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En las últimas temporadas de los reality shows más populares de la televisión mexicana, hemos visto un fenómeno que nos obliga a preguntarnos: ¿quién paga realmente el costo de la violencia?
Figuras como Eleazar Gómez en La Granja VIP y Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 3? volvieron a la pantalla, y con ellos, las preguntas incómodas: ¿por qué los agresores siempre encuentran un nuevo escenario? ¿Y por qué el público sigue premiándolos con rating?
Para entender qué hay detrás de este retorno y por qué la indignación pública no siempre se traduce en justicia real, entrevistamos a Leslie Jiménez, abogada penalista y feminista, cuyo análisis es clave para desmantelar las narrativas que nos revictimizan.
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¿La denuncia arruina la vida de los hombres?
Seguramente has escuchado en redes sociales que una denuncia penal puede arruinarle la vida a un hombre. Leslie Jiménez nos aclara que esta es, en estricto sentido, una afirmación tramposa.
En términos jurídicos y sociales, los efectos de una denuncia no son iguales para todos los hombres. Aunque las acusaciones penales pueden tener repercusiones personales o profesionales, quienes realmente enfrentan consecuencias severas suelen ser hombres sin acceso a privilegios sociales o económicos: hombres pobres, racializados o sin redes de poder que los protejan.
Son ellos quienes con mayor frecuencia pueden ser privados de la libertad, carecer de una defensa adecuada o incluso ser sentenciados con rapidez, de acuerdo con la especialista.
En contraste, la realidad es muy diferente para aquellos que sí gozan de privilegios, como muchas figuras públicas. Jiménezseñala que, para estos hombres, es muy probable que las denuncias no les hagan absolutamente nada.
Aunque el sistema jurídico está redactado bajo el principio de igualdad ante la ley, en la práctica se articula sobre profundas desigualdades sociales. Son los hombres sin recursos, sin redes de apoyo o sin capital simbólico quienes enfrentan con mayor frecuencia la cárcel y las sanciones más duras.
Reality show o moral en horario estelar
En noviembre de 2020, el actor fue arrestado en Ciudad de México tras ser denunciado por su entonces pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, por violencia familiar equiparada e intento de estrangulamiento.
En marzo de 2021, Gómez se declaró culpable y obtuvo una suspensión condicional del proceso: tres años de libertad condicional, tratamiento psicológico y el pago de una reparación por daño moral. Según los términos judiciales, esa medida habría concluido hacia 2024.
Sin embargo, aunque legalmente ya habría cumplido su proceso, su participación reciente en La Granja VIP reavivó la discusión pública sobre qué significa realmente la “rehabilitación” de los agresores y hasta qué punto la industria del entretenimiento les abre nuevamente las puertas.
Pero, ¿por qué sigue el señalamiento público? ¡Por sus actitudes dentro del reality!
Desde el primer episodio, Alfredo Adame lo apodó “Violezar” —una mezcla de “violencia” y “Eleazar”—, en alusión directa a su antecedente penal. Poco después, Gómez rompió acuerdos con sus compañeras y lanzó una frase que encendió las redes: “me voy a chingar a este güey”, en referencia a su compañero Teo.
Pero Leslie Jiménez nos invita a mirar más allá del chisme: “Lo problemático no es solo su actitud, sino que los señalamientos vienen del morbo. No se está hablando de violencia de género, sino de entretenimiento”.
Lo de Adrián Di Monte no fue muy distinto. Su exesposa, Sandra Itzel —que ahora paeticipa en La Granja VIP— lo acusó públicamente de violencia psicológica, física y económica. Hay audios donde él le dice frases como: “Ahora entiendo por qué matan a las mujeres, porque no se callan la boca”.
Aun así, Televisa lo metió a La Casa de los Famosos México. Él minimizó todo: “Son cosas del pasado, yo amo a las mujeres porque tengo madre e hijas”.
Cuando fue nominado, Dalilah Polanco le dijo que no podía hacer “oídos sordos” a lo que se sabía afuera. ¿Resultado? Di Monte fue salvado por el público.
Leslie Jiménez lo resume perfecto:
“A Di Monte se le limpió el rostro en televisión. Es una revictimización simbólica: se borran las denuncias y se vuelve a centrar la atención en él”.
Y por si faltara drama, el actor respondió con una denuncia por violencia familiar contra Sandra Itzel. El clásico movimiento del agresor cuando el sistema lo protege: victimizarse.
Leslie Jiménez destaca que, si bien él tampoco ayuda demasiado con las actitudes que toma en el reality, lo problemático es el origen de estos señalamientos públicos. No siempre vienen desde una preocupación genuina por la violencia, sino que son articulados por temas y contextos morbosos del mismo reality.
"Sí creo que es necesario ponernos sobre la mesa que los hombres en realidad, u hombres como él, no cambian o que están repitiendo patrones... Me parece injusto para la víctima porque finalmente ella también siguió su vida, y creo que la están ahora instrumentalizando para este tipo de cosas, concretamente para un reality" (Leslie Jiménez, abogada feminista)
Para la abogada, la reacción de señalarlo públicamente tiene un componente punitivista, pero también revela cierta hipocresía social: “No proviene de un interés genuino por las víctimas ni por las mujeres que conviven en esos espacios, sino más bien de una necesidad de exhibición o espectáculo.”
"La reparación del daño tiene que verse desde una perspectiva futuro y transformadora en la víctima para efectos terapéuticos... el acompañamiento psicológico de la víctima y todo lo que implique el tratamiento" (Leslie Jiménez, abogada feminista)
¿Y la reparación del daño?
Cuando una víctima llega a un acuerdo como la suspensión condicional (el caso de Eleazar), puede parecer el camino "más sencillo" porque hay un plan de reparación. Sin embargo, Leslie nos invita a repensar lo que implica la reparación del daño desde la perspectiva de la víctima.
La reparación no solo implica pagar una cantidad económica. Para la víctima, un plan como el que se estableció en el caso de Eleazar Gómez, que duró tres años, la sigue sujetando a que esta persona esté presente en su vida cierto determinado tiempo.
Es fundamental entender que la forma de reparar el daño no es solamente económica, no es solamente inmediata y sobre todo no se da de las mismas formas en todos los casos de violencia.
En un contexto donde denunciar sigue siendo un proceso desgastante y revictimizante, la abogada enfatiza que el problema no se resuelve con más leyes, sino con autoridades con sensibilidad y herramientas reales para atender la violencia de género.
El problema real radica en que las fiscalías—incluso aquellas especializadas en delitos cometidos contra mujeres— no tienen presupuesto, no están capacitadas en términos de sensibilidad a las víctimas, no tienen protocolos actualizados y carecen de herramientas para peritos expertos en las dinámicas y simbologías de violencia.
Leslie es clara: necesitamos fiscalías que verdaderamente estén capacitadas y sensibilizadas. Es un error pensar que un ministerio público o un policía no necesita tener herramientas psicológicas y terapéuticas para atender a las víctimas, pues son las primeras caras que ven cuando van a denunciar.
Si los operadores siguen trabajando de forma mecánica, las víctimas seguirán sintiendo la injusticia y la sensación de fraude porque sus casos no avanzan. Leslie concluye que este es un tema infraestructural que necesita de la importancia de las autoridades, especialmente en tema presupuestal, ya que las fiscalías siguen siendo lo último en la cadena de presupuesto.
