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En abril de 2007, la Ciudad de México se convirtió en pionera al aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, sin embargo, a casi dos décadas de este avance legislativo, las mujeres y personas gestantes que ejercen su derecho a la autonomía corporal aún enfrentan un problema grave: la criminalización del aborto.
¿Qué sucede cuando una mujer o persona gestante elige abortar en México? En el informe, Maternidad o castigo, hacia la despenalización del aborto en México el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) recopiló las cifras de criminalización del aborto en México y encontró que entre 2012 y 2022 se levantaron 2 mil 169 denuncias a nivel nacional, de las cuales 680 corresponden a mujeres y 127 corresponden a hombres.
Estas cifras revelan que, pese a la legalización y mientras el aborto siga tipificado como delito en las leyes penales, los ministerios públicos pueden abrir carpetas de investigación contra personas gestantes cuando existe sospecha o cuando el procedimiento se realiza fuera de los plazos o requisitos legales establecidos.
Cuando hablamos de criminalización, ¿a qué nos referimos?
De acuerdo con GIRE, la criminalización del aborto es un fenómeno estructural que va mucho más allá de la privación de la libertad o el encarcelamiento de personas por elegir abortar, consiste en el uso del derecho penal para regular un servicio de salud y en establecer un marco de control, vigilancia, persecución e intimidación sobre las personas que deciden o necesitan interrumpir un embarazo.
Luciana Wainer, periodista, autora de Fortuito: El otro lado de la criminalizacion del aborto en Mexico, y directora de La Cadera de Eva, coincide en que la criminalización del aborto es un fenómeno amplio que va más allá de la privación de la libertad o tener a personas en prisión.
“En México la criminalización toma diferentes formas, (...) mientras el delito de aborto continúa en los códigos penales, eso le manda un mensaje intimidante a las mujeres y crea, en el imaginario colectivo, la idea de que ‘aborto es igual a delito’. Más allá de que esté despenalizado o legalizado hasta la semana 12 de gestación, que el delito continúe en los códigos penales es un mensaje criminalizante y creo que es la lucha más relevante en este momento”.
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¿Cómo se ve la criminalización del aborto?
La criminalización por la interrupción del aborto se ve en diferentes esferas, desde el sistema de salud —un primer eslabón de la criminalización—, hasta el estigma social.
Cuando una mujer o persona gestante acude a un hospital público por un aborto o una emergencia obstétrica, el personal de salud y trabajo social, por prejuicio o desconocimiento, investiga si la pérdida fue intencional, interroga y revictimiza, según reportó el informe de GIRE.
“La criminalización también implica los estigmas que hay en torno al tema, los prejuicios, la forma en la que se discrimina las mujeres que quieren interrumpir un embarazo, cuando se le niega el servicio, cuando se aplaza el servicio, es decir, todos esos pasos previos a que se inicie por ahí un un proceso legal. son parte de la criminalización”.
Como explica Wainer, la criminalización no opera de forma neutral, sino que golpea con mayor fuerza a las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica o geográfica.
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¿Cuáles son las consecuencias?
Hablar de criminalización del aborto implica hablar de una percecusión tangible contra las mujeres que eligen abortar. Aunque las cifras de GIRE revelan graves fallas institucionales, Luciana Wainer hace énfasis en la paradoja de los datos. “El tema de las cifras ha sido siempre el gran debate y también el gran misterio, porque lo cierto es que las cifras muchas veces engañan”, señala.
Aunque las cifras se diluyen en el ejercicio burocrático, las consecuencias se anidan en los cuerpos de las mujeres; el temor a ser denunciadas, la amenaza de consecuencias legales y el estigma social hacen que las personas que enfrentan abortos eviten o retrasen acudir a centros de salud, lo que pone en riesgo directo su recuperación e integridad física.
Esto empuja a algunas mujeres a recurrir a procedimientos clandestinos o desinformados, lo que genera posibles complicaciones médicas severas, mientras que en casos de partos fortuitos o pérdidas accidentales, las fiscalías suelen reclasificar los hechos como delitos graves para imponer medidas cautelares severas.
¿Qué hacer ante este panorama? Luciana Wainer explica que es importante insistir en quitar el aborto del Código Penal para pensar en cambios reales. “Después quitar el aborto del Código Penal sí habría que caminar hacia una descriminalización o una despenalización cultural, que son esos cambios culturales que muchas veces tardan mucho más en llegar que un cambio legislativo”.
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