Desde que inició la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, el 1 de septiembre de 2021, las y los legisladores han presentado 230 iniciativas para combatir la violencia contra las mujeres. De estas, 171 están pendientes de legislar; 30 fueron desechadas o retiradas y solo 29 han sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.
La Cadera de Eva analizó las iniciativas de los principales partidos políticos en el Congreso para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y encontró que en total, son 57 propuestas del Partido Acción Nacional las que están en la congeladora; 54 de Morena; 22 de Movimiento Ciudadano; 14 del Partido Revolucionario Institucional; 10 del Partido Verde Ecologista de México; nueve del Partido del Trabajo; cuatro del Partido de la Revolución Democrática y una del Partido Encuentro Solidario:
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue creada en 2007 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en la cual se incluyen conceptos clave —como la violencia feminicida— para nombrar los distintos tipos de agresiones contra las mujeres.
A partir de la aprobación de esta ley, han surgido otras reformas legales que se han impulsado desde la sociedad frente a los múltiples tipos de violencia que viven las mujeres. Por ejemplo, en los últimos años se ha legislado para penalizar la violencia digital, mediática, la violencia vicaria y la violencia ácida, las cuáles han sido nombradas en honor a las víctimas de estos delitos como la Ley Olimpia, la Ley Ingrid o la Ley Malena.
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Las iniciativas congeladas
Una de las que lleva más tiempo en la congeladora es la que presentaron en 2021 las senadoras Martha Lucía Micher (Morena), Patricia Mercado (MC), Claudia Ruiz Massieu, Alejandra Lagunes (PVEM), Nadia Navarro Acevedo (PAN), entre otras, para penalizar la violencia obstétrica. La propuesta contempla reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para sancionar “al que hiciere abortar a una mujer o persona gestante sin su consentimiento o en contra de su voluntad, en cualquier momento del embarazo, con prisión de tres a seis años”.
En total, hay 17 iniciativas pendientes de legislar en el Senado de la República que proponen reconocer y sancionar la violencia obstétrica en el país, un tipo de agresión que es cometido por el personal de salud contra las mujeres en los servicios de salud públicos y privados.
Esta iniciativa también propone, entre otras cosas, “diseñar y difundir campañas de prevención de la violencia contra las mujeres al interior de los centros hospitalarios y los mecanismos para prevenir la violencia obstétrica, los cuales deben incluir la promoción y capacitación sobre buen trato en los servicios del sector salud; establecer lineamientos de supervisión al personal médico y de enfermería, para garantizar que los servicios de aborto seguro a las mujeres sean brindados de forma eficiente y libre de estereotipos de género”.
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También está en la congeladora el proyecto que presentó las senadoras morenistas Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Gabriela López Gómez para homologar el delito de feminicidio en todo el país, pues actualmente se castiga según las leyes y el código penal de cada estado.
Para eso propusieron reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer criterios que “permitan a las autoridades de todos los estados utilizar los mismos parámetros de razonamiento y argumentación para investigar y sancionar este delito”.
En la Cámara de Diputados también están pendientes dos iniciativas presentadas desde 2022 por Movimiento Ciudadano y Morena, para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos tras los feminicidios de sus mamás, pues actualmente no hay un registro nacional que los contabilice ni leyes a nivel federal que los reconozcan.
Un tema urgente si consideramos que en lo que va del sexenio actual se han cometido casi cinco mil feminicidios.
Los logros en la actual legislatura
En contraste, de las 29 iniciativas que han sido aprobadas, en la actual legislatura también hubo avances importantes. Uno de los proyectos que destacan fue el que impulsó la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados para reconocer la violencia ácida. En octubre de 2022, se publicó un decreto para reformar el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y así incorporar en la violencia física el uso de sustancias corrosivas y/o tóxicas.
El año pasado, el grupo parlamentario de Morena presentó otro proyecto para reconocer este tipo de violencia y añadir un Capítulo I Bis, sobre lesiones inferidas con ácido o sustancias similares y que a las víctimas se les garantice el acceso a servicios de curación, cirugía reconstructiva, rehabilitación, atención psicológica y asistencia jurídica. Aún está pendiente de discutirse.
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En enero de este año también se publicó un decreto una para prevenir y sancionar la “violencia por interpósita persona” también conocida como violencia vicaria y se definió como “cualquier acción u omisión cometida contra una mujer por parte de una persona con la que tenga o haya tenido una relación sentimental, con la intención de causar daño o sufrimiento, separarla de sus hijos”.
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Las otras deudas pendientes
Otros de los temas relacionados al reconocimiento de los derechos de las mujeres que han quedado pendientes en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, está la creación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC), el cual se propuso desde el año 2020. O la legislación de la maternidad subrogada así como otras iniciativas que reconocen y garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como en la interrupción del embarazo, dice en entrevista para La Cadera de Eva, Lorena Vázquez Correa, investigadora legislativa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
El balance que hace Vázquez Correa sobre el trabajo de la actual legislatura es que sí hubo avances importantes para la erradicación de la violencia de las mujeres, aunque en la anterior legislatura, la LXIV, hubo cambios más profundos en los marcos normativos de las reformas.
Por ejemplo, a principios de 2021 se agregó un capítulo importante para reconocer y sancionar a violencia digital a raíz de la llamada Ley Olimpia y en 2020 se añadieron varias disposiciones para sancionar la violencia política en razón de género, por mencionar algunas.
La actual LXV Legislatura del Congreso de la Unión concluye el próximo 31 de agosto de 2024, por lo que las y los legisladores aún tienen la oportunidad de avanzar en el proceso legislativo de estas iniciativas que se han quedado en la congeladora.