Por: Leslie Jiménez Urzua*
En México, el 70% de las mujeres han sufrido al menos una forma de violencia a lo largo de sus vidas, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.
La violencia psicológica y la violencia sexual son las más comunes entre las mujeres. Cifras como estas ponen de manifiesto la importancia de que las autoridades tomen medidas concretas para reducir la prevalencia de violencia contra las mujeres, como generar políticas públicas para prevenir la violencia de género y fortalecer la protección a víctimas tanto directas como indirectas.
Desde Impunidad Cero sostenemos que en el contexto mexicano, la atención a la violencia contra las mujeres debe ser prioritaria, por eso, en este texto analizaremos un par de las propuestas expuestas en las diferentes plataformas de las candidatas a la presidencia de México, comenzando en esta entrega con Claudia Sheinbaum.
Durante el primer debate entre candidatas realizado por el INE el 7 de abril pasado, Claudia Sheinbaum habló de implementar programas para apoyar a las mujeres, así como de la creación de leyes para reforzar la prevención y erradicación de la violencia. Sin embargo, no especificó cómo se financiarían estos programas, quiénes serán las beneficiarias, qué instancias van a implementarlos, o qué falla en el sistema de justicia atenderán las nuevas leyes.
Sobre este tema, otro aspecto preocupante es la excesiva necesidad de tipificar o crear leyes orientadas hacia castigar sin buscar mecanismos de reparación. Un ejemplo es lo que expresó Sheinbaum en su respuesta sobre la violencia que viven las mujeres en diferentes espacios, donde mencionó que durante su gestión como jefa de gobierno “hicieron varias leyes para empoderar a las mujeres”.
Sin embargo, algunas de ellas, como la tipificación de Ley Olimpia para tipificar los delitos de violencia sexual digital, o el registro de agresores sexuales, simplemente promueven el uso exclusivo de la prisión y no facilitan la reparación del daño ni consideran adecuadamente a la víctima.
Impunidad en feminicidios
En materia de feminicidios, Claudia Sheinbaum sostuvo la falsa afirmación que el gobierno de México hizo en febrero de 2023, acerca de que los índices de feminicidio habían bajado más del 40% a nivel nacional.
En un análisis previo, desde Impunidad Cero encontramos que si comparamos 2018 y 2023 pasamos de 919 víctimas de feminicidio a 848, lo que significa una reducción del 8 % no del 40 %. Cabe mencionar que, de acuerdo con nuestro informe Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022, de 2016 a 2021, la impunidad acumulada para el delito de feminicidio en la CDMX fue de 47.9%, solo un poco por debajo del promedio nacional (56.6%).
En ese sentido, otra de las propuestas de Claudia Sheinbaum es abordar las discrepancias legislativas en la definición del delito de feminicidio o promover una agenda para mejorar el análisis, planificación, implementación y seguimiento de políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres, así como la difusión de protocolos de seguridad.
Si bien es una propuesta que puede abordarse principalmente desde la coordinación que involucra a instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres con instituciones o comisiones locales, no olvidemos que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres ocurren dentro de las entidades federativas, lo que implica que sean de competencia de las autoridades locales (contemplando a las Fiscalías estatales), por lo que esta propuesta, en caso de no realizarse tomando en cuenta los contexto que atraviesan las mujeres del país, no garantiza que tenga un impacto material en el combate a la violencia por razón de género.
Algo similar ocurre con su propuesta de establecer unidades especializadas de investigación en las fiscalías locales. Aunque la existencia de fiscalías especializadas con personal capacitado es deseable, la ciudadanía debe tener presente que el titular del poder ejecutivo federal no tiene la autoridad para dictar qué deben hacer o crear las fiscalías locales, especialmente porque son organismos autónomos dentro de su propio ámbito de poder local.
A pesar de que existe una gran probabilidad de que en 2024 México contará con su primera presidenta, parece que esto no garantiza un gobierno con políticas públicas que incorporen perspectiva de género.
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Es lamentable recurrir a datos falsos para tratar de convencernos de que México no enfrenta una crisis de feminicidios. Esta situación es preocupante especialmente considerando que esperaríamos que una líder reconociera y enfrentara la verdad sin minimizarla.Esperamos que la candidata pueda pensar en presentar propuestas genuinamente efectivas para la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las mujeres en el país.
Sobre la autora
Leslie Jiménez Urzua* es licenciada y especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestrante en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se ha desempeñado como servidora pública en instituciones gubernamentales de procuración de justicia y seguridad ciudadana, así como abogada postulante en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es Coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, e incide en un proyecto de socialización del derecho penal para la atención de violencia de género.