María tiene 94 años, tuvo 6 hijas y un hijo, fue abuela en trece ocasiones y bisabuela en cuatro. Entre los 15 y los 85 años realizó trabajo de cuidados, primero con sus hijas, después con las y los nietos y, entre los 70 y 85 cuidó a su esposo enfermo y después a su madre quien murió a los 104 años. Actualmente tiene dificultades de movilidad y requiere cuidados y acompañamiento, estos corren a cargo de las cuatro hijas que aún están con vida y cuyas edades oscilan entre los 80 y los 69 años. María tiene que pasar temporadas con cada hija, conviviendo con nietos de entre 30 y 56 años y con bisnietos adolescentes.

Más personas que requieren cuidados

La composición de las familias y sus arreglos para la cohabitación han variado en el tiempo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en 2023 existían 38.9 millones de hogares. Aunque los datos señalan que el promedio de integrantes por familia se ha reducido en las últimas décadas (actualmente es de 3.4 personas), desde el 2016, la proporción de personas mayores que los integran se ha incrementado en 21.3%.

Casi una tercera parte de los hogares en nuestro país son ampliados, es decir, incluyen un núcleo básico, más otros parientes (INEGI, 2026). Poco más del 60% de las personas mayores forman parte de ese tipo de hogar y, de esa totalidad, una tercera parte habita con otros parientes y otro tercio vive con otras personas, familiares o no, que son dependientes y que requieren de cuidado (Jiménez, López y Viruegas, 2025, p. 54). Los datos nos ayudan a comprender la complejidad de la situación, pues dentro de ese grupo de hogares, en el 37% había dos personas que requerían cuidados, en el 15.8% tres y en 7.5%, cuatro o más personas (INEGI, 3 de octubre de 2023, p. 14).

En familias ampliadas, la cohabitación de tres generaciones es común. Sin embargo, con mayor frecuencia, conviven dos generaciones de personas mayores. De tal forma que, además del cuidado de infancias o adolescencias, es frecuente encontrar personas mayores cuidando a otras personas mayores que requieren cuidados de largo plazo o adultas que tienen la responsabilidad de cuidar a dos o más personas mayores.

Cuidar en condiciones de desigualdad

Vivir y cuidar en un hogar multigeneracional puede ser muy positivo en términos de recursos compartidos, apoyo emocional y, aparentemente, una mayor posibilidad de distribución del trabajo de cuidado. Sin embargo, esta composición familiar trae consigo problemáticas y tensiones en distintos niveles. Por ejemplo, para muchas mujeres de entre 40 y 60 años, habitar con infancias y vejeces representa una doble carga de trabajo de cuidados que, para muchas, se suma a la responsabilidad de ser jefas de familia. Por otro lado, cuando padres/madres e hijos/hijas adultos/adultas envejecen a la par, ambos ven disminuida la disponibilidad de recursos de cuidado. Por otro lado, cuando algún o algunos miembros de la familia requieren cuidados de largo plazo, la situación se complejiza aún más porque estos son intensos y demandantes física, emocional y económicamente para las personas que los brindan.

Aunque la tendencia revela un aumento de los hogares unipersonales y la disminución de los hogares ampliados, las características del cambio demográfico transformarán estos últimos en convivencia intergeneracional mediada por la falta de recursos económicos, de acceso a servicios de protección social y de salud, por la precariedad del tiempo y por un entorno político que no logra consolidar estrategias para dar respuesta a la urgente necesidad de la reorganización social del cuidado.

Para los hogares de ingresos medios, la corresidencia multigeneracional puede ser una opción viable para optimizar los recursos económicos familiares. Pero cuando la superposición entre generaciones aumenta, las necesidades también y, con ello, la posibilidad de tensiones entre quienes llevan la responsabilidad del cuidado y quienes lo requieren.

Frente a este escenario, resulta necesario visibilizar las realidades que enfrentan las personas que integran los hogares ampliados, especialmente las mujeres, a quienes recae una doble o triple carga de cuidado. No debemos olvidar que quienes hoy cuidan con intensidad y pertenecen al grupo de edad de entre 40 y 60 años presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles que podrían requerirles cuidados en la próxima década. ¿Quién los proveerá? ¿Familiares de su grupo de edad, más jóvenes o personas más envejecidas? No debería ser así. El cuidado no puede seguir recayendo exclusivamente en las familias, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad de generar condiciones que aseguren la protección social de las personas a lo largo de sus trayectorias de vida, especialmente en lo relativo al derecho al cuidado.

México venció a Ecuador y avanzó a octavos de final después de 40 años. La ilusión del “¿Y si sí?” para este domingo nos inunda. La fiesta está increíble y el ambiente a todo lo que da… pero hay dinámicas de riesgo que permanecen y no debemos olvidar.

ONU Mujeres ha advertido sobre la evidencia global que también está documentada en el reporte mensual de Ola Violeta, “Mundial 2026 en casa: brechas, violencias y derecho al futuro”, muestra que durante los grandes eventos deportivos los incidentes de violencia doméstica aumentan según el resultado del partido, y crece aún más cuando el consumo de alcohol se suma a la ecuación.

El dato no es especulación. Según un estudio de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, que analizó denuncias policiales en Inglaterra durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, la violencia machista creció 26% los días en que la selección inglesa ganaba o empataba, y 38% cuando perdía. Si había alcohol, incrementaba hasta 40%. El patrón se repite en otros contextos: en Colombia se documentaron incrementos de hasta 43% durante partidos del Mundial 2014, y en Brasil la violencia doméstica creció casi 24% en días de liga local.

México no es la excepción. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios (RNR), las llamadas de auxilio suben entre 15 y 20% durante los partidos del futbol local. Por ello, antes de que rodara el primer balón de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, la organización lanzó la campaña “La violencia contra las mujeres no es parte del juego”, luego de documentar que los casos de violencia familiar venían en aumento entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

¿Por qué ocurre esto? En los megaeventos deportivos se concentran factores de riesgo que ya existían: alcohol, presión competitiva, intensidad emocional, y hay masculinidades tóxicas que descargan la emoción en casa, principalmente sobre mujeres, niñas y niños. El futbol no crea la violencia, la destapa.

También vale la pena detenerse en algo incómodo: el aumento no depende solo de perder. Ganar también dispara el riesgo, aunque en menor medida. La euforia, igual que la frustración, necesita un lugar donde descargarse, y con demasiada frecuencia ese lugar es el hogar.

Esto no es un llamado a apagar la fiesta, sino una invitación a expandirla: que celebrar a México incluya cuidar a quienes comparten casa con un aficionado. Las líneas de emergencia, los refugios y las redes de acompañamiento no compiten con el festejo, lo hacen posible sin víctimas invisibles.

El domingo, cuando México enfrente a Inglaterra por un lugar en cuartos, miles de familias vivirán los noventa minutos frente a la televisión. La pregunta que queda en el aire no es si México gana o pierde, sino qué pasa después del silbatazo final, puertas adentro, cuando ya nadie está mirando. ¿Y si sí miramos también allá?

Jugar con la pelota de hule debe haber empezado como una diversión en la zona tropical de América, donde naturalmente crecen los árboles que producen látex, una savia elástica y pegajosa que se puede enrollar como madeja de hilo y que, una vez seca, tiene la capacidad de rebotar. Pero muy pronto se vuelve más serio: hace un poco menos de 4000 años, cerca de la costa del Pacifico, ya construyeron una cancha formal: un espacio largo y angosto, cerrado por dos construcciones. Estaba a un lado de una gran plaza pública, y por el otro costado estaba una residencia grande.

Casi al mismo tiempo, en la Costa del Golfo, en El Manatí, encontraron en un manantial ofrendas con muchas pelotas de hule y unos entierros de infantes sacrificados. Es la prueba más temprana de la asociación de la pelota con un ritual al agua y a la fertilidad.

Hace unos dos mil años, en la costa del Golfo, el juego de pelota se transforma otra vez: ahora las canchas están en las ciudades, en el espacio principal asociado al templo. No hay en los pueblos ni en las aldeas. Además, en estas ciudades empieza a haber representaciones en esculturas de piedra y en murales de edificios importantes del juego y de un ritual de decapitación, donde uno de los jugadores es sacrificado.

Para entonces ya se puede ver que le pegan con la cadera, no con las manos ni los pies, como es más fácil y más común. Pero se volvió un juego controlado por las autoridades. En las representaciones, siempre son hombres. Nunca hay mujeres en la cancha o en la imagen de la decapitación.

En la zona costera del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, un lugar donde todavía se da el árbol de hule, ocurre algo distinto. Se representan jugadores de pelota en pequeñas figuras de cerámica, algo excepcional en el resto del Golfo. Las más antiguas son del 800 al 200 antes de nuestra era, y son hombres, con su cinturón, su protector de rodilla y su pelota en la mano.

Durante el primer milenio, hay series muy parecidas que representan hombres, pero también hay series casi idénticas de mujeres. Misma posición, atuendo y tamaño, 15-18 cm de alto, pero son mujeres. En ambas series, son personas altas, delgadas y jóvenes, de acuerdo con sus proporciones. Lo único que permite distinguirlos son los pechos pequeños pero formados de las mujeres. Son del primer milenio de nuestra era, justo el mismo momento cuando más al sur del Golfo, el juego se volvió muy “oficial” y masculino. A diferencia de otras figurillas de barro reportadas de Oaxaca, Guerrero y Centro de México, aquí es bastante seguro que son jugadoras de pelota justamente porque se parecen tanto a sus contrapartes masculinas.

 Son decenas de figurillas tanto de hombres como de mujeres, pero la gran mayoría viene de colecciones y no se sabe de dónde provienen. Solo se identifica su estilo particular de la zona de Pánuco.

Esto sugiere que hay una práctica del juego en la región que ahora se llama la Huasteca, que incluye hombres y mujeres jóvenes, como iguales, cuando menos al nivel de la población en general, que es la que produce las figurillas de barro. ¿Estas mujeres pudieron participar en los juegos en las canchas de las ciudades? No sabemos. Pero una gran escultura de piedra de 90 cm de alto encontrada por casualidad en el municipio de Álamo Temapache cuenta otra historia: una mujer, identificada por sus pechos desnudos y su falda, tiene un grueso cinturón y protectores de rodilla, y en una mano tiene un cuchillo de sacrificio y en la otra agarra por el pelo una cabeza decapitada.

Es una señora de poder, por el tocado, orejeras y collar, y está representada como sacrificadora, algo excepcional en el resto del México antiguo. No se sabe de dónde salió la pieza, pero por su estilo, sugiere que sería de hace unos 1000 años o menos. Esto sugiere que la participación de las mujeres en la práctica del juego en el Norte del Golfo pasó de un nivel popular a uno de autoridad. Para lograrlo, se lo deben haber ganado a pulso.

El mundo de las universidades discurre entre clases, proyectos, publicaciones y evaluaciones. Pero ¿qué lugar ocupan los cuidados en esa conversación? Poco se habla de la escucha, el acompañamiento y la construcción de espacios donde otras personas puedan aprender y encontrar sentido a su experiencia formativa. Aunque suelen pasar desapercibidas, son estas prácticas las que sostienen buena parte de la vida universitaria.

Como docentes e investigadoras, conocemos de primera mano el trabajo emocional que implica acompañar al estudiantado. Escuchamos experiencias y preocupaciones, orientamos reflexiones y ayudamos a que otras personas construyan su propia senda en el mundo del conocimiento. Gran parte de este trabajo ocurre fuera del aula, más allá de las horas de clase y de las métricas institucionales que suelen utilizarse para valorar el desempeño académico.

Sin embargo, estos cuidados se despliegan en un contexto marcado por la presión constante por publicar, las crecientes responsabilidades administrativas y la normalización de la sobrecarga laboral. No es extraño que el cansancio y la fatiga docente terminen por hacerse visibles para el propio estudiantado, que la academia sea percibida con frecuencia como una estructura fría y ensimismada en la producción de conocimientos sobre un mundo con el que parece haber perdido contacto. Basta recordar nuestra experiencia como estudiantes para reconocer que no todas las personas que llegan a las aulas encuentran valor en la tarea de enseñar.

Frente a este panorama, conviene recordar que la universidad también es una comunidad construida sobre relaciones de cuidado. Está conformada por personas con historias, trayectorias, afectos y redes de apoyo. Precisamente por ello constituye un espacio de cuidado intelectual, emocional y colectivo. Así, queremos subrayar una idea sencilla, pero fundamental: como docentes, también cuidamos.

Dos formas de cuidar en la universidad

Una primera forma de cuidado consiste en construir una universidad segura hacia su interior. Esto implica reconocer y confrontar las múltiples violencias que atraviesan la vida académica. Por un lado, las prácticas adultocéntricas, homofóbicas, transfóbicas, machistas y androcéntricas; por ejemplo, los planes de estudio hipermasculinizados que invisibilizan las contribuciones de las mujeres. Por otro lado, la reproducción de dinámicas que infantilizan al estudiantado o desvalorizan sus preguntas, propuestas y conocimientos.

Cuidar también supone reconocer nuestros propios límites. Exige concebir al estudiantado como participante activo en la construcción del conocimiento y como interlocutor que incide en la producción colectiva de saberes. Admitir cuando no sabemos algo, abrir espacio al diálogo y construir relaciones pedagógicas basadas en el aprendizaje mutuo.

Una segunda forma de cuidado consiste en construir una universidad valiente hacia el exterior, capaz de vincular la enseñanza con los problemas urgentes de nuestro tiempo y de conectar el aprendizaje con la realidad social. Más allá del ejercicio docente, el objetivo es tender un puente entre el aula y las problemáticas que atraviesan a nuestra sociedad. Por ejemplo, en una de sus clases, David habla sobre la crisis de desapariciones que asola a México. A partir de ello, el estudiantado escribe cartas dirigidas a personas buscadoras y posteriormente, entregamos las cartas en las marchas como un gesto de empatía y solidaridad.

En este sentido, cuidar también significa ayudar a desarrollar sensibilidad frente al sufrimiento ajeno, fortalecer la capacidad de escucha y promover formas de compromiso ético con el mundo que compartimos. La academia no tiene la opción de permanecer indiferente: tiene la responsabilidad de interrogar críticamente la realidad de la que forma parte. Supone, asimismo, mantener una posición de tolerancia cero frente a las distintas formas de violencia que persisten dentro y fuera de las instituciones educativas.

Academia, ¿un deporte de combate?

Cuando Pierre Bourdieu afirmaba que la sociología era un "deporte de combate", hacía referencia a la necesidad de confrontar las estructuras de dominación que organizan la vida social. El propio autor mostró también que la academia dista de ser un espacio neutral y que en ella abundan las luchas de poder y las disputas por capital político.

Si retomamos la metáfora deportiva, podríamos decir que existen distintas formas de entender la educación superior. Hay quienes conciben la academia como un espacio de competencia permanente, orientado al alto rendimiento y la excelencia medida en indicadores. Pero también hay quienes la entendemos como un espacio de democratización del conocimiento, donde investigar, producir teoría e involucrarse en la propia formación académica debe ser una posibilidad abierta para todas las personas.

Por último, tal como ocurre con los cuidados, la construcción de una universidad segura, valiente y justa no puede descansar únicamente en la voluntad individual de quienes enseñan. Derribar las brechas y hacer efectiva la no discriminación exige actuar en todos los niveles, desde las relaciones cotidianas en el aula hasta las estructuras y políticas institucionales que organizan la educación superior. Transversalmente, los cuidados son la infraestructura invisible que sostiene a la comunidad universitaria.

En conclusión, cuidar dentro de la academia es una condición indispensable para construir comunidades universitarias más democráticas, críticas y humanas. Como docentes, quizá la pregunta pendiente no es cuántos artículos publicamos ni cuántos indicadores cumplimos, sino qué tipo de comunidad universitaria estamos construyendo mientras lo hacemos.

A estas alturas ya la mayoría de las personas sabemos de los mensajes violentos, incendiarios y polarizantes que acompañaron la campaña del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. También la mayoría sabemos que el proyecto político de Iván Cepeda buscaba continuar con la institucionalización del proceso de paz, poniendo a las personas víctimas de la violencia al centro y a la cabeza. Pero lo que quedó grabado en el inconsciente latinoamericano el pasado domingo 21 de junio es la convulsa velocidad con la que el péndulo político se está moviendo, claramente su retorno es hacia el extremo derecho y aún no sabemos en qué etapa de traslación se encuentra. 

Zygmunt Bauman dialogó con Gustavo Dessal en su libro El retorno del péndulo, sobre el eterno debate de la humanidad entre el anhelo por la libertad y la necesidad de seguridad y Nancy Fraser explica que en el sistema actual el capital financiero se enriquece a expensas de la economía real y del bienestar social. Frente a este suelo tan inestable Bauman y Dessal analizan cómo la psique humana opta por sacrificar importantes libertades a cambio de cierta seguridad. Desde aquí es entendible que la sociedad colombiana, junto con la peruana, costarricense, chilena, ecuatoriana, boliviana, argentina, salvadoreña y estadounidense, por nombrar las más recientes — y sin olvidar a Honduras, que habría que analizarle a detalle y con cautela, han decidido soltar el péndulo para ir hacia lo coercitivo, autoritario y “externo”.

La historia política de Colombia no se puede entender sin el Bogotazo. Tras el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948 en Bogotá, se desató una irrupción violenta, masiva y popular; dejando una ola de asesinatos, saqueos y enfrentamientos entre la misma población. El periodo de La Violencia se caracterizó por el enfrentamiento sociopolítico continuo entre los dos únicos partidos políticos y fue en medio de esta dolorosa coyuntura que Colombia entendió que la lucha de partidos se debería dar únicamente en la arena democrática.

Aquí está la primera gran lección, la sociedad colombiana a más de 60 años de un complejísimo conflicto armado nunca ha dejado de apostar y creer en la democracia. No la que erróneamente se entiende como la concurrencia a las urnas cada tantos años, sino la que se hace en las universidades, en la calle, en la protesta social, en todos los medios de comunicación, en el escrutinio de la función pública, y el análisis de los discursos. 

Hoy, en medio de la resaca postelectoral sabemos que Colombia ganó porque sus juventudes se movilizaron masivamente, de todas las formas, para equilibrar el péndulo; porque las comunidades indígenas y afrodescendientes navegaron ríos y cruzaron montañas para que su voz siga siendo tomada en cuenta. Colombia ganó porque sabe que, a pesar de encontrarse rabiosamente partida en dos, la lucha polarizante se cierne en las urnas. En la noche de las elecciones el candidato Cepeda subrayó el hito: Colombia salió a votar masivamente, rompiendo récord histórico de participación electoral. 

Ahora la autoridad electoral contó las boletas y dio los resultados oficiales, mientras la mitad de la sociedad colombiana, con el corazón roto, sabe que es en democracia, y nunca más en erupciones violentas, como se cambia la trayectoria del péndulo. Por ello, el trabajo democrático sigue más fuerte y constante que nunca, el de vigilar, escrutar, señalar y no soltar la labor ciudadana.

La segunda gran lección es con dedicatoria a México: los programas de seguridad nacional deben encontrar el mejor equilibrio posible entre reconciliación y Estado de derecho. El desencanto con la Paz Total del presidente Gustavo Petro fue uno de los mayores incentivos para empujar el péndulo hacia la ultraderecha. La ambiciosa labor de pactar con muy diversos grupos armados ilícitos generó vacíos estatales que fueron rápidamente ocupados por dichos grupos. Es necesario generar modelos diferenciados para hacer frente a la criminalidad y reconstruir el tejido social, acciones que se pueden dar al mismo tiempo, pero no son lo mismo y no se pueden tratar de la misma forma. 

Lo anterior no anula los buenos ejercicios y lecciones que la Paz Total ha dejado, como el colocar a grandes personas negociadoras a la cabeza y de manera territorial, como Vera Grave, Camilo Gonález Posso, María José Pizarro o monseñor Ruben Darío Jaramillo. Asimismo, los altos al fuego, la baja de homicidios y las vidas protegidas en casos como el de Buenaventura o en las mesas de diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) son aciertos y aprendizajes de los cuales hay que tomar nota. Pero cierto es que mientras se trabajaba focalizadamente por el diálogo por la paz con muy pocos grupos, los demás actores armados aprovechaban la ausencia estatal para maximizar sus vínculos con la sociedad, el Estado y otros grupos criminales transnacionales, como es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

México tiene mucho que aprender al respecto. La complejidad de los grupos armados ilícitos, cuya motivación central no es la política, con bases dinamizadas, cabezas cortadas, y una imbricada red de corrupción, hace que la negociación por la paz parezca imposible. Apostar únicamente a la buena voluntad, a los valores humanitarios universales, y después dar golpes sobre la mesa a petición de partes, ha resultado en un proyecto de seguridad nacional cuestionable, que permite que la percepción de riesgo sea mayor que los números reales de inseguridad. Es precisamente este temor del que se alimenta el discurso polarizante de la “mano dura”, que comienza a cocinarse como la opción entre la sociedad mexicana, cuya democracia es muy joven, con apenas 26 años de vida y una alternancia de 3 diferentes proyectos de nación y entendimiento de la transformación del conflicto.

Finalmente, Colombia nos enseñó que la historia electoral revanchista se repite, y se seguirá repitiendo; por lo que temer al retorno del péndulo o a su movimiento contrario es natural, mas no una condena. Así como a más de un siglo de lucha feminista y queer hemos podido saborear sus victorias, las libertades humanas adquiridas y los pasos de igualdad dados, el movimiento del péndulo no se detiene y viene una remontada tradicionalista, por miedo, por revancha. Entonces, como las Armys colombianas y mexicanas, toca organizarnos comunitariamente, para defender de cualquier proyecto opresor las libertades ganadas. Analizando el pasado, las luchas y sus formas es como tendremos una mejor proyección del futuro, que nos ayude a anticipar las siguientes jugadas.

Colombia votó sumamente dividida, pero eso en términos políticos es positivo, ya que pone de frente que nuestras psiques no están alineadas de la misma manera, ni tomando la misma decisión entre libertades y seguridad, sin embargo, los extremos son reales y peligrosos. Foucault decía que es la Tierra la que se mueve y no el péndulo, por fortuna en las ciencias sociales somos la tierra y el péndulo, es decir, todo es movimiento y todo puede cambiarse colectivamente, la sociedad es la que empuja el péndulo y lo dirige. 

Colombia nos enseñó que es momento de organizarnos más y mejor, de seguir creyendo en la democracia, en la defensa de los derechos de todos, en la creación holística de políticas públicas, y que los discursos propagandísticos y populares de las nuevas figuras políticas deben ser desmontados con constante investigación y fuerza social. Retomando el discurso del candidato presidencial Iván Cepeda la noche del 21 de junio: esta fuerza social latinoamericana, que busca defender la vida y la dignidad, está "curtida" y ha resistido en las peores condiciones, sin dejarse intimidar por amenazas o posturas autoritarias.

PD: Por primera vez Colombia ganó una izquierda sólida, que se posiciona en el Congreso como un fuerte partido político de oposición, sin ser estigmatizada, criminalizada, perseguida y asesinada.

Con un fondo de miles de carpetas de investigación, en las que se lee “Averiguación Previa” y “Procuraduría de Justicia del Distrito Federal”, atadas con lazos de cinta blanca, polvosas y rotas se escucha la voz de Sayuri Herrera diciendo que “En 2020 en México ocurrieron 3748 asesinatos de mujeres. De esos, 2801 fueron homicidios dolosos y 947 fueron feminicidios.” Se trata del inicio de la serie documental La Fiscal.

El 26 de marzo se estrenó. La vi de inmediato siguiendo la recomendación de acceder a ella en Netflix para que el algoritmo no jugara en contra y desapareciera de las primeras opciones que muestra la plataforma. La serie da cuenta de la labor de Sayuri Herrera al frente de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Ciudad de México, hasta su salida de esta institución, vinculada de alguna manera con la corrupción del propio sistema de justicia.

El 8 de marzo de 2020, Ernestina Godoy, Procuradora General de Justicia de la CDMX, anunció a la primera titular de la nueva dependencia, quien había sido seleccionada a través de una convocatoria pública, de la cual también dan cuenta en el documental.

Paula Mónaco y Miguel Tovar, los directores de La Fiscal, tuvieron acceso inédito, en tiempo real, al sistema judicial y siguieron las investigaciones de casos de feminicidio: los de Joana Esmeralda, Karen Itzel, Yrma Lydya, Ariadna Fernanda. El caso del feminicida de Joana Esmeralda fue juzgado, el de Karen Itzel tuvo una sentencia condenatoria. Otros dos continúan sus procesos judiciales abiertos.

Según Paula Mónaco, en entrevista con Federico Bonasso en el programa de Julio Astillero, se trata de “una ventana” que muestra “un tiempo excepcional (…) cuando una persona fuera de serie ocupó un cargo decisivo”. Sayuri Herrera con una trayectoria atípica para una institución como esta. Ellos conocían a Herrera y su trabajo en defensa de varios casos de derechos humanos y su importante papel en el acompañamiento legal de la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio en 2017. Grabaron durante más de tres años el día a día de Sayuri como fiscal y quisieron dar cuenta de “cómo se investigan los feminicidios en la Ciudad de México, cómo se investigaron en ese momento, cómo trabajan agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y peritas forenses, las fiscales mismas, todo un mundo que generalmente es opaco, que no tenemos acceso a ello”.

Género docu-serie de crímenes reales (true-crime) pero “sin morbo” y tratando de mostrar a los diferentes actores (personal de la fiscalía, policías, familiares, etc.) de manera cercana y para ello se usó la técnica documental de filmar a las personas de frente, ni en picada ni en contrapicada (la primera empequeñece al interlocutor, la segunda lo engrandece). En las tomas de frente, dice Paula Mónaco, a la altura de los ojos, la persona aparece como un igual al espectador y con ello se busca darle dignidad a su relato, a sus experiencias.

Este es uno de los primeros aspectos que llamó mi atención: a la Fiscal Sayuri, Herrera y a su equipo de la fiscalía los directores del documental los insertan en su espacio laboral, con sus objetos sobre los escritorios, incluidos insumos para higienizar el espacio y cubrebocas, sus recorridos por las calles, las miles y miles de carpetas de investigación, las emergencias que deben atender, las incertidumbres que les atraviesan. Con ello se humaniza un trabajo que, en general, es criticado, y con razón. En este caso, La Fiscal muestra que, pese a todas las limitaciones: burocráticas, de recursos (económicos, de personal, físicos), de infraestructura, cuando la cabeza de la institución tiene voluntad política y desarrolla hasta el fondo los protocolos de búsqueda, se logran resultados más prometedores que las cifras a las que estamos acostumbradas.

La serie presenta cuatro feminicidios, cuyos perpetradores son de condiciones económicas muy diferentes, con lo que se rompe de inmediato la idea de que éstos suceden solamente en zonas precarias de la Ciudad de México y que los perpetradores son hombres de las periferias. Acá vemos también a hombres violentos, corruptos, prepotentes y con dinero.

¿Cómo nos hacemos cargo de todas las víctimas, incluidas las indirectas?

Para finalizar estas notas sobre la serie documental quiero detenerme en algo que me generó mucho malestar. Si bien se cuida a las víctimas y a sus familiares y se tiene suma precaución para no revictimizar, hay un niño (hay otros en los tres episodios), menor de edad, cuyo rostro no vemos, pero sí escuchamos su voz y sabemos el nombre y apellido de sus familiares. Su abuela narra cómo el niño fue el testigo principal del feminicidio de su madre por parte de su papá y sus abuelos paternos. Una narración absolutamente desgarradora.

Lo que me inquietó es la aparición de la voz del niño en la serie, sabiendo sus apellidos. No pude dejar de preguntarme por qué no utilizaron alguna estrategia para proteger más la identidad de esta víctima indirecta. Esto me lleva a interrogarme sobre cómo abordamos a las infancias. Los y las hijas, de un momento a otro pierden a su madre. En muchísimos casos es el padre quien comete el feminicidio. Quedan huérfanos y viven situaciones traumáticas. Los huérfanos de feminicidio ocupan muy poco espacio en el debate público.

Quizá es por ello, para generar un contrapunto con esta terrible realidad, que Paula Mónaco y Miguel Tovar van narrando de manera paralela, a lo largo de los tres episodios, la decisión de adoptar una niña por parte de Sayuri Herrera. En el tercer y último episodio vemos el momento en el que se hace realidad su deseo, la escena en donde carga por primera vez a la bebé y la escuchamos afirmar “Yo decidí adoptar una niña, en un país en el que las mujeres tenemos, en distintos grados, el riesgo de ser víctimas de feminicidio. Porque yo pensé ‘Lucy ya está aquí’. Esa ya no era una decisión mía, ella ya existe, ya existía. Entonces, creo que, pues, ya la otra decisión era ser mamá y cuidarla. Y de todos modos conmigo o sin mí es algo que va a aprender a afrontar. Entonces, mejor hacerlo juntas. Pues decidí… y yo creo que ella también decidió, que yo fuera su mamá. Y pues ahora estamos nosotras juntas y eso nos hace bien y nos hace fuertes y nos hace felices.”

La orfandad de las niñas y niños víctimas indirectas de feminicidio empieza tímidamente a ocupar un espacio en estadísticas, políticas públicas, investigaciones. Con ello podemos empezar a dimensionar esta otra desgarradora y preocupante arista del problema y su magnitud.

Cada 20 de junio, el mundo se tiñe de amarillo. El llamado Yellow Day, asignado a esta fecha, tiene su origen en el psicólogo británico Cliff Arnall, quien propuso la tercera semana de junio como la más favorable para la felicidad, considerando factores como el aumento de horas de sol, las temperaturas agradables y la cercanía de las vacaciones. Aunque no existe evidencia científica sólida que respalde la existencia de un día objetivamente más feliz que otro, la iniciativa ha ganado popularidad en distintos países y se ha convertido en una invitación colectiva a detenerse, respirar y celebrar el bienestar.

La pregunta que pocas veces se hace es: ¿para quién está pensada esa celebración?

La felicidad no es una experiencia uniforme. Está influenciada por condiciones materiales, cargas invisibles y estructuras que distribuyen de manera desigual el tiempo libre, el descanso y la posibilidad de disfrutar la vida cotidiana. En México, esa desigualdad tiene rostro de mujer. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2024), las mujeres destinan 29.2 horas semanales a labores domésticas no remuneradas, frente a 11.8 horas de los hombres, una brecha de 17.4 horas adicionales cada semana dedicadas a cocinar, limpiar, cuidar y sostener hogares que la economía no contabiliza ni la sociedad reconoce. Según el INEGI, por cada hora que una mujer dedica al hogar, un hombre dedica solo 25 minutos.

Este trabajo invisible no es menor. Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares del INEGI, en 2024 el valor económico de estas labores equivalió al 23.9% del Producto Interno Bruto del país, y las mujeres aportaron el 72.6% de ese total. Son cifras que hablan de una economía sostenida, en buena medida, por manos femeninas que no cobran, no descansan en verano y difícilmente tienen una tarde libre para salir a disfrutar el sol que, según la fórmula del Yellow Day, debería hacerlas más felices.

El bienestar emocional tampoco escapa a esta brecha. De acuerdo con el Módulo de Bienestar Autorreportado (Biare, 2025), también del INEGI, las mujeres reportan mayores niveles de preocupación, depresión y ansiedad que los hombres: 30.2% de ellas declaró haberse sentido preocupada recientemente, frente a 22.6% de los hombres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, una tendencia que no es biológica sino estructural: tiene que ver con la violencia, la sobrecarga de cuidados, la precariedad económica y la falta de tiempo propio.

Nada de esto anula la posibilidad de celebrar el Yellow Day ni la importancia de buscar momentos de alegría colectiva. Al contrario, hace más urgente preguntarse cómo construimos sociedades donde el bienestar no sea un privilegio de quienes tienen tiempo libre, sino una condición accesible para todas las personas. Festejar el día más feliz del año con conciencia significa también reconocer que la felicidad plena, la que no se agota en una tarde de sol sino que se sostiene en el tiempo, requiere que las cargas se distribuyan de manera justa, que el trabajo de cuidar se valore y que las mujeres tengan, por fin, el derecho real de detenerse.

El grito ensordecedor de un ¡Gol! no brota solo en las entrañas de un estadio, también retumba en nuestras casas, tienditas, escuelas, restaurantes u oficinas como una manifestación de comunidad natural, incluso, si entendimos o no la jugada, si la vimos o nos la perdimos al pestañear,  casi nadie puede escapar, menos a un Mundial refirieron los sociólogos Segura Millán y Murzi.

Ante la celebración las miradas de la multitud llegan desde distintos ángulos en los entornos comunitarios y con las transmisiones televisivas, el disfrute individual de la celebración de un goleador, la hermandad, empatía, alegría, euforia, la desilusión del rival, el odio, el coraje y frustración, así como desde la violencia, en particular, la violencia en contra de las mujeres. Sí, en el fútbol varonil, hay violencias contra nosotras, porque nuestros cuerpos culturalmente han sido visto como ‘ajenos’ a ese deporte.

Las mujeres presentes en las gradas y en entornos donde hay fútbol somos vistas tradicionalmente como parte del espectáculo y entretenimiento, mismo que hemos normalizado e incluso asumido, agudizando los estereotipos sobre nuestros cuerpos, predominando su cosificación y sexualización como objetos de deseo, decoración, satisfacción o de exposición y explotación.

Para ello, solo basta recordar los titulares en medios deportivos digitales, audiovisuales e impresos como “Las aficionadas más bellas del Mundial”, “Las novias más lindas presentes en Rusia”, “Las mujeres más lindas de Qatar 2022”, “Las 5 futbolistas más bellas del Mundial femenil”, “Las hinchas y mujeres más lindas del Mundial”, “'La Chiquitibum', la chica que robó cámara en el Mundial México 1986”, “La historia real de la mujer que descubrió una infidelidad en la cancha”, “La esposa de ‘X futbolista’ le fue infiel”, “Las esposas más lindas de futbolistas famosos”. O bien, recordar frases que trascienden del ‘humor’ a la realidad: “Si pierde mi equipo, pierde mi familia”, “No seas ‘niña’, levántate”, “Tú qué vas a saber de fútbol”, “Mi mamá: ¿Quién vendió la casa? Yo en la cancha”; así como, recordar las expresiones y acciones de acoso que se viven en el espacio público en el trayecto donde se presencian estos eventos frente a una masividad de hombres alcoholizados.

A menudo estás violencias simbólicas, psicológicas, físicas e incluso patrimoniales y económicas entran en tensión con nuestro deseo de pertenencia y defensa del espacio deportivo, porque muchas buscamos en el fútbol un espacio seguro como aficionadas, periodistas, analistas, jugadoras, entrenadoras, mujeres en la asistencia y atención médica, promotoras de marcas y patrocinios, transeúntes, acompañantes, colegas, amigas, novias, madres, hijas, sobrinas, esposas, tías y abuelas. Empero, también se confrontan con la simbiosis de ambicionar liderazgo profesional y laboral con lo que nos apasiona, el fútbol: así como lo hacen ellos.

En el Mundial 2026, vivir la pasión del fútbol tiene que ser distinta para nosotras, las miradas con que se visualizan nuestros cuerpos en espacios futbolísticos se tienen que transformar y dirigir al respeto en dignidad e integridad, donde la pasión y emoción desbordante se realice sin violencias que intimidan, exponen, explotan y lesionan a las corporalidades femeninas para no quedarnos al margen por miedo, o bien, para que no nos impliquen una odisea estar en el entorno del fútbol.

La tarea parece titánica ahora para un Mundial de fútbol varonil, pero nos corresponde a todas las personas actuar y ser parte de la fiesta más popular, sin violencias ni violaciones contra de las mujeres, en cualquiera de sus contextos y categorías, porque sí, en menores proporciones, pero con las mismas afectaciones e impactos, el fútbol femenil también tiene prácticas violentas.  

La frontera en expresar y controlar nuestras emociones, cosificar y sexualizar nuestros cuerpos es muy delgada cuando no identificamos el daño que pueden ocasionar nuestras conductas en las personas y sus derechos, o también, cuando sabiéndolo no nos interesa detenerlos ante la impunidad y reiteración de patrones y comportamientos transgresores a los cuerpos femeninos que no tiene consecuencias ni jurídicas y mucho menos dentro del contexto futbolístico.

La narrativa tiene que cambiar, nuestros cuerpos no pueden ser pateados y pisoteados como un esférico. Nuestras miradas y efusividades ante un Gol en un Mundial deben ser el espejo de un mundo de respeto a la dignidad de las mujeres (y a la de todas las personas) para que el fútbol contemporáneo deje atrás nuestras miserias como refería el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

México recibió el Mundial 2026 con el entusiasmo de siempre: camisetas, quinielas, anuncios emotivos y la promesa de que el futbol nos reunirá frente a la pantalla. Pero junto con la fiesta llega una cara mucho menos cómoda y poco televisable: la de las violencias que se disparan alrededor de estos torneos. Mirar el Mundial desde una perspectiva feminista no es aguar la celebración; es negarse a aceptar que, en nombre de la pasión deportiva, todo se vale.

La evidencia más conocida viene de Reino Unido. Un análisis de 2018 de Full Fact, basado en un estudio sobre incidentes reportados a la policía en Lancashire durante tres Copas del Mundo, explicó que los reportes de violencia doméstica aumentaron 38% cuando Inglaterra perdió, 26% cuando ganó o empató y 11% al día siguiente del partido. Aunque el futbol no es la causa de la violencia, sí funciona como detonador en contextos donde ya existen control, abuso y agresión hacia las parejas. 

Ese dato importa porque desmonta una idea muy repetida: que lo que pasa alrededor del futbol es solo folklore, euforia o desahogo. No lo es. Cuando la masculinidad se construye alrededor del control sobre los demás y la incapacidad de tramitar emocionalmente la derrota, el partido puede convertirse en una excusa para descargar violencia en casa. En un país como México, atravesado por altos niveles de violencia contra las mujeres, sería irresponsable organizar un megaevento sin pensar también en refugios, líneas de ayuda, campañas de prevención y protocolos de respuesta para los días de partido. 

Pero el problema también está en las gradas, en las transmisiones, en las redes y en las estructuras de poder del propio futbol. El sexismo cotidiano sigue atravesando este deporte. La UNESCO lo resume con crudeza: el futbol sigue siendo un espacio dominado por hombres; 95% de las personas que entrenan y 91% de quienes arbitran son hombres, mientras las mujeres siguen enfrentando barreras en el arbitraje, la dirección técnica y la gestión deportiva. 

Por eso importa tanto lo que ocurrirá en 2026 con Katia Itzel García. Katia se convertirá en la primera árbitra mexicana que pita en una Copa del Mundo varonil, un hecho histórico para el país y para la región. Que hoy una mexicana llegue con silbato a la máxima vitrina del futbol masculino no es solo un logro individual; es una sacudida a la idea de que la autoridad en la cancha necesariamente tiene que venir de un hombre.

Sin embargo, el avance viene acompañado de la reacción machista de siempre. Cuando un árbitro hombre se equivoca, la conversación suele ir hacia la jugada, el criterio o la presión del partido. Cuando se equivoca una mujer, demasiadas veces aparece el comentario automático: “se equivocó porque es mujer”. Esa vara desigual no nace de la nada; forma parte de un ecosistema donde a las mujeres se les exige demostrar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. La misma UNESCO ha advertido que el futbol sigue atravesado por violencia y acoso de género, tanto en la cancha como en el estadio, en la prensa y en redes sociales. 

El sexismo cotidiano sigue marcando la experiencia de mujeres aficionadas, periodistas, jugadoras y trabajadoras del deporte. La crítica feminista al futbol no se limita a la diferencia salarial y de espacios, sino a quién decide, quién narra, quién tiene autoridad y quién paga el costo de desafiar el orden masculino dentro de la llamada “familia futbolera”. Allí se cruzan acoso sexual, violencia de género y homofobia, como si todo eso fuera parte normal del espectáculo. 

Una mirada feminista nos lleva a preguntarnos: ¿qué protocolos tendrán las ciudades sede para prevenir agresiones contra mujeres en estadios, fan zones y transporte? ¿Qué campañas se van a activar para advertir sobre el riesgo de violencia doméstica en días de partido?

¿Qué mensaje enviarán medios, clubes y federaciones cuando una árbitra sea insultada o cuando una periodista sea acosada en plena cobertura? Si el Mundial solo se piensa en términos de turismo, derrama económica y branding país, se perderá una oportunidad enorme para discutir qué tipo de convivencia estamos dispuestas a normalizar. 

El Mundial 2026 puede ser una fiesta, sí, pero no cualquier fiesta. Puede ser también una oportunidad para desafiar la idea de que el futbol pertenece a los hombres y de que las mujeres solo lo orbitan como acompañantes sin opinión. Katia Itzel García estará ahí para recordarnos que la autoridad y el futbol también puede ser para las mujeres.

Después de 40 años, México se posiciona una vez más como una de las sedes mundialistas, provocando emociones encontradas. Por un lado, la euforia que para muchos trae este show deportivo y el discurso oficial nos inunda con promesas de derrama económica. Pero, tras los millones de visitantes y la emoción futbolera, se juega otro partido en silencio: el del colapso silencioso de la red de cuidados locales.

Mientras los reflectores apuntan a la cancha, las calles viven lo que los expertos llaman un auténtico “lavado social”, el gobierno pide a los nativos quedarnos en casa para no contribuir al caos, o para no manchar la imagen que pretenden mostrar, excluyendo a la gente local de sus espacios cotidianos. El Mundial no genera desigualdades por sí solo, pero es un catalizador de las crisis urbanas que ya veníamos arrastrando. Los alojamientos de corta estancia han provocado el retiro de miles de viviendas del mercado tradicional a una velocidad alarmante. Familias enteras -muchas veces adultos mayores o jefas de familia encargadas del cuidado del hogar- sufren desalojos silenciosos porque sus espacios ahora valen diez veces más si se rentan por noche a un extranjero.

Cuando una vivienda deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía para el turismo de paso, el tejido comunitario se rompe de manera irreversible. Desplazar a los habitantes de sus barrios significa despojarlos de sus redes de apoyo mutuo: la vecina que cuida al niño mientras la madre trabaja, el tendero que fía el alimento cuando la quincena se aprieta. Estas redes no son un lujo; son la infraestructura invisible que permite la supervivencia diaria en contextos de precariedad. Por eso, el despojo inmobiliario es, en el fondo, un despojo afectivo que fragmenta las alianzas comunitarias, dejando a las personas aisladas y vulnerables en un entorno hostil que ya no les pertenece.

Este despojo no se limita a las paredes del hogar; se extiende con violencia hacia el espacio público bajo la bandera del orden exigido por corporaciones y comités organizadores. Colectivos y organizaciones civiles se han visto obligados a organizarse a contrarreloj frente a la emergencia. Tal como documentó una reciente cobertura del portal Desinformémonos, hoy se distribuyen cartillas informativas y herramientas de emergencia en la Ciudad de México para proteger a las poblaciones callejeras y precarizadas del asedio policial, el retiro forzado de sus pertenencias y el ocultamiento deliberado de todo aquello que la urbe prefiere no mostrarle al ojo del turismo internacional.

Crianza y sustento al margen del estadio

En este afán por maquillar la realidad, los comerciantes informales que por años han trabajado en las inmediaciones de los estadios sede, como en Huipulco/Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México para este mundial) están siendo retirados masivamente. Esta expulsión no solo los condena a la pérdida inmediata de sus ingresos económicos en el momento de mayor consumo del año; representa, ante todo, el desmantelamiento de un tejido laboral y de cuidados profundamente arraigado.

Estos trabajadores no solo vendían; habían construido una comunidad de soporte mutuo fundamental para la vida diaria. Entre puestos ambulantes y dinámicas cotidianas, se sostenía una red donde solían compartir alimentos para aligerar la jornada y cuidaban colectivamente a las infancias que los acompañaban. El retiro forzado desarticula este sistema de crianza comunitaria, dejando a las familias trabajadoras sin el sustento económico y, de golpe, sin el espacio seguro donde sus hijos eran protegidos por los ojos de todo el gremio.

A este desplazamiento se suma el encarecimiento desmedido de la vida cotidiana. Los insumos básicos, el transporte y los servicios públicos sufren una presión inflacionaria insostenible para quienes perciben salarios locales. En esta dinámica, las tareas de cuidado se precarizan aún más.

Pero la vulnerabilidad más cruda de este escenario se vive en las fronteras de las economías ilegales y la violencia. La llegada masiva de turismo internacional abre un mercado de altísima rentabilidad para el crimen organizado. Esta demanda introduce dinámicas de control territorial que alteran por completo la seguridad de los barrios.

Bajo este amparo de impunidad y urgencia económica, florecen también los peligros de la trata de personas. El problema no es una sospecha abstracta; diversas alertas publicadas en medios como Milenio confirman las advertencias de especialistas sobre cómo los grandes grupos de la delincuencia organizada —muchos con ramificaciones internacionales— ya estructuran sus redes de cara al Mundial. Para estos esquemas criminales, los flujos masivos de visitantes representan una oportunidad dorada para expandir el mercado de la explotación sexual, mimetizándose con la oferta turística y el entretenimiento nocturno.

Así, los entornos que antes eran protegidos por las miradas comunitarias se tornan hostiles, disputados por dinámicas que buscan capitalizar el consumo de la masa visitante. Mientras el Estado se vuelca a blindar los estadios y las zonas exclusivas con operativos de seguridad de alta tecnología, las periferias y las vidas más precarizadas quedan desprotegidos, delegando el cuidado y la autodefensa de las poblaciones vulnerables a colectivos civiles que, para colmo, han sido previamente debilitados por la gentrificación y el desplazamiento forzado.

El verdadero indicador de éxito de un país no debería medirse en la cantidad de boletos vendidos o en el porcentaje de ocupación hotelera, sino en la capacidad de proteger y sostener la vida de sus habitantes durante la tormenta. Si para recibir al mundo necesitamos expulsar a nuestra propia gente, encarecer su comida, desmantelar sus barrios y exponer sus entornos a la violencia y las economías criminales, entonces el marcador final ya está en nuestra contra.

El Mundial pasará, la fiesta terminará y las pantallas se apagarán en unas semanas. Pero el despojo, las deudas y las cicatrices sociales se quedarán en el territorio. Es hora de exigir una gestión urbana y humanitaria que entienda que el cuidado de la comunidad no es un gasto colateral ni un estorbo para el desarrollo, sino el único cimiento sobre el cual vale la pena construir cualquier celebración. No podemos seguir aplaudiendo los goles en la cancha mientras perdemos por goleada en la vida real.

Hay una trampa en el debate de seguridad que se repite en cada ciclo electoral y que, desde diversos feminismos, llevamos décadas señalando: la idea de que más cárceles, más policías y más castigo equivalen a más protección para las mujeres. Es una mentira bien construida. Y en este momento político, con las ultraderechas ganando terreno en la mayoría de los países de  Latinoamérica y el mundo, agitando el miedo como bandera y capitalizando el agotamiento del modelo progresista, esa mentira se vuelve más peligrosa. Porque ahora también la abrazan gobiernos progresistas que deberían disputar ese modelo, no reproducirlo.

En México, los últimos años han traído avances que no pueden minimizarse: por primera vez en la historia tenemos una Presidenta, se ha consolidado la paridad como principio constitucional en todos los poderes del Estado, de la mano de muchas organizaciones, se amplió el acceso al aborto legal en más entidades, se crearon fiscalías especializadas en violencia de género y se impulsaron políticas de cuidados que reconocen el trabajo no remunerado de las mujeres.

Son conquistas producto de décadas de lucha feminista y de una correlación de fuerzas que las hizo posibles. Minimizar estos logros sería tan deshonesto como no nombrar lo que falta. Pero hay una contradicción que no podemos ignorar: frente a la presión de demostrar firmeza ante el crimen organizado y ante el discurso de mano dura que instala la derecha como único lenguaje legítimo de la seguridad, varios de esos gobiernos han terminado reproduciendo las mismas herramientas de castigo que históricamente han servido para fortalecer el autoritarismo. Más tipos penales, más prisión preventiva, más facultades para policías y fiscalías, más vigilancia, más encarcelamiento. Y las mujeres vuelven a pagar el costo.

Los números son claros, la población de mujeres privadas de la libertad en prisión ha crecido de manera sostenida en los últimos años al punto que de 2009 al 2026  aumentó en casi 50 % (Cuaderno Mensual Estadística Penitenciaria).  La mayoría de las mujeres encarceladas no son líderes del crimen organizado: son mujeres en situación de pobreza, pertenecientes a pueblos originarios, que frecuentemente enfrentan cargos relacionados con delitos contra la salud, a menudo por haber transportado drogas bajo coerción, o por delitos patrimoniales vinculados a la sobrevivencia económica. Son mujeres que el sistema penal procesa con una velocidad que raramente se aplica cuando ellas son las víctimas. La prisión preventiva oficiosa —ese mecanismo que permite encarcelar sin sentencia— las golpea de manera desproporcionada, destruyendo familias, redes de cuidado y proyectos de vida antes de que haya siquiera una condena.

Esto no es un accidente. Es el resultado predecible de caer en la práctica de los gobiernos conservadores que apuestan por la mano dura como única respuesta a la inseguridad. Cuando se amplían los catálogos de delitos graves, cuando se fortalecen las fiscalías sin construir controles democráticos sobre ellas, cuando se normaliza la detención como respuesta primera y no como último recurso, quienes terminan atrapadas en esa maquinaria son siempre las mismas: las que ya cargaban con la mayor vulnerabilidad antes de que la ley las alcanzara.

El discurso de la ultraderecha en este tema sí es coherente: quiere más cárcel porque quiere más control, especialmente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Lo que resulta más difícil de sostener es que gobiernos que se dicen feministas o son  progresistas adopten esas mismas herramientas creyendo que pueden darles otro uso. La historia no avala esa apuesta. Las instituciones punitivas no se transforman desde adentro con buenas intenciones; cambian cuando existe presión política real, alternativas construidas desde las comunidades y voluntad de disputar el modelo desde sus bases.

Esa es y ha sido la apuesta de CEA Justicia Social: acompañar a mujeres dentro y fuera de los centros penitenciarios, construir una escuela comunitaria que se centra en  la educación y el fortalecimiento jurídico como respuesta real a las violencias, documentar lo que el sistema prefiere no ver. No como gesto caritativo, sino como práctica política concreta frente a un Estado que, aun cuando ha puesto como prioridad el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sigue llevando a prisión a aquellas mujeres que dice proteger.

En esta coyuntura, cuidar la soberanía de nuestro país desde una perspectiva feminista significa también romper con las contradicciones que atraviesan nuestro propio sistema de justicia penal. Significa nombrar que las mujeres en contextos de pobreza son las más golpeadas por una política de seguridad que se construye sin ellas, que no las toma en cuenta ni cuando legisla ni cuando encarcela. Cerrar filas frente a las amenazas externas es urgente e irrenunciable. Pero esa defensa de la nación será más sólida, más legítima y más nuestra si también somos capaces de corregir las injusticias que ocurren adentro.

En días pasados, padres y madres de familia fuimos sorprendidas por un anuncio oficial de la SEP en el que se comunicaba el cierre anticipado del ciclo escolar 2026.  Se informó que este se adelantaría más de un mes – del 15 de julio al 5 de junio– debido al caos que se anticipa en las ciudades sedes del mundial (Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México) y a la dificultad de los traslados. Asimismo, se buscó justificar dicho cierre al aludir a que muchos días de finales de curso se dedican a labores administrativas y no a actividades propias de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Aunque la medida fue revertida a raíz de la manifestación de un muy generalizado descontento, vale la pena reflexionar sobre el importante papel que tiene la escuela, además del propiamente educativo, como lugar que coadyuva en la provisión de cuidados indispensables para el sostenimiento de la vida y de la conciliación de las múltiples y diversas actividades que las familias realizan cotidianamente y con las que se contribuyen, directa e indirectamente, al crecimiento económico y a la reproducción social.

La reciente Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que gran parte del trabajo de cuidados pagado se realiza “(…) en guarderías, escuelas, centros médicos, centros de cuidado de personas ancianas, o al interior de los hogares, tanto de manera profesionalizada como no profesionalizada” (CIDH, 2025: 9).

Es decir, la escuela sí forma parte del entramado de provisión de cuidados, aunque los provea de manera informal y sin el reconocimiento expreso de dicha función en su misión oficial. Hay que recordar que el surgimiento de las guarderías públicas tuvo lugar, a gran escala y de manera reglamentada en las leyes del ISSSTE y del IMSS, en los años sesenta y setenta del siglo XX, como parte de una política que buscaba insertar a más mujeres en el mundo laboral (Valderrama 2017). Actualmente, las escuelas también cumplen la misma función que originalmente se atribuía a las guarderías; el modelo de escuelas de tiempo completo de 2007 buscaba otorgar más tiempo a las familias.

Por tanto, desde el siglo pasado se ha reconocido la existencia de una correlación importante entre la inserción laboral de las mujeres, el logro de altos niveles de escolarización y la disponibilidad de tiempo para dedicarse a labores productivas y educativas. Las guarderías y las escuelas son esos espacios en los que las familias podemos delegar a las infancias por algunas horas al día para disponer de ese tiempo que, de otra manera, no tendríamos a nuestra disposición o a costos muy elevados. En dicha medida, el papel de la escuela –pública y privada– consiste en reconocerle un triple propósito: en primer lugar, el de generar conocimientos, habilidades y destrezas en las infancias; en segundo lugar, el de contribuir a la ciudadanización y al pensamiento crítico de las personas; y, en tercer lugar, el de descargar a las familias del trabajo reproductivo para que también puedan dedicarse a labores productivas.

Además, la CIDH, en la misma opinión consultiva, reconoce como derecho independiente el autocuidado, lo que implica que también es exigible, desde el punto de vista de los derechos sociales, el goce de tiempo para el descanso, el ocio y las actividades de esparcimiento. Antes se pensaba que el autocuidado era casi un lujo de mujeres privilegiadas; ahora se asume como un derecho independientemente de la clase social, del tipo de actividad remunerada y de la zona de residencia.

Por ello, la escuela también contribuye a que las familias gocen de más tiempo para dedicar al ocio, al menos en periodos vacacionales, ya sea para la madre o el padre de familia y a concebir el autocuidado como un derecho general, para cuyo ejercicio es necesario disponer de tiempo de calidad. La investigadora Brígida García Guzmán ha identificado la persistencia, en el caso mexicano, de la pobreza de tiempo en las familias y entre las mujeres mexicanas (García Guzmán 2019). Claramente, la escuela no resuelve la falta de tiempo de la que usualmente carecemos; sin embargo, puede contribuir a ofrecer un piso mínimo de disposición del que todas nos beneficiemos en alguna medida.

La tendencia que ha marcado la CIDH en cómo concebir el derecho a recibir y ofrecer cuidados y al autocuidado, exige entender el sistema de provisión de cuidados de una manera más amplia, interdependiente entre varias esferas –Estado, comunidad, familias y sector privado– y menos restringida a los espacios formalizados para dichos fines, como en el caso de las familias nucleares o los servicios de asistencia contratados.

Hay que reconocer que la escuela sí es un espacio de provisión de cuidados, no estrictamente educativo, y que contribuye de manera importante a la conciliación de las diversas dinámicas que ocurren en las familias, gracias a lo cual podemos avanzar hacia la garantía de más y mejor cuidado y autocuidado para todas y todos.

Referencias:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2025). El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos (Resumen oficial). 

Descargado de: https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_31_es.pdf (1 ro de junio 2026)

García Guzmán Brígida (2017). “El trabajo doméstico y de cuidado: su importancia y principales hallazgos en el caso mexicano”. Estudios Demográficos y Urbanos. Vol. 34, núm. 2 (101), mayo – agosto, 2019, pp. 237 – 267.

Valderrama, Gamaliel. “Cuando se convencía a las mamás de llevar a sus hijos a guarderías”. El Universal (11/08/2017). Descargado de: https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/08/12/cuando-se/