¿Acaso el reconocimiento laboral de las mujeres solo ha sido una trampa de un sistema que tiene la capacidad de capitalizar movimientos sociales y convertirlos en explotación laboral?

Me encontraba viajando en el metro de la Ciudad de México, cuando observé el vagón y me di cuenta de que todos estaban inmersos en su celular. Al mismo tiempo, escuché a una señora que le decía a su hija de 15 o 16 años que le había conseguido trabajo en el mercado, pues ya se tenía que aprender a ganar el dinero. Del articulo 173 al 180 de La ley Federal del Trabajo se busca regular el trabajo de personas menores de edad y, allí mismo, se establece que la edad mínima permitida para trabajar legalmente son los 15 años.

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del INEGI encontró que, de los 3 millones 700 mil infantes que trabajan, 2.1 millones lo hicieron en alguna actividad no permitida. (UNAM Global Revista, “Trabajo infantil en México.”). En ese sentido, ¿por qué las personas en el metro habían normalizado o ignorado que una niña comenzara a trabajar tan joven en un país peligroso y con una de las mayores tasas de explotación infantil? Allí entendí que las pantallas y el cansancio laboral jugaban un papel importante. Aquel día el metro parecía, metafóricamente, una toma aérea de la sociedad y los problemas que se desarrollan.

Fotografía: Andrés Ramírez Flores

¿Qué dice la ciencia sobre la normalización de conductas sociales a través de las pantallas y el scrolling infinito?

Diversos estudios científicos afirman que el uso constante del celular y redes sociales tiene un impacto grave en el cerebro. La neurocientífica de la Universidad de Harvard, Mathura Shanmugasundaram explica cómo se daña la Corteza Cingulada Anterior (CCA). Esta es una región del cerebro encargada de la regulación cognitiva y emocional. La lista de daños es larga; disminución en la capacidad de toma de decisiones, de atención y retención de información. ¿Qué fue lo que más llamó mi atención? Fatiga cognitiva, pérdida de la memoria y capacidad de análisis y cuestionamiento.

A lo largo de la historia han existido mecanismos de atención y control ideológico, pero no tan invasivos y similares a una droga ¿En dónde radica lo peligroso? Que ahora gracias al constante estimulo cerebral se normalizan procesos y cambios sociales sin cuestionar sus bases. Es decir, ¿En qué momento las mujeres se insertaron a las nuevas condiciones del mercado laboral con las mismas responsabilidades familiares y domésticas?

El reconocimiento laboral femenino y su bienvenida a la doble explotación

La economía “se dio cuenta” de que estaba desaprovechando una oportunidad de explotación. No dudó ni un segundo en dotar de mayor responsabilidad a las mujeres. Al mismo tiempo, este mismo mecanismo se colgó de la lucha de las trabajadoras que día con día exigen sus derechos. Estos “cambios” demuestran más una bienvenida de las mujeres a la precariedad y doble explotación laboral, pero ahora formalizada.

Lo anterior, no nos lleva a una teoría de conspiración: es un análisis de resultados de la brecha salarial ¿Por qué en las metrópolis de México la administración económica del hogar solo se sostiene si todos los miembros trabajan? En México la brecha salarial del 2025 revela que las mujeres ganan de 14% a 18% menos que los hombres y entre las causas esta la maternidad y las responsabilidades familiares. Existe movimiento en la economía, pero en donde realmente se hizo el ajuste fue en la administración del hogar.

Fotografía: Andrés Ramírez Flores

Mientras las pantallas hacen su trabajo y capturan nuestra atención nos venden la idea de libertad en una sociedad en donde la productividad organiza nuestras vidas, dejamos de cuestionar condiciones que hace algunas décadas hubieran parecido insoportables. Quizá por eso aquella niña en el metro ya no movía la indignación de nadie. El riesgo no es solo trabajar para sobrevivir, sino olvidar que aspiramos a vivir de otra manera. No niego el gran avance y reconocimiento histórico de las mujeres, pero esto se siente como una trampa para producir más en una economía con su propia moral. 

Hoy en día la mujer trabaja y tiene más responsabilidades que en cualquier momento de la historia. Le llamamos igualdad de oportunidades a un juego que no da, ni siquiera, la equidad de condiciones a todos. Vivimos en un espejismo de igualdad social, cuando no hemos entendido que ni siquiera estamos en el juego. ¿Acaso no vemos los comerciales que normalizan que una mamá peine a su hija mientras pide un taxi por aplicación y va tarde al trabajo? Si seguimos este rumbo no quiero ni imaginar cómo normalizaremos que trabajen formalmente los menores de edad.

Entre el 6 y 10 de mayo de 2026, la Ciudad de México se transformó en el epicentro de un movimiento cultural sin precedentes: la llegada de la banda surcoreana, BTS, a México después de nueve años de ausencia en tierras mexicanas. 

La visita de BTS al país incluyó tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, realizados los días 7, 9 y 10 de mayo pero la aventura comenzó antes; la banda hizo su primera aparición oficial en Palacio Nacional, después de responder a la convocatoria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para saludar a su fandom, conocido como ARMY, desde un palco del recinto, tras la apabullante demanda que se vivió el 24 de enero, fecha en la cual se vendieron los boletos para sus conciertos. 

Durante el primer mes de 2026, más de un millón de personas intentaron comprar boletos para ver a la banda surcoreana, sin embargo, únicamente más de 140 mil personas obtuvieron entradas. 

A casi cuatro meses después de la venta ARMY Membership, los integrantes de BTS, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook iniciaron el concierto del 7 de mayo con Hooligan, una canción energética que le habla a la juventud, a la rebeldía y al ímpetu de romper las reglas después de haber realizado su servicio militar, entre diciembre de 2022 hasta mediados de 2025. 

La visita de BTS a México da para hablar de muchas cosas; desde las críticas por la indolencia del gobierno federal, que pone al centro de la agenda mediática la visita del grupo, en lugar de priorizar demandas urgentes como la crisis de desapariciones en México, que al día de hoy suma más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, hasta la importancia del derecho al ocio.

Como una fangirl de BTS desde 2017, como periodista antipatriarcal, como mujer asalariada, estás conversaciones pesan en proporciones similares; nos atraviesa la violencia, la desigualdad, la precarización así como la falta de oportunidades por acceder a un concierto de nuestras y nuestros artistas favoritos. 

Mientras caminaba entre ARMY el 9 de mayo, la fecha de mi concierto, no podía dejar de pensar en una cosa: el gozo, el entusiasmo, el desenfreno y la comunidad deben ser un derecho para todas las mujeres. Entre chistes “locales”, freebies —pequeños regalos hechos a mano que las y los fanáticos obsequian o intercambian como recuerdo del concierto—, danzas y looks, ARMY le gritó al gozo y al sentido de pertenencia. 

Como señaló Leslie Jimenez, abogada jurídica y colaboradora de La Cadera de Eva, en redes sociales: “les fans están pensando políticamente. Si están cuestionando, sí están discutiendo, Y eso importa muchísimo”. 

Podía verlo en los ojos de quienes me extendían una photocard de mi integrante favorito, en las risas colectivas que disfrutaban del ambiente previo al concierto, en los carteles que celebraban la visita de BTS al país pero denunciaban las negligencias gubernamentales; para muchas —como para mí— este momento de comunión representaba algo más: un sueño cumplido, un nuevo comienzo, más espacio para el “muy” político gesto de esparcimiento y disfrute con consciencia política. 

Los mismos BTS los cantan en una de sus canciones más recientes, perteneciente a su último álbum, ARIRANG: Sí, me siento como nueva. Otro paso con nuevas especificaciones; paso dos, ni siquiera tenemos que correr.

Debo confesar que, después de que la presidenta anunciara la visita de BTS a Palacio Nacional dudé en asistir; la discusión alrededor de su visita era ensordecedora. Me dije a mí misma que podría asistir con fines periodísticos y, para mi sorpresa, lo fue en cierta medida. 

Fuera del espacio de prensa, entre ARMY, entre mujeres de todas las edades, pude ver la euforia y la alegría que embellecía los rostros de quienes esperaban a BTS en la plaza del Zócalo; muchas no consiguieron boletos para sus conciertos, por lo que esta era la única oportunidad que tenía para verlos. Y así fue, cuando los integrantes se despidieron desde los balcones laterales de Palacio Nacional miré a mi alrededor y encontré múltiples gestos: personas llorando porque habían visto a su banda favorita; amigas abrazándose, emocionadas y conmovidas; madres e hijas tomadas de las manos, creando recuerdos. 

Ese día platiqué con una joven universitaria; lloraba y comencé a llorar también. Intercambiamos nuestra afición por el grupo a pesar de ser completos desconocidas, nos acompañamos en el placer de pertenecer, aunque sea por unos minutos. Esto también me ocurrió cuando ya estaba dentro del Estadio GNP: aunque iba sola, encontré acompañamiento en las fans que estaban a mi alrededor. 

Conocí a mujeres que considero cercanas aunque estemos lejos; sin embargo, esto no sería posible de no ser por los mensajes de autoestima, confianza y amor propio  que promueven en sus canciones, de las letras que resuenan con quienes pasamos tiempos de confusión, de desasosiego y de tristezas.

Los integrantes de BTS se despidieron de México el domingo 10 de mayo  con una asistencia a sus conciertos de más de 300 mil personas —dentro y fuera del recinto—. Prometieron volver y ARMY prometió esperar. En este entusiasmo, en el cariño mutuo, en la reciprocidad, pienso que hay un sentido de integración y gozo que solo la comunidad puede crear.  Y es que si algo me queda claro es que BTS nos unió, pero nosotras nos sostenemos.

El Día de las Madres tiene, cada año, a miles de mujeres en México celebrando desde el encierro. No salen en los anuncios publicitarios ni se aparecen en las postales de temporada, ¡pero existen! De acuerdo con la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Crimen, 7 de cada 10 mujeres privadas de la libertad en el mundo son madres y la mayoría eran principales cuidadoras antes de su detención.

En México, al término de 2024, había 13 mil 985 mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales del INEGI. Lo que las estadísticas no dicen con suficiente claridad es que detrás de cada una existe, en la mayoría de los casos, una familia fracturada: al menos el 80% de las mujeres en prisión son madres.

El encarcelamiento femenino ha crecido de manera sostenida. La población de mujeres privadas de la libertad se triplicó en los últimos 20 años y la tendencia no cede. Los delitos por los que más ingresan a los centros federales son los relacionados con narcóticos, con 34.4% de los casos, lo que presupone que muchas son captadas por redes criminales en condiciones de pobreza extrema, sin opciones laborales y con hijos que alimentar. El sistema penal las sanciona sin atender las causas que las llevaron ahí.

Dentro de los centros, la maternidad se ejerce en condiciones precarias. Al cierre de 2024, el INEGI registró a 307 mujeres que vivían con sus hijas e hijos menores de seis años en prisión. De ese total, 42.1% tenía menos de un año de vida. Solo el 31.9% de los centros para mujeres o mixtos contaba con espacios para la maternidad y únicamente el 26.2% tenía áreas educativas para la niñez que vivía ahí. Crecer entre rejas no debería ser una condena para las y los hijos, pero el país aún no garantiza condiciones distintas.

El impacto sobre quienes no permanecen con sus madres es igualmente grave. La separación abrupta genera trastornos de ansiedad, dificultades de apego y rezago cognitivo y emocional, según documentan la organización Reinserta y algunas investigaciones sobre desarrollo infantil. Los hijos que quedan fuera crecen, en muchos casos, al cuidado de abuelas o familiares en precariedad, cargando el estigma de tener una madre presa. Un estigma que, como señala la feminista Marcela Lagarde, se funda en la exigencia patriarcal de que la feminidad se realice a través de la maternidad: la mujer que delinque es castigada dos veces.

Un vistazo al mundo entero muestra que existen otros caminos. Las Reglas de Bangkok, adoptadas por la ONU en 2010, instan a los países a privilegiar medidas no privativas de libertad para mujeres con hijos dependientes cuando los delitos no impliquen violencia. España permite la convivencia de menores con sus madres hasta los tres años. Italia contempla establecimientos de régimen atenuado y arresto domiciliario. Argentina también prevé alternativas al encierro. México avanza despacio: una iniciativa presentada en febrero de 2025 ante la Cámara de Diputados busca reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para garantizar protocolos de separación progresiva y sustitutivos penales para madres de menores de 12 años, pero aún no es ley.

Para las miles de mujeres que viven el Día de las Madres privadas de su libertad un buen regalo es nombrarlas, visibilizar su realidad y recordar que en la literatura criminológica y en informes institucionales se comprueba: su realidad no es un fenómeno homogéneo ni reducible a “decisiones individuales”; responde a una combinación de factores estructurales, relacionales y económicos. Atenderlos es una urgencia, con o sin 10 de mayo cerca.

Nos encontramos en un momento importante: paso a paso, gota a gota, en distintos lugares de nuestro país y de América Latina la conversación pública sobre los cuidados comienza a tomar más espacios y más tiempos. En distintos puntos geográficos se comienza a discutir en las instituciones del estado y en la sociedad la importancia de generar normativas y acciones gubernamentales que vayan dando vida y sostén al derecho al cuidado. Sin duda, cada una de las experiencias que conforman estos procesos son grandes logros históricos que, con sus retos, límites y alcances, al menos nos prometen que nuestras vulnerabilidades genéricas y, al mismo tiempo, socialmente distribuidos y vividas de manera desigual, serán sostenidas y atendidas por más manos que las de algunas mujeres en nuestras familias.

Sin embargo, mientras estos procesos toman vida, logran hacerse prácticos y sostenerse y ampliarse para atender, sino todas, al menos la mayoría de las necesidades de cuidados, éstas necesidades no esperan. No esperan y además rebasan algunos marcos y horizontes de estas políticas. Así, mientras esperamos que se concreten o participamos activamente en su concreción, a muchas de nosotras y nosotros, en carne propia o en la carne de otras personas allegadas, estas necesidades de cuidados se acrecientan y sobrepasan la posibilidad de ser atendidas únicamente en el ámbito familiar. Y no sólo porque hacerlo sigue siendo parte de una injusticia estructural actualizada cotidianamente que organiza nuestras sociedades. Sino también, porque muchas configuraciones familiares en las que vivimos actualmente ya no permiten que exista alguien que, aún cuando sea injustamente, se dedique principalmente a sostener todo este cuidado que debería ser provisto de manera corresponsable. No hay duda que la crisis de los cuidados se vuelve cada vez más intensa y más profunda dejándonos más vulnerables y desprotegidos.

En ese proceso, una de las alternativas (que no debe ser la única ni un sustituto absoluto de la falta de corresponsabilidad social y de género en los cuidados que existe actualmente) es generar redes de cuidados para poder solventar un poco estas necesidades de cuidados acrecentadas en estas múltiples experiencias críticas de sostén de las vidas individuales y colectivas. Pensar en estas redes no es una idea para nada nueva. Pero quisiera tomar los párrafos que me faltan por escribir para anotar dos puntos que considero que pueden ayudar a impulsarlas.

El primero y más importante para mí es que aludir a la generación de estas redes debe salvarse de ser solamente un discurso público, privado o comunitario. Es decir, no deben ser sólo palabras que nos permitan encubrir que no nos estamos comprometiendo en sostener una parte justa de estas redes, o discursos políticamente correctos que simplemente nos permitan tener un lugar de enunciación (y por lo tanto de capital simbólico) en los debates públicos de los cuidados. Así, como dicen las éticas del cuidado (Arango y Molinier, 2011), es importante considerar que los cuidados son sobre todo un trabajo, es decir, una actividad práctica informada afectiva, ética y epistémicamente que se hace. Entonces, para mí, generar estas redes es comenzar a actuar: preguntarnos en conjunto qué podemos hacer y acordar cómo hacerlo para, precisamente, hacerlo. Por ejemplo: podemos acompañar eventualmente a alguien a una cita al médico, ir a ayudarle a hacer las compras y la despensa, realizar con ellos un trámite burocrático fundamental para sostener y cuidar de su vida, brindar cuidar emocionales, acompañarnos en las tareas domésticas y de cuidados que necesitamos o que brindamos.

Cualquiera que sea el camino práctico que tomemos para tomar acción en los cuidados debe surgir de una deliberación colectiva sobre cómo tomarlos, como configurarlo, recibirlo y devolverlo. Es decir, como segundo punto, considero que al realizar estas prácticas debemos tener atención simbólica y actuante sobre cómo no reproducir las desigualdades y las injusticias de los cuidados en estas redes. Es decir, cómo hacer que no sean siempre las mismas personas (o mujeres) las que brindan cuidados en el ámbito de lo colectivo. Cómo hacer para que quienes siempre cuidan reciban ahora los cuidados que necesitan para sostener su vida y su bienestar. Cómo ligar estas redes con los esfuerzos gubernamentales (y al mismo tiempo, con cuidado de las relaciones de poder que les configuran) que intentan echar andar el derecho al cuidado en diversos puntos de nuestro país. En suma, cómo hacer para recurrir a la dimensión ética, política, afectiva y epistémica de los cuidados para no reproducir las relaciones de poder, de desigualdad y de injusticias en los cuidados hechos en y para lo común.

No cabe duda que la tarea es ardua, pero pienso que estamos en un momento en el que podemos comenzar a ensayar en la práctica y no solo en las palabras otras formas de cuidarnos de la forma más justa posible. Nuestras vidas penden de ello.

En su novela Ceniza en la Boca, la escritora mexicana Brenda Navarro retrata una historia de migración. La madre se marcha a trabajar como cuidadora a España, mientras la hija adolescente permanece en México junto a los abuelos, encargándose de un niño pequeño en una Ciudad de México que los personajes perciben como precaria, dura e incapaz de abrazarlos. El resentimiento de la hija hacia su madre crece por el abandono y porque intuye que detrás del proyecto migratorio hay motivos que van más allá de lo económico, y para ella como hija esto es inexplicable. En un momento, la hija escribe:

“Me odias a mí y por eso me dejas a tu hijo, y por eso te haces la mosquita muerta, pero en realidad ya estás imaginándote en el avión, ya estás en el avión, desgraciadita, ya lo estás”.

La historia de esta familia y de esta madre es conmovedora y reveladora sobre la migración de cuidados, las afectaciones emocionales que dejan las fugas de cuidado  y  las múltiples razones que llevan a una mujer a convertirse en una migrante cuidadora remunerada.

El relato exclusivamente económico que subyace al concepto de Cadenas Globales de Cuidado, definido por Hochschild como “una serie de vínculos personales entre personas de todo el mundo, basadas en una labor remunerada o no de asistencia” (2000), y sus desarrollos posteriores, potenciaron el relato único de una mujer migrante proveniente de un país pobre que decide insertarse en el mercado global de cuidados, vendiendo lo que puede ofrecer: su cuerpo, su tiempo y sus afectos.

En la visión tradicional de estas cadenas, hay un hogar de un país pobre (primer eslabón) que expulsa a una mujer  (segundo eslabón), quien atenderá las demandas de un hogar en un país rico (tercer eslabón). En la mayoría de los casos, estas migrantes —más del 80% son mujeres, según la OIT (2023)— se insertan en el mercado laboral, con salarios precarios. Al trabajar en condiciones injustas, no solo solucionan la crisis de cuidados del hogar receptor, sino que contribuyen a la generación de riqueza del país. Se estima que hay 75,6 millones de empleadas domésticas en todo el mundo, de las cuales al menos el 30% son personas migrantes (OIT, 2023).

Sin embargo, y a pesar de la relevancia del concepto para ofrecer una perspectiva geopolítica sobre los afectos y su mercantilización —dice Hochschild: “El principal recurso extraído del tercer mundo ya no es el oro o la plata, sino el amor” (2000)—, este enfoque es insuficiente para abordar la multiplicidad de factores estructurales e individuales detrás de la decisión de migrar para trabajar cuidando.

Los múltiples factores detrás de la migración de cuidados

Las razones que llevan a las mujeres migrantes a insertarse en estas cadenas globales trascienden lo económico. Factores como los conflictos armados y políticos, las violencias de género, el desplazamiento climático, la LGBTIfobia, entre otros, también explican la configuración de estos circuitos transfronterizos. La profesora colombiana Camila Esguerra introduce el concepto de tramas transnacionales del cuidado para complejizar la propuesta original de las cadenas globales de cuidado. La autora rompe con la narrativa tradicional de la "migrante económica", al considerarla unidimensional e insuficiente para comprender la dinámica global. Según Esguerra, las tramas transnacionales del cuidado son una urdimbre densa y compleja que incluye aspectos sociales, económicos, políticos, narrativas sociales sobre migración y cuidado y proyectos neo(coloniales) que sostienen el régimen transnacionalizado de cuidados  (2021).

Ir más allá del relato economicista no significa negar las condiciones estructurales que generan las expulsiones (Sassen, 2015), sino reconocer la diversidad de factores estructurales e individuales que llevan a una mujer a migrar para dedicarse al cuidado.

Ahora bien, hay también una diversidad de factores individuales que pesan en esta decisión, uno de estos es la búsqueda de autonomía. Muchas mujeres migrantes deciden insertarse en el mercado de cuidados para sostener un proyecto migratorio que les permita construir autonomía frente a instituciones como la familia, donde se reproducen diversas desigualdades, incluidas las de género. Como señala la profesora Alethia Fernández: “La migración suele ser un quiebre del espacio social y una oportunidad para controlar el entorno social a favor de las mujeres (a través de un empleo remunerado y reconocido, una nueva división sexual del trabajo, nuevas redes sociales y conocimientos adquiridos)” (2014)

Las mujeres migrantes que cuidan no son solo mano de obra barata, sino agentes sociales, afectivos y políticos con capacidad de acción individual y colectiva. Recordar esto nos permite romper con el mito de las mujeres migrantes como víctimas indefensas y pasivas. Los ejemplos de la capacidad de agencia de las mujeres migrantes cuidadoras son incontables. En España, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar calculaba en 2021 que el promedio de participación migrante en las 32 asociaciones de trabajadoras del hogar recopiladas era del 84,20%. Más de 10 de estas organizaciones están conformadas exclusivamente por mujeres migrantes, como el Sindicato de Cuidadoras Sin Papeles, Mujeres Unidas entre Tierras y Libélulas, entre otros colectivos (EFFAT, 2021).

La migrante cuidadora que no regresa

En Ceniza en la Boca, los hijos adolescentes de la madre migrante se trasladan años después a España. La hija descubre la difícil situación económica de su madre, lo que define su propia experiencia migratoria. Entonces, surge la pregunta de por qué su madre sigue prefiriendo cuidar ancianos en España. Dice la hija: “Si en México nos podían decir que éramos pobres (…) pero en Madrid nos miraban como pobres y además como apestados”.

Los motivos de la madre no son del todo claros en la novela, pero lo que se observa es una mujer refugiada en su proyecto migratorio que, a pesar del tiempo y el dolor insiste en quedarse en España, cuidando. Entenderlo requiere explicaciones que van más allá del dinero.

Durante muchos años hemos escuchado frases como “son cosas de niños”, “así se llevan” o “a todos nos pasó”. Expresiones que, lejos de ser inofensivas, han contribuido a minimizar una de las problemáticas más persistentes y dolorosas dentro de nuestras escuelas: el bullying.

Hablar de acoso escolar no es hablar de un juego, ni de una etapa pasajera. Es hablar de una forma de violencia que deja huellas profundas en la identidad, la autoestima y el desarrollo emocional de quienes la viven. Y lo más preocupante no es solo su existencia, sino la manera en que, como sociedad, la hemos normalizado.

Desde mi experiencia como psicóloga y directora de Fundación en Movimiento, he tenido la oportunidad de escuchar cientos de historias que coinciden en algo: el dolor no proviene únicamente de la agresión, sino del silencio que la rodea. Niñas, niños y adolescentes que no son escuchados, docentes que no cuentan con herramientas suficientes para intervenir, y familias que muchas veces no saben cómo actuar. Este entramado de omisiones convierte al bullying en una herida social compartida.

Diversos especialistas han señalado que la violencia no surge de manera aislada, sino que es el reflejo de dinámicas sociales más amplias. En este sentido, el sociólogo Johan Galtung plantea que la violencia puede ser directa, pero también estructural y cultural. El bullying, entonces, no es solo el acto visible de agredir, sino también el resultado de una cultura que tolera, justifica o invisibiliza estas conductas.

Cuando una burla constante se vuelve “normal”, cuando un apodo hiere y nadie interviene, cuando la exclusión se interpreta como parte de la convivencia, estamos frente a una forma de violencia cultural que se reproduce sin cuestionarse. Y es ahí donde radica el mayor riesgo: en dejar de verla.

Los datos en México son contundentes, desde Fundación en Movimiento, fundación que forma parte del Pacto por la Primera Infancia, hemos identificado en nuestros diagnósticos que la mayoría de los casos ocurren dentro del aula, y un porcentaje mínimo recibe atención efectiva por parte de las autoridades escolares. Esto nos obliga a replantear no solo qué está pasando, sino qué estamos dejando de hacer.

No podemos seguir abordando el bullying únicamente desde la sanción. Castigar sin comprender no transforma la conducta. Necesitamos ir más allá: comprender el origen de la violencia, desarrollar habilidades socioemocionales y construir entornos donde el respeto no sea una norma impuesta, sino un valor vivido.

En este camino, la educación para la paz se convierte en una herramienta fundamental. Llevar esto a las escuelas significa formar estudiantes capaces de reconocer sus emociones, comunicarse sin violencia y resolver sus diferencias de manera constructiva.

Hoy, en el marco del Día Internacional contra el Bullying, más que preguntarnos por qué sucede, tendríamos que cuestionarnos qué estamos haciendo para cambiarlo. Porque mientras sigamos minimizándolo, seguirá creciendo en silencio.

El bullying no es cosa de infantes o adolescentes. Es una responsabilidad de adultos. Y también, una oportunidad: la de construir, desde la educación, una sociedad más consciente, empática y en paz.

Es verdad que hay crisis masculina: los hombres lideran las cifras de suicidio, adicciones, encarcelamiento y muertes violentas; muchos se sienten perdidos, sin lenguaje emocional ni redes de apoyo. Sin salidas ni esperanza ante la policrisis económica, política y climática que el mundo atraviesa.

Además, en México esto ocurre en un contexto de violencia estructural extrema con al menos 43 mil personas desaparecidas reconocidas por el Estado, pero podrían ser más de 120,000 de acuerdo a los cálculos de organizaciones de derechos humanos. El 76% de las desapariciones son hombres.

¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Cómo escapar de esta amenaza? Los chicos están buscando modelos a seguir, y los primeros en buscar su atención y “me gusta” son otros adolescentes u hombres jóvenes instagrameables que prometen fama, dinero, éxito y la vida perfecta si logran cambiar su físico. El Looksmaxxing  y su versión más radical el Hardmaxxing que promueve llegar a cualquier extremo como tomar testosterona, hormonas de crecimiento y otras sustancias, o incluso recurrir a martillazos para cambiar tu estructura ósea, son una puerta de entrada a esa “machósfera” que mide su éxito según al número de mujeres que atraen.

Si después de desarrollar músculos y conseguir la apariencia “adecuada” no logras atraer mujeres, la culpa es de ellas. Al igual que para los “incels” (célibes involuntarios) las mujeres son culpables de negarles algo a lo que creen que tienen derecho.

Es en este contexto, se llevó a cabo el Fearless Congress en el estado de Jalisco, un espacio presentado como de “sanación emocional”, “trabajo personal” y “nuevas masculinidades”, apropiándose del lenguaje que el feminismo y los estudios de género han construido durante décadas, pero para reciclar una masculinidad patriarcal conservadora.

¿Qué ofrece este espacio a los adolescentes confundidos por la falta de referentes masculinos y que intentan encontrar su propia manera de ser hombres? Encuentran respuestas simples a problemas complejos: una identidad cerrada, con roles rígidos de género, heteronormativa, separatista de las mujeres y enemiga del feminismo, y una narrativa que le dice que la raíz de su malestar es que “la masculinidad tradicional está bajo ataque”.

En el conservadurismo que organizó este tipo de congresos a las mujeres nos matan, nos desaparecen y nos mandan a sostener hogares en soledad y dependencia, pero a los hombres tampoco les va bien: guerras, secretos, suicidios, la obligación de llenar un molde específico en el que la única forma de ser exitoso es tener dinero en una sociedad de profunda desigualdad, crisis financiera y falta de oportunidades estructurales.

No se puede negar la crisis masculina: en Inspiring Girls la vemos en cada salón de clases; en los chicos que no encuentran palabras para nombrar lo que sienten, en los jóvenes que creen que para gestionar el dolor deben de recurrir al alcohol, drogas, violencia o silencio.

Lo que necesitamos construir para ellos son espacios donde puedan cuestionar el mandato de ser fuertes, exitosos y dominantes, sin que eso implique perder su valor ni su pertenencia. Espacios donde tengan el derecho a construir una vida propia, situada, ética, compleja.

Si de verdad nos preocupa el sufrimiento de los hombres, tenemos que mirar hacia la educación y no hacia congresos de reafirmación patriarcal disfrazados de innovación espiritual: necesitamos una educación sexual integral basada en evidencia, que hable de consentimiento, placer, diversidad, prevención de violencias y corresponsabilidad.

Una formación que muestre la plasticidad del cerebro y el peso del aprendizaje social en lugar de repetir que las chicas son emocionales y que los chicos son fuertes; currículos éticos y ciudadanos que coloquen en el centro los derechos humanos y la igualdad y enseñen a niñas y niños a preguntarse cómo impactan sus decisiones en los demás; políticas públicas con perspectiva de género y alianzas entre escuela, comunidad y organizaciones feministas para diseñar programas donde el feminismo deje de ser el enemigo que castiga a los hombres y se reconozca como la fuerza que puede liberarlos de mandatos imposibles y dolorosos.

Y sobre todo, necesitamos aliados, hombres reales, que se permitan la vulnerabilidad, que no basen su valor en dominar, en acumular poder o dinero, sino en vivir en paz consigo mismos y con las demás personas, capaces de ternura, de cuidar y pedir ayuda, de vivir sin violencia, sin dobles vidas, sin secretos que los destruyan por dentro.

Sólo con estos modelos y referentes que inspiren a los niños y jóvenes, lograremos sociedades más seguras e igualitarias para las niñas y mujeres.

El feminicidio de Carolina Flores se ha explicado en los últimos días utilizando términos psicológicos como "enmeshment" —que hace referencia a relaciones familiares con límites poco claros o excesiva dependencia emocional—. Sin embargo, calificar así este caso puede trivializar la violencia real y grave que ocurrió: un acto brutal contra una mujer.

Cuando empleamos términos diagnósticos para describir crímenes, corremos el peligro de reducir la verdad. No, no era una "familia unida" en absoluto. No era un problema de comunicación. Fue un acto de poder, uno que terminó con la vida de una mujer, en un entorno en el que el silencio y el tiempo jugaron a favor de la impunidad. 

Con este señalamiento no busco descalificar a quienes han intentado explicar el caso desde conceptos como “enmeshment” o “incesto emocional”. Es comprensible que desde la psicología se busquen herramientas para nombrar lo que ocurre en las relaciones.

Sin embargo, desde una mirada de derechos humanos y de psicología feminista, es indispensable no perder de vista el centro: la violencia contra las mujeres no puede explicarse únicamente desde lo emocional o lo familiar, porque hacerlo corre el riesgo de desplazar la responsabilidad y diluir la gravedad del crimen.

Este caso no es evidencia de descontrol emocional. Lo que demuestra es algo aún más perturbador: el riesgo muy real de que ocurra alguna violencia dentro de un lugar que, se supone, es seguro, y nadie responda de inmediato.

Las horas que transcurrieron antes de que se activara la justicia no son un detalle menor. Hablan de un contexto donde el tiempo no se usa para proteger, sino que puede convertirse en un recurso que favorece el encubrimiento.

Además, en el caso de Carolina no hay evidencia pública de una activación oportuna de los servicios de emergencia. Esto no es un detalle menor: es parte de las omisiones que pueden permitir que la violencia escale hasta sus consecuencias más graves.

Reducir este hecho a una dinámica familiar también implica otro riesgo: trasladar la conversación hacia las relaciones, las emociones o incluso la conducta de la víctima. Y eso no solo es impreciso, es revictimizante.

Nada en la vida de una mujer explica ni justifica la violencia que se ejerce contra ella. Desde una mirada de derechos humanos y de psicología feminista, es indispensable hacer un giro: dejar de buscar explicaciones en la intimidad de las familias, de dar “consejos” a las mujeres para detectar señales y comenzar a nombrar lo que sí está en juego.

La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni individual, es estructural. Se sostiene en relaciones de poder, en desigualdades normalizadas y, sobre todo, en un sistema que no siempre responde con la urgencia y la contundencia que estos casos requieren.

Más allá de la promulgación de nuevas leyes, como la reciente Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, propuesta en marzo de 2026 por la Presidencia de México y respaldada en el Congreso en abril del mismo año, es indispensable que las autoridades y fiscalías actúen con debida diligencia y un enfoque real de derechos humanos. De poco sirven leyes si quienes deben aplicarlas no lo hacen con eficacia y compromiso. Los casos de Carolina, de Edith y de cientos de mujeres más muestran claramente esta brecha entre lo normativo y lo real.

Por eso, la pregunta no es cómo era la relación entre la suegra y su hijo. La pregunta es otra, mucho más incómoda: ¿Cómo es posible que una mujer sea asesinada en su propia casa y que el sistema tarde en reaccionar? ¿Cómo es posible que el tiempo transcurra sin activar de inmediato los mecanismos de justicia?

Ahí está el centro del problema, porque la impunidad no es solo la ausencia de castigo. Es también el margen que permite que la violencia ocurra, se gestione y, en muchos casos, se normalice.

Nombrar correctamente estos hechos no es un asunto de lenguaje, es un asunto de justicia.

También es necesario cuestionar por qué estos hechos no se investigan con la debida diligencia y perspectiva de género, incluyendo todas las líneas que permitan esclarecer posibles responsabilidades y omisiones.

La negligencia no es solo un error: es una condición que permite que la violencia se perpetúe. Es el silencio institucional el que puede hacer funcional el silencio de quienes no actúan. Si el sistema de justicia fuera una respuesta real e inmediata, el tiempo no jugaría a favor de la impunidad.

Normalizar que una escena de violencia pueda sostenerse durante horas sin una intervención oportuna no solo es grave: es parte del problema que el sistema de justicia reproduce.

Es urgente dejar de colocar la responsabilidad en las mujeres y de usar narrativas que minimizan la violencia.

Nombrar con claridad es fundamental: cuando se diluye el crimen, se fortalece la impunidad y la revictimización.

Las instituciones tienen la obligación de responder con debida diligencia, perspectiva de género y mecanismos efectivos de protección.

Y como sociedad, nos corresponde exigir justicia y no normalizar la violencia. Nombrar la violencia con claridad también es una forma de justicia.

Podemos afirmar que no hay vida humana posible sin trabajo de cuidados. Nuestra subsistencia individual y el funcionamiento general de la sociedad dependen de vínculos sociales que nos sostienen. Sin embargo, las mismas actividades imprescindibles para garantizar nuestro bienestar son también escenario de múltiples formas de explotación.

Los cuidados no se limitan a sostener la «supervivencia de la especie», en tanto satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. Implican, más bien, la reproducción de estructuras políticas, económicas, culturales y comunitarias definidas histórica y socialmente. El problema es que estas estructuras son profundamente patriarcales y, al reproducirlas, contribuimos a legitimar un orden injusto para quienes cuidan.

Por ello, me interesa plantear los cuidados como una herramienta analítica para repensar, reorganizar y revalorar nuestro ser en el mundo: una forma de pensarnos dentro de un proyecto en común que pone la vida al centro, en contraposición a una perspectiva androcéntrica y capitalista.

La perspectiva de quienes cuidan

Los testimonios de quienes cuidan suelen estar atravesados por una mezcla de agotamiento, indignación, obligación y compromiso. Las investigaciones especializadas en este campo han demostrado que persiste un nexo entre desigualdad y cuidados. Este nexo se configura como un entramado de relaciones de poder en el que los cuidados son distribuidos y organizados de manera injusta, inequitativa y extenuante.

Pero ¿quiénes sostienen la vida, en qué condiciones y a qué costo? Parafraseando un neologismo propuesto por la socióloga española María Ángeles Durán, podemos formular el siguiente planteamiento:

Si el marxismo ha planteado como su sujeto epistémico al proletariado —un contingente masculino/masculinizado conformado por la clase obrera—, hoy emerge la figura del cuidatoriado, un proletariado femenino/feminizado formado por quienes cuidan, sobre cuyos cuerpos, tiempos y fuerzas descansa la responsabilidad nada menor de sostener la vida y que tiene un papel clave en la lucha de clases contemporánea.

En reconocimiento de la histórica lucha de este cuidatoriado, hoy entendemos el cuidar como un trabajo, un derecho humano autónomo, un conjunto de prácticas —haceres, sentires, pensares— y, al mismo tiempo, como una perspectiva crítica.

Esta postura multidimensional permite poner en diálogo y articular la tensión conceptual entre el trabajo de reproducción social (énfasis en la dimensión estructural) y el trabajo de cuidados (énfasis en la dimensión afectiva y relacional). Esto es, considerar el papel de la experiencia subjetiva, el costo emocional, así como el trabajo de crear y mantener nuestros vínculos en la construcción material del bienestar social.

Una ontología relacional

Etimológicamente, cuidado proviene del latín cogitare, que alude a meditar, pensar o atender. Teniendo esto en mente, podemos resignificar políticamente el cogito cartesiano siguiendo la fórmula cuidamos, luego existimos.

La propuesta es reorganizar la vida en común desde una ontología relacional. Es decir, promover una forma de concebirnos —lo que somos y las condiciones de nuestra existencia— no como seres autónomos y autosuficientes, sino como seres que se constituyen en y a través de relaciones. Esta perspectiva involucra:

-       Problematizar la manera en que organizamos la reproducción cotidiana de la vida para detectar aspectos clave donde incidir y desarticular el nexo entre desigualdades y cuidados. Por ejemplo, al priorizar el autocuidado, el tiempo propio y el cuidado mutuo.

-       Desplazar de nuestros análisis políticos al sujeto epistémico por excelencia: el homo economicus —racional, varón, independiente y maximizador de recursos—. Este desplazamiento abre paso al protagonismo de entidades colectivas e interdependientes, como la familia, el vecindario, la comunidad o el cuidatoriado.

-       Ir más allá de la pregunta habitual sobre qué elementos del mundo del trabajo están presentes en los cuidados. En su lugar, nos invita a cuestionar qué elementos de los cuidados están presentes en todo tipo de trabajo, en la cotidianidad y a lo largo de la historia.

-       Resaltar el carácter histórico de los cuidados como una apuesta política por la expansión y dignificación del bienestar. La perspectiva de cuidados, al igual que la de género, pugna por su transversalización e implementación como eje rector de la acción social a nivel institucional y programático.

Incorporar una perspectiva de cuidados entraña un cambio de paradigma: existimos en tanto cuidamos. Apunta a pensarnos de forma vincular e interdependiente, a recentrar el valor de lo común y las comunidades que nos acuerpan, sostienen y cuidan.

El calendario avanzó, pero la urgencia permanece. Aunque marzo quedó atrás, las demandas que tomaron las calles siguen vigentes. Recordamos a nuestras ancestras, bisabuelas, abuelas y madres: mujeres que conquistaron muchos de los derechos de los que hoy gozamos, como el voto, la posibilidad de decidir si tener hijos o hijas —y cuántos—, de ir a la escuela o de elegir si queremos tener pareja o no, entre muchos otros.

Pero bien advertía Simone de Beauvoir: “No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Deben permanecer vigilantes durante toda vuestra vida.”

Hoy esa advertencia adquiere un nuevo significado. En un mundo atravesado por múltiples crisis, una de las amenazas más profundas al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas es la crisis climática. Este no es un fenómeno natural que ocurre en el vacío. Es el síntoma de un modelo de desarrollo basado en la idea de crecimiento económico infinito, que ha tenido consecuencias sociales y ambientales profundas. En este enfoque de progreso las ganancias económicas de unos pocos se priorizan a costa del planeta y del bienestar de la mayoría de las personas.

Este modelo no es ajeno a las estructuras que reproducen la desigualdad; más bien se erige en ellas, especialmente en las patriarcales. Gran parte del funcionamiento de la economía se ha sostenido sobre el trabajo de cuidados no remunerado e invisibilizado, realizado principalmente por mujeres y niñas.

Esta realidad se agudiza cuando se cruzan múltiples condiciones de desventaja, realidad que enfrentan millones de mujeres en México, en particular de pueblos originarios y rurales, con mayores niveles de pobreza, menor acceso a la propiedad de la tierra y a espacios de toma de decisiones. Así, muchas de las desigualdades que hoy se profundizan con la crisis climática, son el resultado de décadas, incluso siglos, en los que el bienestar de las mujeres y las infancias ha sido relegado.

Las mujeres no solo resienten los impactos de la crisis climática, sino que además sostienen la vida, en la práctica cotidiana, con estrategias de adaptación, resiliencia y cuidado en sus hogares y comunidades. Aun así, siguen sin ocupar en igualdad de condiciones los espacios donde se decide el rumbo del desarrollo, de la energía, del territorio y de la inversión pública. No se puede pedir a las mujeres que carguen con los impactos de la crisis y, al mismo tiempo, mantenerlas fuera de los espacios donde se define cómo enfrentarla. Por eso, incorporar a las mujeres en la toma de decisiones no es solo una cuestión de justicia simbólica; es una forma concreta de corregir políticas ciegas a la realidad del territorio y de la vida cotidiana.

Esta invisibilidad es notoria cuando las políticas estatales y tendencias macroeconómicas —producto de la crisis climática y el agotamiento del modelo capitalista— aterrizan en los territorios y en la vida comunitaria. Muchas medidas de adaptación, restauración y remediación ambiental descansan, en la práctica, sobre labores de cuidado que recaen desproporcionadamente en las mujeres, sin considerar las dobles y terceras jornadas que ya enfrentan.

Al mismo tiempo, prácticas extractivas como el fracking, profundizan la degradación ambiental y climática, afectando de manera diferenciada a quienes ya viven en condiciones de desventaja. La contaminación, la escasez de agua, el deterioro de la salud y la pérdida de medios de vida no son impactos neutros: suelen traducirse en más trabajo no remunerado, mayor precariedad y menor capacidad de participación para mujeres y niñas. Así, mientras son excluidas de la toma de decisiones, les trasladan los costos de sostener la vida en medio de la crisis.

Hablar hoy de derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas exige reconocer una verdad incómoda: la crisis climática no es una amenaza futura, ya es uno de los riesgos más graves al ejercicio pleno de los derechos humanos —particularmente para niñas y mujeres, y requiere de acción urgente. No es suficiente reconocer que las mujeres son afectadas de manera diferenciada: hay que garantizar su participación sustantiva y visibilizar que son ellas las que llevan las luchas a lo largo del territorio.

Por eso hoy seguimos marchando. La marea lila que recorre las calles también se expresa en los territorios, en mujeres como las Guardianas del Conchalito en Baja California Sur que han recuperado kilómetros de manglar o las mujeres del pueblo Yoreme-Mayo que defienden su tierra de los impactos de una planta de amoniaco. Ellas nos recuerdan que los derechos conquistados nunca están garantizados y que defenderlos sigue siendo una tarea colectiva.

*Esta columna fue escrita por Florencia García Mora, Miriam Silva Taylor, Andrea Santillán Enríquez, Emilia Noemi Amezcua Bernal, Karla Corsino, Fátima Viquez Paredes, Mary Flores y Lisbeth Camacho. 

La pregunta aparece con frecuencia cuando participo en un panel o ponencia: ¿Hacen falta leyes para erradicar la violencia de género?

Si fuera tan simple, ya podríamos cantar victoria porque el marco legal mexicano es bastante sólido y continúan los avances. La semana pasada, el Senado aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir la primera Ley General contra el Feminicidio en México. Es el reconocimiento de una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres que han sido asesinadas en razón de género y con las familias en búsqueda de justicia.

Antes de eso, México no contaba con una sola ley que definiera el feminicidio de la misma manera en todo el territorio nacional. Cada estado tenía su propia versión del delito, sus propios criterios para acreditarlo, sus propias penas. Eso significa que una mujer asesinada en Chiapas no “valía” jurídicamente lo mismo que una víctima en Baja California. El crimen era el mismo, pero la respuesta del sistema judicial dependía del código postal.

Que un país haya operado así durante décadas –con 33 marcos penales distintos para un mismo delito que entre 2018 y 2025 mató a 26 mil 652 mujeres, según el Informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)– era una forma de violencia institucional. Ya fue subsanada y esa es una buena noticia.

Pero la realidad se impone y nos demuestra, de nuevo, que la violencia de género es un problema estructural con raíces multifactoriales. En pocas palabras: las leyes son indispensables pero insuficientes. Un día después de la aprobación en el Senado, Edith Guadalupe desapareció.

Sabemos por su familia que la joven de 21 años salió a una entrevista de trabajo por una oferta que vio en redes sociales. Nos duele que ya no regresó a casa. Nos preocupan e indignan todos los obstáculos institucionales enfrentados en su búsqueda, desde la tardanza en atención hasta la solicitud de mordida por un agente de la Fiscalía General de Justicia para “agilizar” el proceso.

La fragmentación legal ha tenido consecuencias concretas para quienes buscan justicia ante un feminicidio. Sin criterios homogéneos de investigación a nivel nacional, las fiscalías podían evadir la perspectiva de género con relativa facilidad: clasificar un feminicidio como homicidio doloso, archivar, diluir. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que solo entre 25 y 27% de las muertes violentas de mujeres comienzan siendo investigadas como feminicidios.

Ahora, la ley general obligará a la Federación, a los estados y a los municipios a actuar bajo las mismas reglas, los mismos protocolos, los mismos estándares y perspectiva de género. La aprobación por unanimidad es una señal alentadora del consenso político, pero no basta para garantizar el cambio necesario; es indispensable avanzar en capacitación para aplicarla y en sanciones ejemplares contra servidores públicos que en lugar de ayudar con empatía y prontitud, extorsionan a familiares desesperados.

En la CDMX, la Fiscal Bertha Alcalde ya separó del cargo a los tres señalados en el caso de Edith. ¿Cuántos más usarán ese modus a nivel nacional? ¿Será posible dar ese siguiente paso con criterios homologados? Lo veremos, mientras esperamos justicia para Edith y para todas quienes no lograron viralizarse para llamar la atención de las autoridades.

En los últimos meses, en la Ciudad de México la gentrificación ha dejado de ser un concepto académico y ha pasado a formar parte de la jerga cotidiana —en periódicos, televisión, colectivas, partidos, ONGs, revistas, libros—. Ante este auge, se vuelve más común repensar y cuestionar nuestra relación con el mapa urbano y desde dónde se sitúa el cuerpo y la relación que establecemos con la ciudad en términos de clase, racialización, edad, etc.

En medio de esta coyuntura urbana —crisis de vivienda, alza de precios, desplazamiento y segregación—, hace falta profundizar el vínculo entre las mujeres y los fenómenos urbanos. Aquí los feminismos con perspectiva de clase y antirracistas han sido fundamentales, pues, proporcionan pistas clave para entender que el espacio no es neutro, es absolutamente patriarcal.

Valeria de la Vega (2023), señala que en las ciudades patriarcales el espacio no fue pensado para las mujeres ni para la reproducción del trabajo de cuidado, sino que su propósito es satisfacer a la producción. Ejemplo de ello es que a pesar de que las ciudades no se produzcan para nosotras el 40% de la movilidad en las ciudades es realizada por mujeres que realizan las tareas de cuidado (p.135).

A pesar de que el trabajo de cuidados sea algo sustancial, es infravalorado, siendo una actividad feminizada y no remunerada, de la cual el capital se sostiene para seguir alimentando el modo de producción actual. En otras palabras: las mujeres no son el sujeto principal de planeación urbana, pero tienen que sostener la vida con los cuidados y articular estrategias de supervivencia económica en una ciudad que no está pensada para ellas, siendo el 52.2% de la población en la Ciudad de México.

En otras palabras, las mujeres tenemos que habitar una ciudad, que no fue construida para nosotras. Una ciudad, en la que el promedio de renta es de 21 mil pesos (El Economista, 2025) mientras que un salario mínimo es de 9 mil 582 pesos, es decir un salario mínimo no cubre la mitad del promedio de la renta en esta ciudad. En este contexto, los desalojos —como una de las expresiones de la gentrificación— han sido un escenario frecuente que implican consecuencias diferenciadas para las mujeres, pérdida de independencia económica, extensión de los desplazamientos que se entrecruzan con las labores de cuidados, y más.

El caso de Cuba 11

Un ejemplo de ello han sido las mujeres que resisten en el actual Plantón de Cuba, que, tras ser desalojadas en agosto de 2025, siguen luchando por su vivienda. Sin embargo, han tenido que atravesar dificultades durante el proceso. 

En el marco de una investigación en curso, se retomó la entrevista de una persona que sostiene el plantón en Cuba 11, la cual compartió la experiencia de sus compañeras de plantón que, tras el desalojo, tuvieron que modificar sus vidas, rutinas y estrategias para sobrevivir.  Cuatro de ellas son madres solteras, una de ellas vendía tamales en la entrada de su edificio; ahora vende a pie de calle, pero perdió el resguardo de sus cosas. Otra tenía un puesto de jugos; ahora no puede atenderlo porque debe cuidar el plantón. El INVI les paga su hotel, pero no aceptan perros y ella no puede estar ahí, lo que implicó la pérdida de su empleo y su independencia económica. Una vecina adulta mayor hacía sellos, vivía al día; ahora debe ir al plantón a atender a clientes, volver a casa a hacer los sellos y regresar a vender. Y dos más que tras el desalojo tienen que desplazarse con sus hijas e hijos a sus casas en Ecatepec y regresar para el cuidado del plantón.

 El desalojo ha implicado la restricción de sus movimientos y decisiones. Estos proyectos urbanos en nombre del progreso intensifican los desplazamientos. El desalojo no es un evento puntual, es una nueva condición de vida que para ellas se ha reflejado en la elaboración de estrategias de supervivencia, readaptación en las labores de cuidado, el  abandono de la independencia económica y a la vez de resistencia por el derecho a la vivienda La gentrificación no es un destino inevitable, es un proyecto de renovación urbana en una ciudad que se sigue sosteniendo por los trabajos de cuidado, y a la par, en nombre del progreso los desplaza sistemáticamente.