querétaro, Colectivx Diversidad y Sierra Incluyente emitieron pronunciamientos de rechazo total, en el que calificaron la decisión como una estrategia de “desinformación, odio y pánico moral”, y señalaron que las palabras del gobernador, especialmente al sugerir que ciertos movimientos buscan “contaminar” el estado, son irresponsables, regresivas y peligrosas, ya que validan la exclusión y la violencia contra la comunidad trans.

“Denunciamos públicamente que el comunicado emitido por el Ejecutivo para justificar el veto es una falacia jurídica que busca desinformar a la ciudadanía. (...) Repudiamos enérgicamente las narrativas transfóbicas promovidas desde Palacio de Gobierno que sugieren que el reconocimiento de la identidad abre la puerta para que ‘criminales oculten su personalidad’”, señalaron las organizaciones a través del  comunicado en conjunto. 

Y agregaron: “Los derechos humanos no se vetan, la dignidad no se negocia”.

Entre consignas como “No al veto” y “Aquí está la resistencia trans”, activistas y personas de la comunidad LGBTQ+ salieron a las calles de la Plaza de Armas en Querétaro para manifestarse en contra del veto el pasado 28 de mayo. 

En este Mes del Orgullo, los colectivos hacen un llamado para protestar en contra de la exclusión. “¡Es momento de unidad de los movimientos sociales contra la ultraderecha y ponerles un límite constitucional! Ahora tocó a la población Trans y NB. ¿Qué otra población sigue en quitarle sus derechos? ¿Si no es ahora, cuándo?”, enfatizaron, invitando a la ciudadanía a participar y acuerpar a la comunidad el próximo sábado 13 de mayo a las 16:00 horas en San Juan del Río, Querétaro. 

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En México, ejercer el periodismo es un trabajo que pone en riesgo vidas. Ser mujer y periodista representa una doble amenaza. De acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), esto se debe a que cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista, convergen dos factores de riesgo: los derivados de su labor informativa y los propios de la violencia de género que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su profesión.

Este es el caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien ha sido víctima de desaparición forzada desde el 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital, Veracruz. Te contamos el caso. 

En 2025, la periodista Roxana Guzmán, fundó el medio digital Pulso Informativo del Sureste, tras regresar a Veracruz. Ahí, Guzmán desempeñó las funciones de directora y reportera, enfocándose en denuncias ciudadanas y rendición de cuentas a nivel local hasta el pasado 2 de junio, fecha en la que se denuncia su desaparición. 

De acuerdo con los reportes, al menos tres hombres armados y encapuchados irrumpieron violentamente en su domicilio alrededor de las 6:00 horas, rompiendo cristales y sometiendo a sus familiares, a pesar de la presencia de un bebé, para llevársela por la fuerza. 

Este momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales, difundido por familiares que denuncian la irrupción violenta y que piden justicia tras los hechos. 

Esta no es la primera vez que la periodista y su familia se enfrenta a una situación de persecución, antes ya se tenían antecedentes de amenaza y peligro. En 2017, su esposo, Carlos Fernández Escalante, fue asesinado frente a ella. Tras este evento, se vio obligada al desplazamiento forzado fuera del estado, regresando apenas hace un año para retomar su labor periodística.

Se tiene registro de que en 2019, Guzmán solicitó protección debido a un hostigamiento presuntamente por parte de una funcionaria municipal, por lo que, tras su  desaparición se activó específicamente la Alerta Mujeres Periodistas para presionar a las autoridades federales y estatales en su localización.

Después de Palestina, México fue la segunda nación más letal para la prensa en 2025, superada únicamente por Palestina, de acuerdo con información de Reporteros Sin Fronteras. Y es que, tan solo en 2025, 9 periodistas fueron asesinados en el país, lo que representó la cifra más alta de homicidios en un periodo de tres años.

En cuanto a desapariciones, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en desapariciones de comunicadores con 28 casos en 2025, solo por detrás de Siria, con 37.

A esto se suma el género, un factor fundamental cuando se habla de justicia e impunidad. En el ilustrativo estudio de CIMAC se reveló que 73% de las reporteras encuestadas ha sufrido acoso sexual, el 57% de los medios carece de protocolos contra violencia de género y el 36% ha pensado en abandonar la profesión debido a las condiciones y violencias que viven en el desarrollo de su carrera.

A esto se suma que, de las 670 personas periodistas protegidas por el Mecanismo federal, solo 28% son mujeres, pese a que ellas representan casi la mitad de las agresiones. Ante este panorama surge la pregunta: ¿por qué en México la vida de quienes informan siempre pende de un hilo?

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