Desde que empieza la pubertad, dejamos preparado el arsenal de remedios caseros y los seguimos recomendando: que si el tecito de jengibre o el costal de semillas. Por años, la respuesta dominante ante los sangrados abundantes y la fatiga incapacitante no ha provenido de protocolos institucionales de diagnóstico temprano ni de la investigación clínica rigurosa, sino del repertorio del cuidado cotidiano. En una sociedad que ha naturalizado el sufrimiento ligado a la menstruación, la carga de sostener el cuerpo y sobrellevar padecimientos como la endometriosis, la adenomiosis o el síndrome ovárico metabólico poliendócrino, se desplaza de la esfera pública de la salud a la intimidad. Si bien las estrategias de autocuidado son una práctica fundamental para el bienestar, delegarlo todo a este ámbito puede convertirse en una refinada trampa de abandono institucional, precarización del cuidado y fuente inagotable de culpa.

El dolor menstrual incapacitante no es natural; es un síntoma que demanda sostén clínico y social. Sin embargo, la normalización del malestar ginecológico opera como una barrera que despoja a las personas de credibilidad sobre su propia experiencia corporal.

Detrás del desdén médico hay un sesgo estructural: la salud ginecológica no reproductiva padece una profunda brecha de investigación. Apenas una fracción de la inversión científica se destina a comprender las condiciones inflamatorias y hormonales del aparato reproductor femenino. Esta ceguera produce un vacío de herramientas diagnósticas y mantiene a la práctica clínica estancada en paradigmas obsoletos, donde la omisión médica se disfraza de inevitable normalidad durante años de peregrinaje por los servicios de salud.

Frente a la falta de diagnósticos claros, la respuesta hegemónica suele reducirse a una receta casi automática: la prescripción de anticonceptivos hormonales. Presentados como la panacea para “regular el ciclo” o “quitar el dolor”, actúan únicamente como un parche farmacológico. La supresión hormonal exógena enmascara la sintomatología, pero no detiene ni cura las condiciones subyacentes. Peor aún: esta estrategia se administra con frecuencia sin una investigación causal previa y sin informar adecuadamente a las pacientes sobre las implicaciones del uso continuado de hormonas sintéticas, desde alteraciones vasculares y metabólicas, hasta impactos en la salud mental. Cuando se suspende el tratamiento, los síntomas reaparecen a menudo de forma exacerbada, revelando que el problema de fondo continuó avanzando en la sombra.

Autogestión, productividad y el derecho al cuidado

En este vacío de infraestructura pública, promover la gestión solitaria del dolor mediante rituales de bienestar, dietas, suplementos o termoterapia casera genera una ilusión de control que, en la práctica, dilata el acceso a una atención adecuada. La responsabilidad de “estar bien” se deposita por entero en la disciplina personal, cuando debería ser un asunto de salud pública.

Si el malestar persiste, la culpa recae en quien lo padece: se asume que no está comiendo lo suficientemente saludable, que no hace el ejercicio adecuado, que no gestiona bien su estrés o que no ha aprendido a “escuchar” su ciclo. La patología médica se reinterpreta como un fracaso en la autogestión. Esta dinámica se vuelve devastadora cuando la inacción del sistema desemboca en complicaciones mayores como anemias severas por sangrados abundantes, trastornos metabólicos, condiciones autoinmunes asociadas a la inflamación crónica o problemas de infertilidad. Al haber normalizado que el bienestar ginecológico depende de la autogestión, la aparición de afecciones secundarias se vive como un castigo a la propia negligencia, ocultando que la responsabilidad real fue de un sistema que prefirió la prescripción paliativa antes que la investigación y el diagnóstico.

Esta sobreexigencia individual se cruza con una paradoja social profunda respecto a la productividad y la afectividad. Por un lado, persiste el estereotipo misógino que tilda a las mujeres de “irracionales” o “inestables” durante ciertas fases del ciclo. Por el otro, para contrarrestar esa narrativa y no ser percibidas como débiles o disfuncionales en un entorno laboral hiperproductivo, las mujeres se exigen rendir al doble. Se sostiene una rutina extenuante: trabajar, cuidar a otros y cumplir con las mismas exigencias mientras se atraviesa por inflamación sistémica y dolor crónico. Se nos dice que “necesitamos más descanso en esos días”, pero en la práctica, tomar esa pausa sin respaldo institucional equivale a validar el prejuicio de inaptitud.

El autocuidado no puede sustituir la justicia en la salud ni la responsabilidad estatal del cuidado. Cuidar de una misma es un gesto valioso, pero cuando se utiliza para parchear la falta de investigación con perspectiva de género, la ausencia de licencias de cuidado por dolor menstrual o la prescripción paliativa de anticonceptivos como única respuesta, se convierte en un mecanismo de contención política que depone la exigencia de derechos.

Es urgente desplazar la discusión desde la culpa individual y el aislamiento hacia la articulación de una verdadera ética e infraestructura del cuidado. Necesitamos un sistema de salud que no exija heroicidad ni prescriba tés ante el dolor crónico, sino que asuma los trastornos menstruales como una responsabilidad colectiva y bioética. La salud ginecológica no se resuelve en la intimidad con compresas calientes; se garantiza en las políticas públicas que reconocen que el derecho al descanso, al diagnóstico y a la salud integral no anula nuestra valía ni nuestra agencia.

Un texto de Jahel López Guerrero

Ninguna niña nace sabiendo que debe mandar un mensaje al llegar a casa. Lo aprende. Aprende a acelerar el paso cuando escucha pasos detrás de ella. Aprende qué calles evitar, cómo sentarse en el transporte público, a qué hora volver y con quién regresar. Aprende a vivir alerta. Lo aprende tan temprano que termina creyendo que es normal.

Pero no lo es.

Lo que llamamos precaución es, muchas veces, el resultado de una ciudad que ha convertido el miedo en parte de la experiencia cotidiana de las mujeres.

Mi investigación, publicada en coautoría con Karen Lilian Ruiz Cortés, realizada con mujeres indígenas jóvenes que habitan en la Ciudad de México, muestra que el miedo no surge únicamente de experiencias directas de violencia. También se construye a partir de advertencias, relatos, noticias y mensajes que enseñan a las mujeres que el espacio público puede ser peligroso para ellas.

La antropóloga feminista Teresa del Valle llamó a este fenómeno imaginarios anticipatorios: escenarios de riesgo que las mujeres incorporan a su manera de habitar el mundo. Así, muchas terminan organizando su vida en torno a la posibilidad de una agresión. Calculan rutas, modifican horarios, evitan ciertos lugares y elaboran estrategias permanentes para mantenerse seguras.

No se trata sólo del miedo al robo. Cuando las mujeres hablan de inseguridad, con frecuencia piensan en el acoso, la violencia sexual, la desaparición o el feminicidio. Esa amenaza transforma profundamente su relación con la ciudad.

Por eso resulta tan poderosa una idea que emerge de la investigación: los espacios que las mujeres se niegan a sí mismas. La ciudad nocturna, ciertas rutas de transporte, calles poco iluminadas o actividades que terminan tarde dejan de formar parte de la vida cotidiana. No porque las mujeres no quieran ocupar esos espacios, sino porque han aprendido que hacerlo implica un riesgo.

La consecuencia es simple y brutal: el miedo limita el derecho a la ciudad.

Pero para las mujeres indígenas jóvenes hay algo más. Al miedo se suma la discriminación.

Las entrevistadas relatan experiencias de racismo en universidades, instituciones, centros comerciales y en el transporte público. Algunas fueron cuestionadas por su lengua, su vestimenta o su origen; otras describieron una sensación constante de no pertenencia, como si su presencia tuviera que justificarse.

La ciudad aparece entonces como un espacio en el que se cruzan distintas desigualdades. No es sólo el miedo a ser mujer. Es también la experiencia de ser indígena, joven y, muchas veces, migrante.

Sin embargo, los testimonios también revelan algo que rara vez figura en las estadísticas: la capacidad de resistencia.

Frente a una ciudad hostil, estas mujeres construyen redes de cuidado. Se acompañan, comparten ubicaciones, crean colectivos y generan espacios en los que pueden sentirse seguras y reconocidas. Allí donde las instituciones fallan, aparece la comunidad.

Quizá la enseñanza más importante es que el miedo no es una característica femenina. No forma parte de nuestra naturaleza. Es una respuesta racional ante contextos de violencia y discriminación. Por eso, la pregunta no debería ser cómo pueden las mujeres cuidarse mejor. La pregunta es por qué seguimos construyendo ciudades en las que tienen que vivir en estado de alerta.

Mientras una mujer renuncie a un trayecto, a una actividad o a una parte de su libertad para sentirse segura, el problema no está en ella. El problema está en la ciudad. Y quizá ha llegado el momento de dejar de enseñar a las mujeres a tener miedo y empezar a exigir ciudades en las que puedan vivir con libertad.

¿Cuándo empieza realmente la alfabetización? ¿Cuando una niña o un niño aprende sus primeras letras, cuando escribe su nombre, o mucho antes? Antes de llegar a un salón de clases, las niñas y los niños ya están aprendiendo a interpretar el mundo que les rodea. Las oportunidades para desarrollar el lenguaje, la curiosidad y el gusto por aprender comienzan en la vida cotidiana, pero no deberían depender únicamente de las posibilidades de cada hogar.

Hace unos días, México fue sede de una conversación global sobre este tema. El 8 y 9 de septiembre, la UNESCO celebró en Chiapas el Día Internacional de la Alfabetización, que este año conmemoró su 60 aniversario bajo el lema “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”.

La celebración puso sobre la mesa los avances alcanzados, pero también los desafíos que aún persisten para garantizar este derecho; y quizá uno de los desafíos más importantes sea cambiar la manera en que entendemos dónde comienza este proceso.

El debate sobre el desarrollo educativo suele concentrarse en la escolarización primaria y en los índices de alfabetismo en la población adulta. Sin embargo, la evidencia de las ciencias cognitivas, la neurobiología y la economía del desarrollo han transformado esta concepción tradicional. La alfabetización no inicia con la decodificación formal de fonemas a los 6 años, sino desde la gestación y durante los primeros 3 años de vida. En esta etapa crucial se forman las conexiones neuronales que sustentan la adquisición del lenguaje, la comprensión del entorno y la capacidad de aprendizaje continuo.

Escuchar a una persona adulta, reconocer sonidos, ampliar el vocabulario, mirar imágenes, preguntar y contar lo que sucede son experiencias cotidianas que ayudan a construir las bases del lenguaje y de futuros aprendizajes. Por eso, hablar de alfabetización también es hablar de lo que ocurre antes de entrar a la escuela.

En México, la garantía efectiva del derecho a la educación inicial representa la política pública con mayor potencial transformador para romper los ciclos intergeneracionales de pobreza e inequidad social.

La población en primera infancia en el país supera los 12.4 millones de niñas y niños menores de 6 años. No obstante, este sector enfrenta profundas condiciones de vulnerabilidad. Datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y diagnósticos del colectivo ciudadano señalan que el 51.9% de niñas y niños menores de 6 años viven en situación de pobreza, lo que representa a casi 6 millones de niñas y niños cuyo desarrollo cognitivo y físico se encuentra en riesgo severo.

Una agenda que empieza desde los primeros años

Frente a esta realidad, no basta con preguntarnos cuántas niñas y niños llegan a la escuela. También necesitamos preguntarnos en qué condiciones llegan, qué oportunidades tuvieron para desarrollar su lenguaje y sus habilidades.

Para responder a esta problemática y establecer prioridades nacionales, el Pacto por la Primera Infancia articuló 12 metas hacia el 2030. En el ámbito de la inclusión educativa y el bienestar social, las Metas 1, 7 y 8 plantean una relación particularmente relevante entre pobreza, educación inicial y educación preescolar.

La relación entre estas Metas es fundamental. Reducir la pobreza en primera infancia (Meta 1) es inalcanzable sin la expansión de servicios de cuidado y educación inicial de calidad (Meta 7). La educación inicial provee los estímulos socioemocionales y lingüísticos que preparan a las niñas y niños para una transición exitosa hacia la educación preescolar (Meta 8) y la educación primaria, reduciendo drásticamente las tasas de fracaso escolar futuro.

El retorno social de la inversión en primera infancia

La discusión también pasa por los recursos que como país destinamos a esta etapa de la vida. A pesar de que el presupuesto público ejercido en primera infancia registró un crecimiento nominal del 96% entre 2018 y 2025, estos recursos representan únicamente el 2.5% del gasto público total del país.

La evidencia económica indica que los retornos de inversión en el desarrollo infantil temprano son sustancialmente superiores a los de etapas educativas posteriores. Cada recurso destinado a la educación inicial reduce los costos futuros en remediación académica, salud pública y asistencia social, incrementando la productividad y la equidad social a largo plazo.

Fortalecer la inversión pública en infraestructura pedagógica, capacitación de agentes educativos y modalidades comunitarias de educación inicial es una condición indispensable para el desarrollo de México. La reciente conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización es una oportunidad para preguntarnos qué estamos haciendo desde los primeros años de vida. Porque la alfabetización comienza mucho antes de las letras: comienza cuando las niñas y los niños tienen la oportunidad de jugar, preguntar, explorar y aprender.

Garantizar esas oportunidades y avanzar en las Metas del Pacto por la Primera Infancia es apostar por un México con mayor justicia, bienestar y equidad. Es darle a las niñas y niños  las herramientas necesarias no solo para escribir su futuro, sino para transformar su presente.

La educación está en crisis, y no lo digo yo: lo dice la prueba PISA, que sitúa a México con los peores resultados en comprensión lectora y matemáticas de las últimas dos décadas, siete puntos por debajo de los que obtuvimos en 2022. Solo el 30% del alumnado alcanza un nivel básico de conocimiento, frente a un promedio del 65% en los países de la OCDE. Es, literalmente, menos de la mitad.

Y mientras esta crisis se agrava, el Paquete Económico 2027 que Hacienda ya entregó al Congreso recorta 25.5% al programa La Escuela es Nuestra: pasa de 26,832 millones de pesos este año a 20,000 millones el próximo. Son 6,832 millones menos en uno de los programas que, hasta ahora, se consideraba prioritario. No es solo una cifra en una hoja de cálculo. Es una decisión política que nos dice, sin rodeos, a quién dejamos de cuidar y qué es lo que de verdad importa.

Lo que sostiene La Escuela es Nuestra

El recorte no solo reduce capacidad operativa: rompe una cadena de cuidado que va de la infraestructura mínima al aprendizaje, la permanencia escolar y la protección de niñas y adolescentes. Por eso, discutir La Escuela es Nuestra no es hablar de pintura, bardas o techos en abstracto; es hablar de las condiciones que hacen posible que una niña llegue, permanezca y aprenda en una escuela pública.

Aunque el programa traslada buena parte de la responsabilidad a las familias, es el mecanismo que dignifica los espacios educativos públicos, desde el nivel inicial hasta la secundaria, incluyendo las comunidades de aprendizaje del CONAFE y, desde 2025, también la media superior. Con él se rehabilitan aulas, baños, techos, instalaciones eléctricas e hidráulicas, bardas; se compra equipamiento, material didáctico, deportivo y artístico; se financia el servicio de alimentación y la ampliación del horario escolar. Para 2027, apenas se etiquetan 329 millones de pesos en un nuevo rubro de mantenimiento: migajas frente a los más de 6,000 millones que se retiran del programa original.

El presupuesto total de Educación sí crece 7.4% para 2027, pero ese aumento se concentra en nóminas. Así lo documentó el diario El País, que describió este presupuesto como uno "centrado en nóminas y con menos recursos para libros". El Economista confirma la misma lectura: casi la totalidad del gasto etiquetado para la SEP es gasto corriente, sueldos y servicios, no infraestructura ni materiales. Una parte importante de ese incremento también corresponde a las becas Rita Cetina y Benito Juárez.

Una beca sirve para que una niña siga inscrita. Pero si el baño de su escuela no cierra por dentro, si el techo se cae con la primera lluvia o si no hay agua para lavarse las manos, esa permanencia y esa niña están en riesgo.

Estudiar ya no garantiza lo que garantizaba, pero sigue abriendo puertas

Durante años, estudiar más que los padres fue la ruta más clara para salir adelante en México. Esa promesa ya no es tan sólida: entre 2016 y 2022, el porcentaje de jóvenes que superó la escolaridad de sus padres bajó de 72.3% a 68.2%, mientras que quienes tienen menos estudios que sus padres pasó de 17.9% a 20.5%, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

La escuela ya no garantiza el ascenso automático que prometía hace cuarenta años, pero sigue siendo, para miles de niñas, la única puerta disponible hacia una vida distinta a la de sus madres. Lo vimos de primera mano este inicio de curso, cuando apoyamos a una comunidad de Jiquipilco, en el Estado de México. Gracias al donativo de nuestras voluntarias, pudimos ayudar a que 15 niñas y jóvenes tuvieran sus útiles escolares. Las listas que pedían las escuelas públicas de primaria, secundaria y preparatoria variaban entre 800 y 1,500 pesos, una cifra que, para nuestra sorpresa, se parece cada vez más a la de muchas escuelas privadas.

A eso se suma la cuota escolar "voluntaria" que en la práctica cobra casi toda escuela pública del país, y que en algunos casos llega hasta 3,200 pesos. También los artículos de limpieza que la escuela pide a las familias, sin contar las jornadas de trabajo comunitario que principalmente las madres asumen para cubrir lo que el presupuesto público ya no alcanza. La mayoría de estas 15 chicas son hijas de trabajadores de la construcción y trabajadoras del hogar, y son las primeras de su familia en llegar al bachillerato. Quieren seguir estudiando agronomía, veterinaria, criminología.

El tiempo dirá si lo logran, porque cada vez menos niñas y niños están sentados en un aula para intentarlo. El ciclo 2026-2027 arrancó con la cobertura escolar más baja en una década: en 2015, 6 de cada 100 menores en edad escolar no asistían a clases; hoy son 11 de cada 100. El Instituto Mexicano para la Competitividad calcula que 4.2 millones de niñas y niños de 3 a 14 años están completamente fuera del sistema educativo, 267 mil más que el año anterior. En secundaria, 1 de cada 5 adolescentes deja la escuela y queda expuesto al trabajo infantil, a la informalidad, al crimen organizado y la violencia.

La escuela como espacio que cuida

La escuela no es solo un lugar donde se enseña y se comparten conocimientos: también puede detectar e interrumpir violencias. Debe, además, encabezar una transformación cultural, sembrar valores y sueños. La UNESCO lo documenta con claridad: cuando la escuela funciona bien, identifica riesgos, sensibiliza a maestros y familias, activa protocolos y acompaña a las adolescentes que han vivido violencia o un embarazo temprano.

Pero esa capacidad de protección no surge por sí sola. Necesita capacitación del profesorado, espacios seguros y presupuesto para sostenerlos. Sin eso, la escuela deja de ser un refugio y un espacio de cuidados. Cuando el presupuesto se contrae, lo primero que se debilita es justamente su capacidad de frenar a tiempo la deserción y la violencia. Si el Estado recorta lo que sostiene a las escuelas, traslada el costo a las familias; y, en demasiados hogares, quienes terminan pagándolo primero son las niñas.

Hace poco visité a unas amistades muy queridas que se mudaron al extranjero. Son una pareja hetero que se dedica con mucho ahínco y amor al cuidado de su hijo de dos años. Una familia en la que son palpables la corresponsabilidad y el balance vida-trabajo, tanto para las actividades remuneradas como para los cuidados y las tareas del hogar.

Una tarde relataron lo difíciles y extenuantes que habían sido esos dos años desde el nacimiento de su hijo. Además de no tener amistades consolidadas en su nuevo destino en las cuales apoyarse, tuvieron que aprender a cuidar como mamá y papá primerizos y a gestionar la vida para sortear los intensos cuidados de un niño pequeño sin dejar de atender sus trabajos y las exigencias cotidianas.

Para acompañar su sentir, les compartí un poco de lo que encontré durante mi investigación con madres migrantes en México: las dificultades relativas a la migración y la escasa red de apoyo, los cuidados que siguen brindando a sus familias en los países de origen y los problemas que enfrentan con los progenitores de sus hijas e hijos. Mi amiga, abrumada por la idea, hizo énfasis en la enorme labor de las madres que se encargan de los primeros años de crianza solas, sin un padre ahí que, como mi amigo, sea corresponsable.

Me quedé pensando que algunos de los casos más complicados que encontré no eran aquellos en los que el progenitor masculino no estaba, sino aquellos en los que sí estaba, pero hacía las cosas infinitamente más difíciles. “Dejen ya el que sea un padre corresponsable. Con que no joda…”, pensé. Y aquí retomo esa conversación para ahondar en cómo ciertos hombres conseguimos estar presentes y, al mismo tiempo, ausentes respecto del cuidado.

La producción de descuido

El descuido masculino en lo cotidiano puede expresarse como olvidar compromisos de cuidado previamente asumidos, delegar sistemáticamente la organización de la vida doméstica, desentenderse del seguimiento escolar o médico de hijas e hijos, desconocer información básica sobre sus necesidades cotidianas o participar de vez en cuando en tareas cuya responsabilidad recae de manera sostenida en otras personas.

La producción de descuido también puede expresarse mediante patrones de evitación en los cuales algunos hombres exageran su ignorancia o las dificultades para realizar tareas domésticas y de cuidado, favoreciendo su reasignación hacia las mujeres. Otras veces basta con participar episódicamente y dejar en alguien más la responsabilidad permanente. Por ejemplo, es muy frecuente que los hombres asumamos los cuidados sólo de forma eventual hasta que alguna mujer —madre, suegra, hija mayor, hermana— pueda retomarlos.

En todo caso, el descuido produce más trabajo para quienes cuidan: implica una distribución desigual tanto del trabajo doméstico y de cuidados como del ocio y el tiempo libre. Recuerdo a Patricia —madre cubana en México— cuando me relató que, pocos días antes de su parto, su pareja se convirtió en alguien que necesitaba ser cuidado:

El descuido habita, así, en la presencialidad ausente, esa distancia entre estar de cuerpo presente y hacerse realmente responsable.

La violencia del descuido

La producción de descuido es, por lo tanto, fundamentalmente una forma de violencia. En primer lugar, porque deposita sistemáticamente en otras personas la responsabilidad de anticipar necesidades, organizar, recordar, supervisar y reparar. Va más allá de la ley del mínimo esfuerzo, pues sabemos bien que alguien más no puede dejar de hacer eso que nosotros no hacemos.

Esto es particularmente evidente en las relaciones heterosexuales: de acuerdo con datos del INEGI recuperados en 2023 por Perla Chávez en la Gaceta UNAM, las mujeres pierden en promedio 7.3 horas de tiempo libre al casarse, mientras que los hombres ganan 2.9. El descuido encarna una relación asimétrica de poder en la que se violenta la dignidad de otras personas al imponerles responsabilidades de cuidado.

En segundo lugar, en la producción del descuido se juega el sostenimiento de la vida y se trasladan los riesgos a terceras personas. En sus expresiones más graves, puede alcanzar la falta de protección frente a situaciones de peligro, la omisión, la ausencia, el abandono y otras formas de negligencia, con consecuencias físicas, psicológicas y emocionales para quienes cuidan y para quienes necesitan recibir cuidados.

Algunas expresiones graves del descuido alcanzan incluso relevancia jurídica. El Código Penal de la Ciudad de México dedica un capítulo a la Omisión de auxilio o de cuidado. El artículo 156 sanciona a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma cuando tiene la obligación de cuidarla, con una pena de tres meses a tres años de prisión.

Sin embargo, sancionar la omisión del cuidado también exige preguntarnos en quiénes recae socialmente la obligación de cuidar. Permanece incuestionada la facilidad con la que muchos hombres nos lavamos las manos del asunto mientras son mayormente las mujeres quienes cuidan. Ahí se revela con contundencia la violencia del descuido: algunos podemos permitirnos descuidar porque sabemos que alguien más no puede dejar de cuidar.

Pienso de nuevo en mis amigos. Él, agotado después de esos dos años de cuidar intensamente a su hijo; ella, genuinamente abrumada con sólo imaginar lo que habría significado atravesar eso mismo sola. Estar presentes y compartir los cuidados de forma equitativa también nos permite dimensionar todo lo que exigen, todo lo que cuestan y cuánto hemos dado por sentado el esfuerzo de quienes los sostienen.

Ya se acerca el 28 de septiembre, Día de Acción Global por el acceso al aborto legal, seguro y accesible, una fecha emblemática para el activismo a favor de los derechos sexuales y reproductivos impulsada desde América Latina, y también un momento para la reflexión sobre lo que necesitamos seguir apuntalando para fortalecer el acceso al aborto seguro. En este artículo de opinión abordaré de manera breve algunas cuestiones que debemos seguir mirando porque la despenalización legal y parcial del aborto (en la mayor parte del país) es un gran paso, pero representa el punto de partida:

La calidad y el acceso en la atención del aborto

Tomando como punto de partida las reflexiones de María Isabel Matamala y Pilar Maynou, Débora Tajer, así como de las propuestas sobre salud feminista vertidas por la Fundación Soberanía Sanitaria la calidad de atención en salud debe enfatizar la ciudadanía y el ejercicio de derechos y alejarse del modelo médico hegemónico. La accesibilidad, el trato, la calidad de la información, la dignificación, el ejercicio de derechos y la autonomía, son elementos que deben ser cuidados por las instituciones y el personal de salud. En este sentido, las mujeres y personas gestantes que abortan no tienen un papel pasivo sino activo y sin duda las colectivas y organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento dan muestra de ello.

Si hablamos de calidad no debemos dejar de lado que la decisión del aborto implica otras decisiones, relacionados con los tiempos, lugares y personas vinculadas a este proceso: ¿cómo lo voy a hacer? ¿quién quiero que me acompañe? ¿y en dónde lo quiero o lo puedo realizar?, y también implica miedos al dolor, al estigma, y a la infertilidad o la muerte generados por grupos conservadores que debemos prever y aclarar.

Por otra parte, el Lineamiento Técnico para la atención del aborto seguro en México y los Servicios de Aborto Seguroimpulsados por el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, son un avance sustantivo en materia de política pública, acompañada de una vigilancia de su implementación a partir de observatorios generados también por colectivas y organizaciones de la sociedad civil.

Las universidades también debemos mirar la calidad y la atención del aborto, y de todos los procesos reproductivos y no reproductivos vinculados ya que tenemos un papel fundamental en la prevención de la violencia reproductiva, obstétrica y contra los derechos sexuales y reproductivos. La inclusión y el fortalecimiento del abordaje de estas temáticas en los planes de estudio a partir de asignaturas específicas y contenidos transversales es indispensable en disciplinas médicas, de enfermería, psicología y trabajo social además de otras vinculadas con la comunicación y el periodismo, además de fortalecer la educación sexual integral y la ciudadanía sexual y reproductiva en el bachillerato y en la universidad. Las universidades sin duda deben ser espacios donde las mareas verdes nos inunden, se propaguen y nos llenen de esperanza.  

La investigación sobre la autonomía, justicia reproductiva y el acceso al aborto deben ser aspectos prioritarios en las instituciones de educación superior, no son temas agotados, por el contrario, la evidencia científica puede contribuir al movimiento por el aborto seguro y gratuito, ante un contexto mundial de derechas que amenazan nuestras libertades y derechos.

Por último, no podemos dejar de señalar que las colectivas están realizando una tarea que el Estado debe realizar, que es necesario asegurar el acceso al aborto en el segundo y tercer trimestre, presupuestos etiquetados para el aborto seguro y el acceso a la mifepristona (igual que el misoprostol) sin receta médica. El impacto de la federalización del sistema de salud para personas sin seguridad social en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos es un tema de urgente análisis.

Sacar el aborto del Código Penal

No solo basta con la despenalización parcial del aborto a nivel estatal, necesitamos sacar el aborto del Código Penal a nivel federal y estatal. El aborto es un servicio esencial de salud y parte del derecho a la salud como ya se ha reiterado en múltiples ocasiones, no un delito. El 6 de septiembre de 2023, la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había ordenado al Congreso de la Unión eliminar los artículos en materia de aborto que fueran declarados contrarios a la Constitución, pero no ha cumplido. Además de remarcar que ninguna mujer debe estar presa por abortar, sacar el aborto del Código Penal contribuirá a la despenalización social del aborto y al cambio de imaginarios y narrativas, que sin duda desde la sociedad civil ya hemos venido transformando desde hace más de 50 años.

Este texto está dedicado a Olivia Ortiz, psicóloga clínica y pionera en el acompañamiento emocional por aborto voluntario y fundadora de Adas, Acompañamiento después de un aborto seguro, quien nos enseñó a mirar el aborto desde una perspectiva afirmativa, dicho en sus propias palabras “a cambiar la idea del aborto como un problema y ponerlo como un tema de salud y bienestar”.

Cuerpos que duelen y resisten

Por Angélica Dávila Landa

Me duele el cuello. Es un punto constante en el lado derecho de la nuca que se conecta con el dolor en los hombros y la espalda alta. Parece, sobre todo, que son dolores que resultan de problemas posturales. Estar mucho tiempo encorvada trabajando en la computadora, en el celular. Pero, sobre todo, trabajando en hacer el cuerpo pequeño, contraído, para hacerlo sentir seguro, para que no sea vistoso, para que no ocupe mucho espacio. Contracciones que se incorporan —se hacen cuerpo— y que tienen el costo de vivir como un cuerpo doliente. Contracciones que, además, expresan la necesidad obligada socialmente para muchas mujeres de que nuestros cuerpos, nuestras existencias sean más pequeñas de lo que son: gasten menos espacio, menos miradas, ¿menos vida?

En efecto, estos dolores me recuerdan que no son solo fisiológicos: son la experiencia vivida y corporizada de las desigualdades y las violencias de género que yo, como otras mujeres, en nuestra diversidad, nos atraviesan en casi todas las instancias de nuestras vidas. Que nos siguen lastimando después de haberlas vividas cuando obligan a nuestros cuerpos a tomar formas que nos les benefician y que tampoco merecen. Pero, al mismo tiempo, estos dolores hablan de nuestras resistencias corporales y vitales, en donde aparece con más presencia porque hemos decidido abandonar esas formas dolientes. En efecto, trato ahora de pararme más erguida, sacar el pecho, tomar lugar, respirar todo el aire que necesito con todo el tiempo que necesito para vivir y para vivir bien. De decirme: yo existo, ocupo un espacio, es mío y lo tomo. Me expando entonces en el espacio completo de mi corporalidad y de los lugares que habito. Y esos dolores comienzan a convertirse en movimientos que atestiguan esta expansión, que empiezan a relajarse, a desvanecerse.

Así, por estas razones (vitales, corpóreas, éticas y políticas), quise recuperar hoy la escritura sobre los cuerpos de mi amiga y colega Larissa Paisano. Porque nos recuerda que nuestros dolores corporales son violencias vividas, pero también resistidas, reformuladas, transformadas. Y nos invitan a ser cuerpos de una forma en que ya no les demos lugar más a esos daños y maltratos.

Una biblioteca llamada cuerpo: pedagogías de la memoria y reflexiones feministas sobre la violencia

Por Ana Larissa Paisano Amaya

Hace unos días regresé de un viaje breve a Honduras. Como de costumbre, hice una parada en casa de mi amiga Angélica Landa, en Ciudad de México, un lugar donde mi cuerpo siempre encuentra descanso. Entre risas, tazas de café, lágrimas y conversaciones profundas sobre mi infancia, sobre la vida, me hizo una pregunta que todavía resuena en mí:

—Larissa, ¿qué edad tenías cuando notaste con conciencia las violencias vividas en casa?

La pregunta me llevó hasta mis siete años. Vi a una niña llena de preguntas, rodeada de silencios y atravesada por violencias que todavía no sabía nombrar. A esa edad comprendí que no quería vivir el destino que parecía esperarme. Había demasiadas preguntas en mí para aceptar una vida construida sobre el silencio. Con el tiempo salí de casa, pero las violencias encontraron otras formas de alcanzarme y me obligaron a replantear incluso mi propia existencia.

Hoy entiendo que el cuerpo guarda aquello que, por diversas razones, intentamos olvidar o bloquear. Muchas veces reprimimos emociones, borramos escenarios, negamos recuerdos o aprendemos a sobrevivir desconectándonos de lo que sentimos. Sin embargo, el cuerpo conserva una memoria que, tarde o temprano, encuentra la manera de hablar. El cuerpo también se mueve desde lo aprendido: aprende a callar, a protegerse, a desconfiar, a resistir, a amar, a luchar y rara vez a descansar.  En ese sentido, cada cuerpo contiene una pedagogía de memorias, una forma particular de aprender y habitar aquello que hemos vivido. Cuando esas memorias pueden ser recuperadas y nombradas, se convierten también en una pedagogía del cuerpo: una posibilidad de reconocer aquello que nos fue enseñado sin palabras y desmontar los discursos construidos sobre verdades contadas a medias, silencios heredados y responsabilidades que nunca fueron asumidas.

Lo comprendí cuando acudí al médico buscando una explicación para un dolor persistente. Después de varios estudios me dijeron: "No tienes nada." En ese momento pensé que el problema era yo. Más tarde descubrí que existen dolores que no aparecen en los laboratorios, porque el cuerpo también expresa aquello que nunca tuvo un espacio seguro para ser dicho.

Me gusta pensar que no somos únicamente un cuerpo: somos una biblioteca. En nosotras habitan historias completas, algunas rotas, otras olvidadas y muchas todavía sin leer. Guardamos recuerdos de amor, esperanza y libertad, pero también de miedo, abandono y violencia. Todo aquello que vivimos deja huellas en nuestra manera de sentir, de relacionarnos y de habitar el mundo.

Por eso creo que vale la pena mirar nuestra propia línea del tiempo y preguntarnos qué acontecimientos siguen viviendo en nuestro cuerpo. No para permanecer en el dolor, sino para comprendernos con mayor ternura.

Como escribió Alice Miller: "Es preciso que nos desprendamos de los padres que tenemos interiorizados y que continúan destruyéndonos; sólo así tendremos ganas de vivir y aprenderemos a respetarnos." (Miller, 2004).

No somos responsables de lo que vivimos en la infancia, pero sí podemos decidir qué hacemos con las heridas que llevamos. Al atenderlas, estamos reparando espacios de nuestro cuerpo que durante mucho tiempo estuvieron enfermos, colapsados, ocupados por historias, voces y dolores que no nos corresponden. Comprender el contexto de nuestra madre y padre no significa justificar el daño recibido; significa dejar de reproducir dentro de nosotras aquellas voces que continúan haciéndonos creer que no somos suficientes.

Quizá reconocer nuestras emociones, escuchar al cuerpo, recuperar la memoria y nombrar aquello que durante años permaneció en silencio pueda ser un acto de resistencia. Nombrar, sola y acompañada, mis memorias es también una de las tantas formas que he encontrado para hacer otro tipo de justicia: una justicia que comienza por reconocer lo vivido, devolverle un lugar a aquello que fue silenciado y recuperar la voz de la niña que alguna vez fui.

Y usted, que me lee: ¿qué memorias atraviesan su cuerpo?, ¿cuánta pedagogía habita en ellas?

Una columna de Karina Videgain Martínez

Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Gestión Menstrual, una fecha que llama la atención sobre las condiciones necesarias para gestionar la menstruación y las desigualdades que atraviesan esta experiencia, sin embargo, la necesidad de hablar de la menstruación debería estar presente en la agenda durante todo el año. Cada mes, más de 2 mil millones de personas menstrúan en el mundo, y millones no tienen acceso a productos, agua, baños o información para vivirla con dignidad: una condición que reconocemos como pobreza menstrual. Pero ¿por qué tardamos tanto en hablar de ella? Una parte de la respuesta está en que la experiencia menstrual ha sido silenciada e invisibilizada.

Cuerpos que aprenden

La menstruación es un proceso biológico, pero también una experiencia socialmente regulada que debe ocurrir sin dejar rastro. La sangre se oculta, el dolor se disimula y la incomodidad se resuelve a escondidas, en un baño que quizá no tiene agua, papel o privacidad. Esta exigencia de invisibilidad no es natural: es una construcción histórica. A lo largo del tiempo, las sociedades han establecido formas cada vez más estrictas de controlar aquello que revela nuestra condición corporal: los fluidos, la sexualidad, la desnudez y el dolor. Muchas de estas manifestaciones fueron desplazadas al ámbito privado y rodeadas de normas de pudor, autocontrol y ocultamiento.

Es en este sentido que podemos hablar de un secuestro de la experiencia: un proceso por el cual la vida social moderna aparta de las rutinas cotidianas aquello que confronta al sujeto con su fragilidad material y sus límites corporales. La muerte, la enfermedad, la locura, pero también la sexualidad y la naturaleza —y con ella, nuestros cuerpos— son desplazadas hacia ámbitos especializados, donde quedan sujetas a saberes, normas y prácticas específicas. En ese desplazamiento se establecen formas socialmente autorizadas de comprender lo que ocurre, intervenir sobre ello y definir quién debe hacerse cargo.

Menstruación: una experiencia secuestrada

La menstruación es paradigmática de este proceso: se desarrolla un lenguaje especializado para nombrarla y tratarla —ciclo, síntomas, síndromes—, mientras en la vida cotidiana se alude a ella con eufemismos. Al mismo tiempo, se desarrolla un saber especializado en torno a prácticas de contención y ocultamiento, acompañado de productos y tecnologías que permiten evitar que el sangrado, el olor o las manchas interfieran con las rutinas. Incluso el dolor, el cansancio o la incomodidad deben sobrellevarse sin alterar el curso habitual de las actividades.

Este aprendizaje comienza temprano: en Ciudad de México, al 65% de las personas encuestadas nadie les habló del tema antes de su menarquia. Cuando la experiencia se hace visible, puede activar vergüenza y sanción social: en México, 10% ha sufrido burlas por menstruación en la escuela o el trabajo. Además, 33% ha dejado de realizar actividades por miedo a mancharse y más de la mitad siente incomodidad al hablar de menstruación con hombres.

Un secuestro institucionalmente generizado

Aunque se presenta como una responsabilidad individual, la gestión menstrual está socialmente organizada: descansa sobre tiempos, recursos y normas definidos en cada espacio social. El secuestro no es un proceso psicológico ni una transformación cultural difusa, sino institucional. En México, 20% de las personas menstruantes que estudian o trabajan no cuenta con la infraestructura necesaria, 69% señala que no hay papel higiénico en sus escuelas o centros de trabajo y 30% de quienes usan toallas desechables reporta dificultades económicas para comprarlas.

Pero esa organización no recae sobre cuerpos abstractos, sino sobre cuerpos fundamentalmente feminizados, históricamente configurados y jerarquizados por relaciones de control y desvalorización de la corporalidad reproductiva. Las instituciones —escuela, trabajo, servicios públicos, espacios urbanos— se presentan como neutrales, pero sus tiempos, espacios y reglas responden a un ideal masculino y configuran un régimen de ocultamiento e invisibilización de la menstruación. En Ciudad de México, 47% ha faltado a la escuela y 34% al trabajo durante la menstruación. La base institucional del secuestro es, así, generizada y contribuye a distribuir de manera desigual las posibilidades de participar en la vida social.

El sentido político de nombrar la pobreza menstrual

El régimen de ocultamiento e invisibilización no solo ha individualizado la gestión menstrual, sino que también ha privatizado sus costos. La pobreza menstrual permite mostrar que afrontamos la menstruación en condiciones desiguales, y que estas pueden traducirse en exclusión, restricciones para participar en la vida cotidiana, ausentismo escolar y laboral, estigma y discriminación.

El confinamiento de la menstruación también dejó fuera de escena las condiciones materiales y los costos que implicaba apartarla de la vida cotidiana. Que hoy podamos hablar de pobreza menstrual constituye una ruptura de ese confinamiento y permite romper el silencio. No se trata de convertir la menstruación en un problema, sino de hacer visibles las desigualdades materiales que atraviesan su gestión y reconocerlas como una cuestión de derechos y justicia social. Atenderla, en el marco de este diagnóstico, nos invita a abrir una agenda de transformación: no solo implica redistribuir recursos, sino replantear la base institucional que organiza la gestión menstrual, colectivizar sus costos y comenzar así a desecuestrar la experiencia.

Fuentes de información usadas

Encuesta sobre menstruación en Ciudad de México, COPRED (2024).

Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual (2022), UNICEF, Essity y la colectiva Menstruación Digna México.

Segunda Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrual, UNICEF México y Essity (2025).

A propósito del inicio de cursos en los espacios universitarios en nuestro país y en muchas partes del mundo, nos parece importante reflexionar acerca de los cuidados que tenemos en y para la comunidad universitaria.

El concepto de cuidados, dentro de la agenda feminista y de comprensión de una ética de igualdad y equidad entre las personas, nos ayuda a entender que son actividades interdependientes para el bienestar físico, emocional y espiritual.

En este sentido, nos parece relevante problematizar ¿Nos cuidamos en las universidades? ¿Cuáles son las acciones, actividades, políticas e intervenciones, que se tienen en las universidades para el cuidado de sí y en comunidad?

En principio, creemos fundamental reflexionar acerca de qué significa cuidar. Afortunadamente en nuestro país, el tema de los Cuidados ha tenido un interés efervescente. Encontramos programas, seminarios, líneas de especialización, tesistas, investigaciones en diferentes espacios universitarios que se interesan por cuestiones relacionadas con la temática, lo cual es vital para seguir profundizando en esta vertiente de investigación.

La educación superior implica instituciones educativas cuya finalidad es formar a su población; el estudiantado tiene el propósito de profesionalizarse en algún área del saber particular. En ese entorno comparten espacio diferentes personas en diversos roles, entre ellos, administrativos, directivos y de docencia, quienes acompañan al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su vida cotidiana que poco se nombra.

El profesorado realiza la labor de enseñanza y acompañamiento de manera cercana y empática, cumpliendo el rol de guiar a sus estudiantes en las diferentes áreas en las que se está formando, considerando las emociones y experiencias diarias.

Por ello, se plantea la discusión de las implicaciones que existen en torno a cuidarse, esto es, en principio, que se reconozcan las necesidades de los cuidados en los espacios universitarios, que se tengan las condiciones para cuidar y que vivamos a la institución como un espacio de encuentro, de empatía, de diálogo constante y de compromiso; con el objetivo de ir más allá de la propia universidad, pues las personas no sólo somos estudiantes y/o docentes, también somos madres, padres, hermanas, abuelos, abuelos, tías, tíos, lo que nos posiciona con diferentes roles para darnos la posibilidad de co-construir sociedades cuidadoras.

REFERENCIAS

Batthyány, K. (2021). El trabajo de cuidados: Una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. CEPAL / Fundación Friedrich Ebert.

Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. (2024). El derecho al cuidado: una apuesta para la igualdad y el sostenimiento de la vida en los espacios universitarios. Gaceta UNAM.

Meza Navarro, P. J. (2025). ¿Quién cuida a quienes cuidan? El rol de las universidades en la construcción de una nueva lógica de cuidados. Revista Educación Superior y Sociedad (ESS), 37(1), 89–112.

ONU Mujeres. (2024). La perspectiva de género en las infraestructuras de cuidado en América Latina y el Caribe. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.